Desestimadas una decena de pruebas solicitadas por Diego sobre El Bojar porque "no son necesarias"

Entre ellas, se pedía una certificación del número de concejales y adscripción política de los Ayuntamientos de Bezana y Camargo SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Santiago Pérez Obregón, instructor del caso El Bojar, ha emitido hoy un Auto en el que desestima más de una decena de pruebas solicitadas por el presidente del PP en Cantabria, Nacho Diego, como parte implicada en la querella por injurias y calumnias presentada por el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, contra Diego.

Revilla presentó la querella contra Diego tras que el líder 'popular' vinculase la declaración del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) de El Bojar, donde se construirán un millar de viviendas sociales, con un supuesto beneficio al constructor Miguel Ángel Iglesias, por ser "amigo" personal del presidente.

Pérez Obregón argumenta en el Auto, hecho público hoy, que entre "la extensa y pormenorizada relación de diligencias documentales" propuestas por Diego el 19 de mayo de 2006, algunas no se admiten porque "no son necesarias", mientras que otras, como la petición de que declare el testigo Miguel Ángel Iglesias, se rechazan porque ya declaró, concretamente, el 22 de junio de 2006, a instancias de la Fiscalía, habiéndose aportado "copia testimoniada de los contratos privados de compraventa de los terrenos".

En este sentido, el magistrado aclara previamente que "se acordó que en tanto no se practicase la prueba documental admitida al Ministerio Fiscal" no dirimiría si aceptaba o no las pruebas propuestas por el querellado, que es lo que hace ahora en el Auto.

El empresario Iglesias, apoderado de Orbovisa, declaró en su momento ante el juez instructor que fue informado por "técnicos" de "la Consejería de Obras Públicas" y Vivienda a "principios de mayo de 2005" de que en la zona de El Bojar "el Gobierno pensaba hacer allí un PSIR".

Respecto a la petición de Diego de solicitar testimonio de los contactos mantenidos por Iglesias y Orbovisa con técnicos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, "a los que se refirió José María Mazón" -consejero de Obras Públicas-, en una entrevista publicada en un diario de difusión regional, y de la identidad de los mismos, el magistrado lo deniega también porque "con posterioridad a la solicitud han prestado declaración como testigos José María Cárdenas y los técnicos de vivienda Enrique B.O. y Enrique A.M.".

Precisamente, el director general de Vivienda, José María Cárdenas, declaró en su momento que Revilla no tuvo conocimiento sobre el PSIR que se estaba tramitando en El Bojar hasta que el expediente llegó a Consejo de Gobierno a finales de diciembre de 2005.

Igualmente, Cárdenas reafirmó que Iglesias se dirigió a la Administración pidiendo información y asesoramiento porque tenía intención de hacer viviendas protegidas y, "como a cualquier otro promotor le guiamos en el camino que debía seguir para hacerlo; luego nos encontramos que en ese entorno ya estábamos trabajando".

NO SE PEDIRÁ INFORMACIÓN A BEZANA Y CAMARGO

Por último, el magistrado instructor deniega también una serie de pruebas solicitadas por Diego, en relación a solicitar del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y del de Camargo, -municipios afectados por el PSIR de El Bojar-, certificación de la clasificación de suelos, testimonio de informes técnicos, dictámenes y actos administrativos relacionados con el expediente del PSIR y a la "certificación relativa al número de concejales y al Grupo político al que están adscritos".

Para Pérez Obregón, dichas diligencias "no son necesarias, de utilidad o pertinencia", ya que "el derecho a la prueba no es un derecho absoluto o incondicionado", como se recoge en jurisprudencia anterior del "Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo".

Idéntica argumentación utiliza el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para rechazar la petición de dirigir un oficio al periódico donde salió publicada la entrevista del consejero José María Mazón, sobre si se había realizado "alguna rectificación o desmentido de sus declaraciones en la entrevista publicada" el día 9 de abril de 2006.