SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron el pasado jueves a dos hombres, un español y un rumano, que se dedicaban a amenazar a empresarios santanderinos con el fin de que abonaran deudas pendientes con distintos acreedores. Según las investigaciones policiales, los detenidos ofrecían sus servicios a los acreedores y se ocupaban después de extorsionar a los empresarios deudores para que ejecutaran los pagos.
La Policía ha conocido cuatro casos de empresarios amenazados desde el pasado mes de marzo. Los detenidos son Víctor Manuel M.M., de 31 años y vecino de Torrelavega, y el ciudadano rumano Ioan Daniel P.D., de 29 años y con domicilio en Santander. La detención se produjo gracias a un operativo montado por la Brigada de Policía Judicial aprovechando la cita concertada entre uno de los empresarios amenazados y los extorsionadores para realizar un pago.
Según informaron hoy fuentes policiales, los detenidos contactaban con empresarios que tenían deudas. Primero las amenazas eran telefónicas, después les avisaban de que conocían datos de su familia y de sus bienes y posteriormente se presentaban en las empresas, donde amenazaban tanto a los empresarios como a sus empleados. El último paso era citarse con el empresario para que les entregara el dinero.
En una de esas citas, en la que uno de los amenazados debía entregar 1.500 euros a los supuestos extorsionadores, se montó un servicio de vigilancia que permitió detener a los implicados.
La Policía considera que los detenidos están "perfectamente organizados" para los planes ilícitos de extorsión y destaca la "profesionalidad" y las "medidas de seguridad" que adoptan para detectar la presencia policial.
A Víctor Manuel M.M. le constan 13 detenciones en País Vasco, su comunidad natal, siete de ellas por robo con fuerza o con violencia, otra por hurto, dos más por tráfico de drogas, también dos por tenencia de armas o explosivos y una por delitos de prostitución. También ha estado buscado por varios juzgados.
En cuanto a Ioan Daniel P.D. en el 2003 un Juzgado de Valladolid decretó su ingreso en prisión, pero la orden ya está cesada.
