Díaz critica que la Delegación pretendía derribar la Provincial sin licencia y dice que se agilizará

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander actuará "con la mayor celeridad posible" para conceder la licencia y que pueda comenzar el derribo de la antigua Prisión Provincial de la calle Alta, pero ha dejado claro que la Delegación del Gobierno no ha solicitado esa licencia hasta esta misma semana y, de hecho, "pretendía" acometer la demolición sin dicha autorización.

Así lo ha explicado el concejal de Infraestructuras, César Díaz, en respuesta a las afirmaciones del delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez, quien ha afirmado que están a la espera de la autorización municipal para iniciar el derribo.

En rueda de prensa, el concejal 'popular' ha subrayado que "si alguien ha reclamado con insistencia desde hace muchos años" el derribo del edificio ha sido el Ayuntamiento, junto con los vecinos, y ha participado "activamente en resolver todos los asuntos que podían favorecer" que se abordara "lo antes posible".

Pero lo que no podía hacer el Consistorio es "permitir" una "ilegalidad". Y es que, según dice, la Delegación "pretendía" acometer el derribo sin la preceptiva licencia municipal.

Según ha explicado, en un correo remitido el pasado 27 de julio en el que se informaba sobre las previsiones de evolución de los trabajos de retirada de uralita y algún otro material, la Delegación del Gobierno entendía que no era necesaria licencia para el derribo, y el Ayuntamiento respondió que sí era preceptiva.

Sin embargo, según Díaz, la documentación para poder conceder la licencia no se ha presentado en el registro municipal hasta este lunes, 6 de septiembre.

De todas maneras, el concejal ha garantizado que el Ayuntamiento va a actuar "con la mayor celeridad posible para que los técnicos revisen esa documentación y la licencia pueda concederse" cuanto antes.

"No tenemos absolutamente ningún interés en que el derribo se retrase inútilmente, sino más bien todo lo contrario. Pero lo que tampoco podemos hacer y tampoco podemos consentir, además con conocimiento de causa, es que alguien, sea quien sea, pretenda cometer una ilegalidad", ha enfatizado Díaz.

Y en todo caso, también ha dejado claro que en cualquier caso el derribo no podría haber comenzado todavía porque, según se informaba en el correo del mes de julio, la empresa adjudicataria, SIEP, ya tenía asumido que la demolición no podría iniciarse hasta principios de este mes, por las labores de retirada de uralitas.