El presidente apela a la responsabilidad para que "nadie" interfiera en el proceso "delicado" que atraviesa GFB en este momento
SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), ha instado a la Mesa del Parlamento a que analice si los grupos Socialista y Regionalista deben ser "penalizados" por vulnerar el Reglamento de la Cámara al abandonar "sin justificación" la Comisión de Investigación de GFB, en lo que, en su opinión, es una actitud "objetivamente censurable".
En concreto, el presidente ha instado al Parlamento a que "analice adecuadamente" la responsabilidad de los representantes de ambos grupos en base al artículo 502.1 del Reglamento, que establece que quienes dejen de comparecer en la comisión sin justificación serán castigados como "reos de delito de desobediencia", que puede estar penado con suspensiones de entre seis meses y dos años.
Diego considera que es "absolutamente injustificada e injustificable" la actitud de PSOE y PRC, que "cuando no les gusta el juego, pinchan la pelota; que se envuelven en la bandera de los derechos democráticos y cuando los reglamentos del juego democrático no les gustan, toman la actitud de ausencia absoluta de respeto", ha denunciado.
El jefe del Ejecutivo ha hecho esta petición en la Comisión parlamentaria de Investigación de GFB, donde este viernes ha comparecido a petición de la oposición, pese a que PSOE y PRC decidieron dejar de participar en este órgano el 21 de febrero.
Diego ha reprobado el abandono de los grupos Socialista y Regionalista, en lo que ha calificado como una actitud de "irresponsabilidad" y de "carencia de principios democráticos".
Así, el presidente, con quien la comisión cierra el turno de comparecencias, ha dicho que los representantes de PSOE y PRC han sido "irresponsables" porque están obligados a asistir a "cualquier comisión" parlamentaria, pero en el caso de la de GFB se ha producido un "abandono reiterado, voluntario y sin justificar", que "viola el mandato ciudadano" de que se celebre la citada comisión.
El titular del Gobierno ha afirmado al respecto que, contrariamente a lo que sostienen socialistas y regionalistas, "sus derechos no han sido vulnerados, todo lo contrario", y que además el Grupo Popular ha sido "escrupuloso" con ellos porque "no se ha vetado ninguna" de sus solicitudes de documentación ni de comparecencias.
De hecho, ha recordado que él comparecía este viernes a petición de estos grupos "ausentes", y ha pedido mantener su asistencia "porque yo no me escondo ni eludo la responsabilidad, que es ninguna" en el proyecto GFB, ha subrayado.
"MOMENTO DELICADO"
Por otra parte, respecto al presente y futuro de la fábrica de Orejo, Diego ha manifestado que en el momento actual "se impone la discreción y la responsabilidad" y "nadie debemos interferir en un proceso delicado", en el que ha enmarcado su decisión de no manifestarse en la comisión de investigación.
No obstante, ha sido "claro y tajante" al recordar que cuando él accedió al Gobierno, GFB estaba en proceso concursal, con la empresa intervenida, por lo que es la autoridad judicial a través de los administradores concursales quien toma las decisiones sobre el futuro de la factoría. Lo que significa, ha subrayado, que el Gobierno regional "no tiene ninguna capacidad de decisión ni sobre el proceso concursal ni sobre la actual fase de proceso de liquidación".
"La empresa está en manos de la justicia y sólo las instancias judiciales, a propuesta de los administradores concursales, será quienes puedan tomar una decisión", ha recalcado, apostillando que como presidente del Gobierno él sólo puede "asumir y respetar" dicha decisión, que ha confiado sea "la más beneficiosa" y "la mejor posible" para la sociedad y los "intereses generales" de Cantabria.
Diego también ha utilizado su primer turno de intervención para explicar que no puede ni debe hablar sobre GFB porque, aunque tiene su "opinión personal", pretende guardar un "escrupuloso respeto" al dictamen de la comisión, que tiene como labor acreditar las responsabilidades que han existido en este "fracaso industrial que ha implicado al dinero público"; una labor que corresponde a la comisión y "en su caso" a los tribunales de justicia.
Por ello, ha dicho que no respondería a ninguna cuestión relacionada con este proceso, al que además ha sido "ajeno" porque "no desempeñaba labor alguna de Gobierno cuando esto se ha desarrollado y no tengo más información que aquella a la que han tenido acceso los miembros de la comisión", puesto que con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE "mi información, al igual que la del resto de mi partido, ha sido la que el Gobierno anterior facilitó, es decir, ninguna".
En este sentido, la portavoz 'popular' en la comisión, María Antonia Cortabitarte, ha manifestado que su intención no era preguntar a Diego sobre GFB ya que el actual Gobierno no ha intervenido en el proceso, por lo que su presidente "poco o nada puede aportar".
CONCLUSIONES DEL PP SOBRE LA COMISIÓN
Por otra parte, Cortabitarte ha expuesto las conclusiones de su grupo en el día en que se cierran las comparecencias de la Comisión de Investigación, en las que ha comenzado por reprobar el comportamiento "caprichoso al principio pero irresponsable y antidemocrático después" de la oposición, que cuando "no les ha gustado lo que veían en la comisión y cuando las cosas se iban poniendo cada vez peor, han huido de la misma amparándose en no sé qué".
"Pero desde luego es un comportamiento antidemocrático porque si todas las personas que están en la oposición salen huyendo cuando no les gusta lo que oyen, no habría instituciones democráticas como este Parlamento", ha remarcado.
Cortabitarte se ha remitido a diciembre de 2007, cuando el PP empezó a preguntar por GFB al anterior Ejecutivo. "Lo que tuvimos que aguantar: negar la realidad, mentirnos, ocultar toda la información que pudieron y encima aguantar todo tipo de insultos, como que trabajábamos para la competencia", ha referido.
Pero "a pesar de todas las dificultades, trabas y engaños del Gobierno anterior", ha continuado, la llegada del PP a la Administración ha permitido crear una Comisión de Investigación que ha conseguido "poner claridad" en este asunto.
En estos dos meses de trabajo, el PP ha "constatado" cuestiones que "ni se nos pasaron por la cabeza" hace cuatro años. Entre ellas, que los responsables políticos del Gobierno anterior, "con el señor Revilla a la cabeza", con "acciones y omisiones perfectamente conscientes", han ocasionado "un daño irreparable a las arcas públicas a través de la inversión en un proyecto industrial que desde el principio se sabía que iba a ser fallido. Y así todo tiraron para adelante hasta llevarnos a la situación lamentable en la que vivimos hoy".
Finalmente, la diputada ha compartido con Diego el deseo de que "salgamos de esta lo mejor posible".
