Ecologistas quiere que se sancionen los vertidos de Sniace y que sea "ejemplo" para otras empresas

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Cantabria quiere que se sancionen los vertidos de Sniace al río Saja-Besaya realizados entre 2008 y 2010 sin autorización, hechos que se enjuician de nuevo estos días, y que la condena sirva de "ejemplo" para otras empresas que contaminan la naturaleza.

Así, esta entidad, personada como acusación particular en la causa por la que se han vuelto a sentar en el banquillo los exconsejeros de la compañía de Torrelavega y el jefe de operaciones en el momento de los hechos, espera una sanción por los vertidos directos al cauce fluvial sin tratar más que penas de prisión.

"No somos punitivistas por principio. El problema no se resuelve con que metan X años o un montón de años a las personas a la cárcel Lo que queremos es que ese hecho se sancione", ha explicado Floren Enríquez, miembro de Ecologistas en Acción, este miércoles a preguntas de los periodistas a propósito de la repetición de la vista oral.

Se reanudó este pasado lunes ante la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander, después de que la Audiencia Provincial de Cantabria ordenara repetir el plenario y anulara parcialmente la sentencia anterior, del Juzgado de lo Penal 2 de la ciudad, que condenó a tres meses y medio de prisión a los antiguos responsables de Sniace, que cerró en febrero de 2020.

La nueva fiscal de la causa solicita seis meses de cárcel a cada uno de los ocho acusados, incluido el entonces presidente de la compañía, Blas Mezquita, y que supone una rebaja respecto a los 16 meses pedidos por la anterior representante del ministerio público, tras haberse eliminado la continuidad en el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que se juzga.

Esta parte también reclama que se indemnice al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural, mientras que la Abogacía del Estado interesa dos años y medio de prisión y casi 50 millones de indemnización.

Para Ecologistas en Acción, que se adhiere a las peticiones de la Fiscalía, lo importante es que se sancionen los vertidos ilegales de Sniace y se "obligue a resarcir" a la sociedad con una cuantía "acorde con el daño que se ha producido" al medio ambiente.

"Eso sería lo que nos interesa", más que "meter a X personas a la cárcel durante un montón de años", porque esto "no tiene mucho sentido para nosotros", ha apuntado el portavoz de Ecologistas, y menos en este caso, que se enjuicia por segunda vez y casi 18 años después de las primeras actuaciones judiciales. Ya en el anterior fallo se aplicó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

CASO EXTREMO

Lo sucedido con los vertidos de Sniace y el procedimiento es un "caso extremo", en palabras del portavoz de Ecologistas en Acción, que ha criticado que el sistema judicial sea "muy lento" y ha sumado a ello el "hecho poco común" de las "irregularidades de todo tipo" que según ha dicho cometió el primer juez que vio los hechos, José Hoya Coromina.

Precisamente, por negarse a repetir el juicio y ratificarse en la resolución que dictó en su día y que luego fue anulada, el Consejo General del Poder Judicial abrió, a petición de la Audiencia cántabra, expediente sancionador a este magistrado, y que se archivó con motivo de su jubilación, han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

Y "para rematar", como ha añadido Enríquez, el procedimiento se ha retrotraído al juicio para su repetición, desde este pasado lunes, con la práctica de las testificales, incluidas las nuevas: a Miguel Gómez de Liaño, que también fue miembro del Consejo de Administración y secretario de Sniace, y Francisco Martín, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en el momento de los hechos.

"Estamos muy disgustados por este sistema" y "nos deja un muy mal sabor de boca" este caso, que es "atípico", ha lamentado para finalizar Enríquez.