Los empresarios turísticos denuncian la existencia de 400 establecimientos ilegales que se anuncian en Internet

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las asociaciones cántabras de Turismo Rural, Jesús Blanco, de Hostelería, Miguel Mirones, y de Camping, Javier Aparicio, han denunciado hoy la existencia de cerca de 400 establecimientos "ilegales" en la región que se anuncian a través de los portales turísticos de Internet. Esta cifra supone el 10 por ciento de la oferta alojativa de Cantabria y unas 5.000 plazas.

La mayoría de estos alojamientos no controlados se publicitan como establecimientos de turismo rural y se encuentran repartidos por toda la geografía regional. Se trata generalmente de pequeñas casas, algunas de las cuales ofrecen incluso varias habitaciones. Blanco destacó que su número supone prácticamente el mismo que el de establecimientos rurales legales, que asciende a 467.

Las tres asociaciones han realizado conjuntamente este trabajo de seguimiento en Internet y mañana presentarán las denuncias, con sus correspondientes expedientes y listado de alojamientos irregulares a la Delegación del Gobierno de Cantabria, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Seguridad Social y Hacienda, administraciones competentes en este asunto.

El presidente de la Asociación de Turismo Rural señaló que esta situación se detectó hace "mucho tiempo", pero la Administrración no podía intervenir si no había una denuncia previa. De hecho, el consejero de Turismo, Francisco Javier López Marcano, instó a las asociaciones, en una reunión celebrada el pasado 7 de mayo, a denunciar los hechos "inmediatamente" para poder actuar.

Los establecimientos denunciados no figuran dados de alta en el registro de empresas turísticas de la Consejería de Turismo, primer paso para poder funcionar como tales, según explicaron los representantes de las asociaciones, por lo que, a pesar de que algunos podrían contar con licencia fiscal, su actividad "seguiría siendo ilegal".

"CADENA DE INSEGURIDADES"

Mirones destacó que el hecho de no estar controlados acarrea una "cadena de inseguridades", además de dar una "mala imagen" del sector turístico regional. Así, señaló que los clientes de estos alojamientos no están sometidos a ningún tipo de control de seguridad, ya que no tienen que rellenar la ficha policial que se exige en los legales.

Además, no existe un control de los precios, generalmente más baratos, debido a que tienen menores costes por mantenimiento y servicios, ni tampoco de las condiciones laborales de sus trabajadores, ni, en general, de la calidad del servicio que prestan, lo que explica que el 90 por ciento de las quejas que se presentan en las oficinas turísticas se refieran a establecimientos no reglados, cuyos clientes desconocen que lo son.

Para Mirones, el hecho de que todos estos alojamientos aparezcan en Internet junto a los que sí son legales, con la importancia que tiene la red para la distribución de los productos turísticos, pone de manifiesto la necesidad de "algún tipo de normativa" que regule la publicidad y venta en este sector.

En este sentido, consideró "sorprendente" que mientras el sector hostelero está "cada vez más sometido" a todo tipo de normativa, con los costes que ello implica para las empresas, no se lleven a cabo inspecciones en estos alojamientos "ilegales".

Para Mirones, esta situación de "competencia desleal" afecta a todo el sector turístico, por lo que las administraciones competentes deben buscar soluciones para afrontar un problema "muy grave". Anunció además que la segunda parte del estudio sobre oferta ilegal que llevarán a cabo las tres asociaciones se centrará en los pisos de alquiler, cuya oferta de plazas turística supera a la legal, dijo.

El presidente de la Asociación de Campings señaló al respecto que aunque no existen establecimientos ilegales en este subsector, esta situación también supone un "agravio", por la pérdida de clientes que supone. No obstante, se está trabajando con la Administración para erradicar la acampada ilegal, que aunque ha conseguido erradicarse "de forma sustancial", todavía persiste en zonas del litoral y en "puntos negros" como Oriñón, Noja, Langre y San Vicente de la Barquera, dijo.