Los establecimientos comerciales de entre 1.000 y 2.500 m2 y los de descuento duro necesitarán licencia con la nueva ley

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos establecimientos comerciales de entre 1.000 y 2.500 metros cuadrados pertenecientes a cadenas sucursalistas y los de descuento duro necesitarán licencia del Gobierno de Cantabria para abrir sus puertas en la comunidad autónoma tras la entrada en vigor de la Ley de Estructuras Comerciales. Otra novedad importante de la norma es que se incentivará la apertura de establecimientos en el corazón de las ciudades, y no en las afueras.

Antes de la moratoria prevista en la Ley del Suelo y que ha estado vigente desde 2001, únicamente tenían que pedir licencia a la comunidad autónoma los grandes establecimientos comerciales (los de más de 2.500 metros cuadrados) pero el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno y presentado hoy por el consejero de Economía y Hacienda, Angel Agudo, incorpora dos nuevos supuestos en los que se exigirá licencia comercial.

Para otorgar dicha licencia se exigirán tres informes: un informe técnico de oportunidad realizado por un grupo de expertos independientes de reconocido prestigio; un informe de idoneidad del Ayuntamiento; y un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. A la hora de la concesión se valorará de forma especial la relación del proyecto con la trama urbana.

Este criterio se basa en el convencimiento de que el comercio "debe contribuir a hacer ciudad". También se tendrá en cuenta el informe de oportunidad y se valorarán otros aspectos de tipo social como el ocio, el empleo y su calidad y el medio ambiente.

La competencia para autorizar la licencia será del consejero de Economía y Hacienda a propuesta de la Dirección General de Comercio. Esto significa que el Gobierno "no delega sus competencias y su capacidad de decisión en nadie", subrayó Agudo, quien recordó que la Ley de Estructuras Comerciales es un mandato de la Ley del Suelo de 2001 que permitirá poner fin a la moratoria existente desde ese año en la autorización de licencias comerciales para grandes superficies (más de 2.500 metros cuadrados). El anterior Gobierno (PP-PRC) presentó un proyecto de ley al final de la legislatura pero "no dio tiempo a tramitarlo".

Según el consejero, el Proyecto de Ley de Estructuras Comerciales persigue dos objetivos generales: por un lado, fomentar el crecimiento y el desarrollo económico de Cantabria, y por otro, paliar los "desequilibrios" existentes tanto a nivel territorial como en la tipología de formatos comerciales.

El texto, que consta de 16 artículos, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales, parte de un análisis previo de la situación de la estructura comercial en la región realizado por un grupo de trabajo de la Universidad de Cantabria.

En ese estudio se ha constatado una "excesiva concentración" de estructuras comerciales en el entorno de la Bahía de Santander y en menor medida en Torrelavega, mientras que en la zona oriental la oferta es inferior a la demanda, la cual es mayor de lo que parece por los residentes no censados y los residentes ocasionales.

Agudo reconoció que en el entorno de la Bahía de Santander "será difícil encontrar espacio para una gran superficie", pero insistió en que dependerá de la oportunidad del proyecto. También se ha constatado "asimetría" en la tipología de formatos, según señaló Agudo, quien destacó que Cantabria necesita una oferta "más amplia, diversa y completa para que los consumidores tengan más oportunidades de elección y decisión".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La Ley de Estructuras Comerciales persigue además tres objetivos específicos dentro del sector comercial: el control del flujo de formatos, el equilibrio entre el comercio urbano y periurbano, y la protección de los proveedores locales.

Para controlar el flujo de formatos se va a exigir licencia comercial a los establecimientos de entre 1.000 y 2.500 metros cuadrados de cadenas sucursalistas, mientras que para garantizar el equilibrio entre comercio urbano y periurbano, se incentivará la apertura de establecimientos en la trama urbana. Además, se exigirá licencia a los establecimientos de descuento duro "como garantía de protección" a los proveedores locales.

El consejero señaló que esta ley regula un sector "controvertido" en el que existen "muchos intereses contrapuestos", por lo que la "virtud" de la norma residirá en "encontrar un punto de equilibrio". "La obligación del Gobierno es buscar el equilibrio, pero la alternativa no es colocarse de parte de una parte, sino buscar otro equilibrio", señaló Agudo en alusión al grupo de la oposición en el Parlamento, el PP, tras reconocer que el debate parlamentario de la norma será también "controvertido".

Al mismo tiempo, señaló que el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno "huye" del modelo "esquemático y rígido" del proyecto de ley del PP, en el que la concesión de licencias se regulaba en función de la población y la concentración de estructuras comerciales. En este sentido, afirmó que establecer una "foto fija" o una "cuadrícula" para regular la actividad comercial "no es lo más adecuado porque no permite flexibilidad" para adecuar las estructuras comerciales al crecimiento económico y a la evolución de la población.

Además, puntualizó que la propia ley puede hacer que ciertas zonas tengan crecimiento económico, porque no es una norma "hecha sólo para un sector", dijo. Agudo defendió el carácter "económico" de la Ley de Estructuras Comerciales y la "gran capacidad" del comercio para crear empleo y riqueza.

Para demostrarlo comparó el sector comercial con el turístico, destacando que el primero da empleo a 33.000 personas en Cantabria, frente a 19.500 del turismo, y el valor añadido asciende a 1.279 millones de euros, frente a 735 millones del turismo. "Igual que el turismo, el comercio es una actividad económica de primera magnitud", insistió.

En su opinión, la actividad comercial en su conjunto (mayoristas, minoristas, venta de carburante, etc.) "puede y debe ser un motor de desarrollo y de actividad económica, e incluso puede cambiar flujos de renta de otras comunidades autónomas a Cantabria, y no al revés", dijo.

El consejero aludió a los flujos hacia Asturias y Vizcaya que generan los dos centros abiertos por Ikea en las comunidades vecinas y subrayó que Cantabria tuvo "la gran oportunidad" de tener el gran centro de Ikea para todo el Norte de España pero la perdió porque el Gobierno anterior "no lo consideró interesante", algo que en su opinión, supone "una miopía absoluta" y es algo que no debe volver a suceder.