SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal ha solicitado pena de dos años de cárcel y multa de 2.400 euros para un hombre por un delito de apropiación indebida, ya que está acusado de quedarse con 3.000 euros que le habían confiado para la compra de una vivienda.
El juicio contra R.F.I., mayor de edad y sin antecedentes penales, se celebrará este lunes, 18 de junio, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Según el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el imputado actuó como mediador en la compraventa de un inmueble, tomó la señal de 3.000 euros que recibió de un potencial comprador y no se la entregó al propietario de la vivienda. Posteriormente, tampoco devolvió el dinero al que tenía intención de adquirir el piso.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2007. R.F.I. era administrador de una sociedad de Santander, franquiciada por una conocida inmobiliaria en nombre de la cual actuaba, y utilizó documentación impresa con el membrete de esta entidad.
Estas sociedades tenían una sede en la calle Marqués de la Hermida de Santander, a la que se dirigió la víctima con la intención de comprar una vivienda en la vecina calle Castilla.
El futuro propietario suscribió con el mediador acusado una propuesta de contrato de compraventa del inmueble, cuyo precio ascendía a 170.000 euros. En el documento constaba que 600 euros habían sido abonados en el momento de la firma del contrato, el 21 de septiembre, mientras que 2.400 euros se abonarían antes del día 25. El resto del dinero se tenía que aportar dentro de un mes, en el momento de firmar la escritura.
Así, el comprador abonó los 3.000 euros reseñados, creyendo que el acusado estaba gestionado la concesión del oportuno crédito hipotecario. Sin embargo, no consta que éste realizara gestión alguna a tal efecto, ni manifestó que hubiera problemas a la víctima, a la que tampoco devolvió el dinero.
Transcurridos los plazos establecidos, el acusado no solo no había entregado a los propietarios del inmueble los 3.000 euros, sino que no había pactado con ellos dicha entrega anticipada.
El fiscal considera los hechos un delito de apropiación indebida, por lo que solicita una condena de dos años de cárcel y una multa de 2.400 euros. Asimismo, reclama una indemnización por el valor del importe que no devolvió.