PP concluye que pueden derivarse responsabilidades penales contra cargos políticos

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular cree que pueden derivarse "responsabilidades de todo tipo", que en su caso incluso pudieran ser de naturaleza penal, contra cargos políticos del anterior Gobierno PRC-PSOE, según recoge en sus conclusiones sobre la Comisión parlamentaria de Investigación de GFB.

En concreto, estas responsabilidades afectarían al expresidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), y a la exvicepresienta, Dolores Gorostiaga (PSOE); los exconsejeros socialistas de Industria y Economía, Miguel Ángel Pesquera y Ángel Agudo; el exconsejero delegado de Sodercan, José Villaescusa, y el exdirector general de Sodercan, Francisco Royano; y el exconsejero delegado de Sodercan y consejero de GFB, Salvador Blanco.

Sin embargo, los grupos Socialista y Regionalista no han encontrado indicios de malversación, fraude o mala gestión, y han vuelto a instar al PP a que acuda a los tribunales sí "tiene tan claros" estos supuestos delitos.

En este sentido, el PSOE ha anunciado que se reserva el derecho de solicitar responsabilidades judiciales por las afirmaciones vertidas en la comisión por el Grupo Popular, por el director general de Sodercan, Miguel Cabetas, quien ha asegurado que lo sucedido ha sido "un fraude", y los extécnicos de Sodercan Ángel González y Miguel Ángel López, quienes afirman que emitieron informes negativos al proyecto de GFB que "no pueden acreditar".

Por su parte, el PRC ha pedido a los 'populares' que "tengan el arrojo" de crear una nueva comisión sobre el futuro de GFB, a la que sí estarían dispuestos a acudir, al contrario que con la actual, que abandonaron el 21 de febrero porque tanto socialistas como regionalistas tenían ya formadas sus conclusiones.

Las conclusiones de los tres grupos se debatirán en la próxima sesión de la Comisión de Investigación, el 21 de marzo, y en el Pleno del Parlamento del día 26. Será la Mesa de la Cámara la que finalmente decida si remitir el asunto al Ministerio Fiscal.

Al respecto, la portavoz 'popular', María Antonia Cortabitarte, ha subrayado que el PP "todavía no ha decidido" si acudir a los tribunales, tal como le pide la oposición, aunque ha reiterado en numerosas ocasiones que, "como partido político", la "labor" del PP termina en el dictamen de la Comisión, ya que la "labor jurídica" no corresponde a los diputados. Por tanto, ha dicho, es la Mesa del Parlamento la que "tiene que actuar".

"En principio, no es labor política ir a perseguir a los que han gobernado anteriormente a los tribunales de justicia. Pero esa decisión definitiva no está tomada y en el último Pleno de marzo vamos a saber qué va a pasar con GFB", ha declarado.

No obstante, ha reconocido que, como partido, el PP considera que es "injusto" que se hayan "perdido 45-50 millones" y que "nadie responda de nada". "Si la solución final es ir a los tribunales, la verdad es la única que queda", ha señalado, apostillando que "la única salida lógica" pasa por la justicia.

En su dictamen, el PP expresa su "convencimiento por encima de toda duda razonable" de la responsabilidad, tanto en el proyecto inicial como en sus variaciones posteriores, de Miguel Ángel Revilla, quien "no sólo firma el protocolo inicial y asume públicamente la responsabilidad del proyecto en sede parlamentaria, sino que resulta inverosímil que no conociese y autorizase su evolución posterior". Y de ser así, continúa, su responsabilidad se agravaría por "absoluta dejación de sus funciones en el proyecto industrial más importante en el que ha participado el Gobierno y en el que ha supuesto el mayor quebranto patrimonial para las arcas públicas de Cantabria".

También señala a Gorostiaga, apuntado que el Gobierno anterior era de coalición PSOE-PRC, y que los consejeros Pesquera y Agudo eran socialistas, con lo que es "difícilmente creíble" que no despacharan con ella asuntos "de importancia" como éste.

En cuanto a los extitulares de Industria y Economía, afirma que "fueron ejecutores directos de todo el proyecto" por la parte de Cantabria, como consejeros de GFB y de Sodercan, "habiendo adoptado los acuerdos siempre por unanimidad".

Respecto a Villaescusa y a Royano el PP considera probado que ejecutaron el proyecto "a sabiendas de que era perjudicial para los intereses de Cantabria", no siguieron las auditorías externas y sus declaraciones fueron contradictorias; y Blanco hizo "dejación de funciones en la defensa del interés público", pudiendo haber participado, según los técnicos, en la desaparición de los informes técnicos desfavorables.

CONCLUSIONES DE PSOE Y PRC

En embargo, el portavoz socialista, Juan Guimerans, ha asegurado que en toda la Comisión no ha quedado acreditado "ningún enriquecimiento ilícito por ninguna parte" ni se han aportado pruebas que demuestren que éste existe.

En este sentido, ha anunciado que el PSOE se reserva cualquier tipo de derecho de solicitar responsabilidades jurídicas por las afirmaciones de los técnicos González y López, porque "el que acusa, prueba". "Y no se puede venir aquí a decir: tenía un informe pero lo he perdido; tenía un ordenador pero no tiene disco duro. Y si no lo pueden acreditar tendrán que hacer frente a su responsabilidad", ha asegurado, extendiendo esta advertencia al director general de Sodercan quien dijo que "aquí había un fraude".

"El PP dice que esto igual no para aquí y nosotros decimos lo mismo: el que haya cometido imputaciones indebidas sobre actos ilícitos tendrá que hacer frente a su responsabilidad", ha reiterado Guimerans, quien ha incluido en este supuesto al propio Partido Popular, contra el que también se reserva "posibles acciones".

En cuanto a las conclusiones de la Comisión, el portavoz socialista ha afirmado que el PP conocía "con todo detalle todo lo relacionado con GFB" antes de esta Comisión, que ha utilizado como "elemento de distracción y circo mediático" para obtener "réditos electorales" antes del 20-N, y que luego ha servido para "tapar" la "nula gestión" del Gobierno regional. Además, ha dicho que ha sido "un juguete con el único objetivo de atacar impunemente al Gobierno anterior".

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz regionalista, Rafael Pérez Tezanos, para quien el PP ha creado esta Comisión "con la mayoría de votos pero no con la razón" y "más bien como órgano político para hacer valer sus intereses".

Los regionalistas tampoco han encontrado "ni siquiera indicios" de malversación, lucro personal o dejación de funciones, más bien al contrario, un "exceso de celo" por sacar adelante el proyecto, que el diputado ha contrapuesto con el "parón" y la "intervención judicial" bajo el Gobierno actual. "Teníamos en Cantabria la mejor planta europea para fabricar fibroyeso pero a nadie capaz de ponerla en marcha", ha lamentado en alusión al Ejecutivo 'popular'.

SOPORTAR LAS "SOFLAMAS Y TONTERÍAS" DEL PRESIDENTE

Por otra parte, a preguntas de la prensa, el diputado regionalista ha informado que de momento no se ha producido la sanción de la Mesa de la Cámara que ha reclamado el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, para PRC y PSOE por abandonar la Comisión de Investigación. Al respecto ha acusado a Diego y al diputado 'popular' Carlos Bedia de acudir a la misma a "lanzar soflamas políticas".

"No me van a hacer soportar eso en una comisión; es más, si el presidente cree oportuno que nos tienen que sancionar, que nos sancione, pero yo no comulgo con ruedas de molino. A mí, nadie me hace venir a soportar soflamas y tonterías del presidente del Gobierno. Ni tengo por qué soportar insultos de nadie", ha concluido Pérez Tezanos.