Actualizado 26/07/2009 16:07 CET

El Gobierno de Cantabria cree que la rebaja en la edad penal tendría pocos efectos prácticos y supondría un "fracaso"

El Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia advierte de un incremento en los padres que denuncian agresiones de sus hijos

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia del Gobierno de Cantabria, Javier Dávila, considera que la rebaja de la edad penal a los menores con delitos graves no tendría muchos efectos prácticos, además de suponer un "fracaso".

Según defendió en una entrevista en Radio Nacional de España en Cantabria en la que participó Europa Press, esta propuesta realizada por el Partido Popular tras los últimos casos de agresiones y violaciones protagonizados por menores tendría "pocos" efectos disuasorios. "Y prácticos realmente no creo que tuviera muchos", añadió.

Dávila apuntó que esta medida funcionaría más como una "retribución" para las víctimas, es decir, para que una víctima de una agresión se sienta "mejor" al ver que se han producido "consecuencias".

No obstante, matizó que se aplicaría "sólo" en casos "de especial gravedad" e hizo hincapié en que no distingue entre medidas de castigo como la privación de libertad y otras medidas de carácter educativo, ya que a su juicio todas las medidas son educativas.

"La idea de la Ley es que todo es educativo. Si has cometido semejante acto, estás lo suficientemente deteriorado para que te impongamos una medidas", afirmó.

Además, explicó que el perfil de los menores que cometen esos delitos no obedece en realidad al de jóvenes que realizan "agresiones tan graves", sino que lo achacó al comportamiento de chicos de entre 15 y 18 años que "arrastran" a otros más pequeños, debido a la importancia que tiene el grupo para los adolescentes.

"Dado que no hay un perfil grande de chavales de 13 años, el problema no se solucionaría", sostuvo, además de incidir en que, si antes la edad para imputar a un menor era 12 y se subió posteriormente a 14, reducirla otra vez supondría "un fracaso bastante grande".

Dávila rechazo la imagen de que la ley para menores delincuentes sea "muy blanda", ya que, en su opinión, "no es igual" una pena de ocho años a un menor que una de doce a un adulto. El experto pidió no fijarse en la "frialdad de los números, ya que las medidas a los chicos son "proporcionalmente más gravosas", al afectar a un período de formación que se realiza en "condiciones muy distintas".

El jefe de Atención a la Infancia y la Adolescencia valoró que la actual Ley del Menor tiene una cosa "positiva", y es que no se puede perseguir a un joven si el Ministerio Fiscal no realiza acusación. En este sentido, apuntó que "sería muy raro" que el fiscal quisiera acusar a chicos de estas edades.

El responsable de Atención a la Infancia y la Adolescencia apuntó que en realidad se trata de un "problema de educación", de una falta de "modelo" y de "respeto".

"No hemos sabido inculcarles a los chavales, sobre todo a los chavales, el respeto a los demás. Hemos quitado la represión de la cuestión sexual, que esta bien, pero no se trata de que el acto sexual sea lícito o lícito, sino de respetar a las personas, de no obligar a la gente a hacer lo que no quieren", afirmó.

Así, lamentó que los protagonistas de estas agresiones tengan "poca conciencia" del problema y que no sean "conscientes" del daño que causan, al carecer de la "empatía" suficiente para ver que "alguien que se encuentra por la calle" podría ser "su propia familia".

NUEVO PERFIL

El responsable de atención a la Infancia y Adolescencia del Gobierno regional detalló que en los últimos tiempos, al perfil "clásico" del muchacho con problemas "cuyos padres no le protegen adecuadamente" se ha sumado otro tipo de joven al que ahora atienden en los centros públicos.

Se trata de niños y adolescentes en los que "no es los padres no estén capacitados para su asistencia material y moral", sino que "realmente no pueden con ellos". Son, describió, menores "disruptivos, que no aceptan las normas y llegan a agredir a sus padres"

En los centros se ha pasado de 17 a 20 menores, en un incremento que si se mira en porcentaje resulta "significativo", pero que en términos absolutos "no es tanto".

Lo que sí se ha detectado es un aumento en el número de padres que "intentan protegerse" y "no tienen armas para tratar con los chavales", lo que les lleva a recurrir a los servicios de atención primaria para infancia y adolescencia en busca de ayuda.

También se dan casos de padres que "se ven obligados a denunciar a sus propios hijos". Dávila admitió que los progenitores suelen mostrarse "reacios" a llegar a este extremo, pero consideró que "realmente viene bien porque los chavales ven que hay consecuencias".

De esta forma, "están viendo que hay que comparecer ante el juez o el fiscal", lo que resulta "bastante educativo para ellos", si bien comprendió que formular la denuncia es algo "que puede costar" a los padres.

DERECHOS A LOS MENORES

Javier Dávila también se refirió a la Ley de Infancia en la que trabaja el Gobierno de Cantabria y con la que se pretende "dar derechos de ciudadanía a la infancia" ya que, en su opinión, la denominación de "menor" es en realidad una "consideración jurídica".

Con este texto se persigue que el niño o adolescente pueda "reclamar sus derechos" frente a la administración u otros entes y personas.

Esta ley también supondrá la modificación del sistema de protección, que actuará a través de servicios "de atención primaria". Se tratará de que "todo lo que se pueda hacer a través de estos recursos así se haga".

En cuanto a los recursos materiales, los centros territoriales de Laredo, Torrelavega y Reinosa servirán de apoyo al servicio de atención primaria, y también para trasladar los expedientes en aquellos casos en los que sea necesario "imponer una norma" para pasar al servicio de menores cuando los padres "ya no pueden".

Finalmente, se mostró "sorprendido" con el informe del Defensor del Pueblo y sus menciones a la situación de los centros de menores en Cantabria. Según subrayó Dávila, "aquí los centros tienen garantías, los chavales entran con orden judicial y los protocolos están bastante claros".