El Gobierno cántabro dará hasta 20.000 euros por comprar una vivienda nueva vendiendo la anterior a precio de VPO

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria concederá ayudas de hasta 20.000 euros a quienes decidan comprar una vivienda nueva y para ello vendan su anterior residencia a precio de vivienda protegida. Ésta es una de las 19 novedades que introduce el nuevo decreto de ayudas para acceso a la vivienda que entra hoy en vigor.

En ese decreto se incluyen las medidas pactadas con el Ministerio en el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, junto con propuestas propias y específicas de la Comunidad Autónoma como esta nueva ayuda para cambiar de vivienda, que no será indefinida para toda la vigencia del plan, sino de carácter temporal, en función de cómo marche en el primer año de aplicación.

En total, entre el Ministerio de Vivienda y la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo se destinarán más de 228 millones de euros a las diferentes ayudas convocadas, que se dirigen a demandantes de vivienda, promotores, comunidades de vecinos y los distintos programas de rehabilitación y eficiencia energética. La previsión es financiar 15.131 actuaciones.

El consejero del área, José María Mazón, acompañado del director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco, presentó hoy en rueda de prensa el decreto de ayudas, en el que destacan precisamente las novedades introducidas para reactivar el sector de la construcción residencial y liberar el stock de viviendas ya construidas.

En el decreto de ayudas, publicado ayer en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se recogen las novedades estipuladas por el Ministerio para todo el país, junto con otras impulsadas por la propia Comunidad Autónoma.

CAMBIO DE VIVIENDA

Y entre estas últimas destaca la denominada "compraventa limitada". Hasta ahora, las ayudas para adquisición de vivienda exigían que fuera la primera residencia. Con esta nueva figura, se concederán ayudas para la compra de una vivienda nueva, si a cambio se vende la anterior al precio de una vivienda de protección oficial.

Las condiciones exigen que la vivienda que se compre sea nueva, directamente del promotor, y ajustada a un tope límite de precio, en concreto, un máximo de 3.790 euros por metro cuadrado. En cuanto a la vivienda que tenía previamente el comprador, deberá venderla a precio de VPO, entre 1.212 y 1.576 euros el metro cuadrado. Si se trata de una vivienda libre deberá solicitar previamente que se califique como protegida.

La ayuda que recibirá quien cambia de vivienda podrá alcanzar el 7 por ciento del coste total de la nueva residencia, con un límite de 20.000 euros, mientras el comprador de su antigua vivienda podrá acogerse a las ayudas previstas para las adquisiciones de vivienda de protección.

De esta forma, se cumple un doble objetivo, ya que se facilita el acceso a la vivienda a personas que necesitan una residencia de VPO, y a la vez, se facilita a los promotores liberar stock de vivienda nueva.

OTRAS MEDIDAS

Junto a esta medida, la Comunidad Autónoma también introducirá otras dos para ayudar a dar salida a vivienda ya construida, en concreto, permitiendo que construcciones edificadas en principio para la venta puedan dedicarse ahora al alquiler con derecho a compra.

Así, se podrán calificar para el arrendamiento con opción a compra viviendas protegidas del régimen autonómico y viviendas de protección con calificación definitiva del Plan Estatal de Vivienda, de acuerdo a unas condiciones establecidas en el decreto.

En estos casos habrá también subvenciones a los demandantes de vivienda, que podrán optar a una ayuda del Gobierno regional equivalente al 40 por ciento del alquiler. Además, si finalmente compran la vivienda se les descontará del precio final el 50 por ciento de las cantidades pagadas en concepto de alquiler, con un máximo de 3.200 euros anuales.

Estas iniciativas autonómicas se suman a las novedades del Plan Estatal, que también repasó el consejero. Destaca, por ejemplo, la posibilidad de recalificar como vivienda protegida para alquiler aquellas viviendas libres que permanezcan en stock, así como la introducción de nuevos condicionantes que se imponen a las operaciones relacionadas con viviendas de protección, "para evitar el fraude".

Además, el Plan Estatal incide de manera importante en la rehabilitación y restauración de áreas urbanas, a través de figuras como los ARI y ARU, y en el caso de las ayudas para rehabilitación de edificios, la novedad es que no se abonarán directamente a cada propietario, sino a la comunidad, para evitar casos de vecinos que no pagan las cuotas y derramas y reciben en cambio la subvención.

OBJETIVOS DEL PLAN

El consejero destacó el "gran esfuerzo" realizado para poner en marcha un paquete importante de medidas que, no sólo facilite el acceso a la vivienda de los ciudadanos, sino que además reactive el sector inmobiliario. "Es una especie de plan de choque de legislatura para dinamizar el sector y liberar el stock ocioso", comentó.

Recordó además algunas de las previsiones del Plan Estatal de Vivienda en Cantabria. El documento, firmado el pasado mes de abril entre el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, supondrá una inversión de 228.133.438 euros. Dos terceras partes del presupuesto las aporta el Estado y el resto la Comunidad Autónoma.

Con ello, se subvencionarán un total de 15.131 actuaciones, un 28,73 por ciento más de las pactadas en el plan anterior. Por ejemplo, se prevé subvencionar 3.000 actuaciones de construcción de vivienda nueva en régimen general (frente a las 1.600 planteadas en el plan anterior). También se espera conceder 1.605 ayudas a inquilinos (un 31% más) y 7.145 ayudas a la rehabilitación (2.270 en el plan anterior).

En el plan anterior, ejecutado entre 2005 y 2008, la previsión inicial era subvencionar 11.754 actuaciones y, al final, fueron 15.071. Entre ellas, se contabilizaron unas 4.000 ayudas para adquisición de vivienda nueva o usada; alrededor de 2.400 para alquiler; 4.800 para rehabilitación; y 3.800 para actuaciones en materia de suelo.