Los afectados por los derribos consiguen reunirse con el consejero de Medio Ambiente, pero no con Diego
SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha trasladado este domingo a los afectados por los derribos la confianza en que la normativa que permita regularizar las viviendas con sentencia de derribo esté lista "en menos de un año" y llegue del Estado, con la nueva Ley de Costas y, sobre todo, con la reforma de la Ley del Suelo.
En declaraciones realizadas a los medios de comunicación antes de reunirse en el Gobierno de Cantabria con representantes de los afectados por los derribos, a la que finalmente no ha acudido el presidente regional, Ignacio Diego, el consejero ha calificado de "tremendamente esperanzadoras" algunas de las iniciativas que está llevando a cabo el Estado, como la reforma de la Ley del Suelo o la nueva Ley de Costas, que permitirían dar una solución a los afectados por los derribos.
Aunque ha señalado que el Plan de Derribos del Gobierno de Cantabria, que termina en 2018, "sigue su camino", Fernández considera que estas medidas, que están tramitándose, sería una "vía muchísimo más rápida" para llegar a una solución.
A su juicio, la reforma de la Ley del Suelo, en cuyo anteproyecto se incluye un precepto que protege a los terceros compradores de buena fe, supondría una "esperanza muy clara" para dar una solución a los problemas de los derribos en Cantabria pues, según ha dicho, "la mayoría" de los casos que existen quedarían amparados por este artículo.
Fernández, que se ha mostrado a favor de legalizar todas las viviendas posibles pero respetando las resoluciones judiciales, ha opinado que con la reforma de la Ley del Suelo permitiría salvar "prácticamente todas" las viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, salvo las de Cerrias (Piélagos), que según ha dicho, deberían encontrar acomodo en la nueva Ley de Costas, y las de La Arena (Arnuero).
El consejero confía para ello la nueva norma del Ministerio de Fomento que plantea la imposibilidad de ejecutar las sentencias cuando hay terceros compradores de buena fe, como, según ha insistido, "es el caso en la mayor parte supuestos".
En este punto, el portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha expresado su desacuerdo con el consejero y ha defendido que "absolutamente todas las familias" que en Cantabria tienen viviendas con sentencia de derribo "son terceros de buena fe" y, por tanto, "todos tienen los mismos derechos".
En este sentido, ha asegurado que "no entiende" que ese "principio de buena fe" que se pretende introducir "pueda tener exclusiones" pues, a su juicio, todos los afectados tienen los mismos derechos de legalización y regularización.
Precisamente, este es uno de las "discrepancias" entre el Gobierno regional y los afectados, si bien el consejero ha señalado que los puntos de acuerdo son "muchos" y en ellos --ha dicho-- "pelearán".
Fernández ha insistido en que, como los afectados, el Gobierno también apuesta por legalizar todas las viviendas que sean posibles pero ha insistido en la "obligación" del Gobierno regional de cumplir la ley y las sentencias, un "principio rector" del que --ha afirmado-- el Ejecutivo "no se va a bajar".
Según ha dicho, en aquellos casos en los que las viviendas no puedan ser legalizadas, habrá que indemnizar a los afectados de forma "justa" y previa al derribo.
Fernández ha afirmado que de lo que se trata es de evitar "de todas, todas" el "desamparo" de los afectados, algo para lo que el consejero ha dicho a los afectados que puede contar con el Gobierno "al 100%".
Los afectados por los derribos llegaron el sábado por la tarde en Santander en su VIII Marcha de Protesta y parte de ellos han pasado la noche acampados en los aledaños de la estación de autobuses.
Este domingo, una representación se ha reunido en el Parlamento de Cantabria con el presidente de la Cámara regional, José Antonio Cagigas, y con miembros de los grupos parlamentarios.
De allí, estos representantes, acompañados por el resto de afectados, han partido en manifestación hasta la sede del Gobierno regional con pancartas en contra de los derribos, a favor de la legalización de todas las viviendas y del cobro de indemnizaciones.
