El plazo para la conversión voluntaria termina el 31 de diciembre y después entrará en acción la Inspección de Trabajo
SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno cántabro espera conseguir más de 10.000 conversiones de contratos temporales en indefinidos con una campaña específica dirigida a las 1.850 empresas de la región con más alta tasa de temporalidad, que se desarrollará este año y parte del siguiente. Para ello revisará un total de 38.000 contratos, de los que 20.500 son temporales.
La campaña fue presentada hoy en rueda de prensa por la vicepresidenta regional, Lola Gorostiaga, quien explicó que en el presente ejercicio se espera superar la cifra de 11.000 contratos temporales transformados en fijos. De momento, en lo que va de año ya se han conseguido 7.478, la cifra más alta conseguida nunca "a esta altura" del ejercicio, según afirmó el director general de Trabajo, Tristán Martínez.
Las 1.850 empresas a las que el Gobierno revisará su política de contratación son de más de cinco empleados, predominan las del sector servicios y su tasa de temporalidad se sitúa de media en el 54,06%. En una primera fase de la campaña, la Dirección General de Trabajo enviará una carta a cada una de ellas detallando el número total de trabajadores, los que son temporales y la tasa de temporalidad.
Además, les informará de las bonificaciones y ayudas de las que se pueden beneficiar (tanto del Estado, en virtud de la reforma laboral, como del Servicio Cántabro de Empleo) y pondrá a su disposición a una técnica del Servicio de Relaciones Laborales para informarles y asesorarles sobre el proceso de conversión de contratos temporales en indefinidos.
El plazo para la conversión voluntaria finaliza el 31 de diciembre, y una vez que pase esa fecha, comenzará la segunda fase de la campaña, en la que la Inspección de Trabajo revisará la correcta aplicación de la normativa laboral vigente por parte de las empresas. "En estos momentos estamos en disposición de transformar más de 10.000 contratos temporales en indefinidos, bien de forma voluntaria a través de subvenciones y ayudas, o bien de forma inducida a través de la Inspección de Trabajo", explicó Gorostiaga. AYUDAS REGIONALES
Con esta campaña, el Gobierno pretende reducir la tasa de temporalidad de la región y situarla en la media de los países más avanzados de la Unión Europea. La vicepresidenta recordó que al margen de las medidas pactadas por el Gobierno y los sindicatos en la reforma laboral, el Servicio Cántabro de Empleo mantiene abierta hasta el 30 de septiembre la convocatoria anual de ayudas para la conversión de contratos temporales en indefinidos, a las que destina un presupuesto de 2,4 millones de euros.
Según indicaron el director general de Trabajo y el director general del Servicio Cántabro de Empleo, Miguel Pérez, en la primera quincena del mes se han recibido 1.500 solicitudes y el año pasado se presentaron 940 en total. "No todas las empresas acuden a la convocatoria de ayudas, les suena que tienen que convertir y lo hacen" pero no solicitan subvención, afirmó Tristán Martínez. Según explicó, la cuantía mínima de la ayuda es de 1.650 euros y puede llegar a superar los 3.000 euros.
Además, el Gobierno está intentando llegar a un acuerdo con los agentes económicos y sociales en la Mesa General de Concertación para fijar ayudas adicionales para el último trimestre de 2006 y el próximo año.
Por otro lado, tanto Gorostiaga como Tristán Martínez y Miguel Pérez destacaron la importancia de la Inspección de Trabajo en su faceta de información, consulta y asesoramiento. La vicepresidenta destacó que en los dos últimos años, las campañas de la Inspección de Trabajo han conseguido más de 8.000 conversiones de contratos temporales en fijos.
"No sólo es un órgano sancionador", subrayó el director general de Trabajo tras explicar que el año pasado, la Inspección consiguió en 3.000 revisiones la conversión de 1.100 contratos y "sólo" impuso 18.000 euros de sanción. Martínez añadió que la Inspección de Trabajo realizará una campaña específica para empresas de uno a cinco empleados y otras dirigidas a reducir la temporalidad en las administraciones públicas.
