SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha solicitado tramitar con urgencia el Proyecto de Ley de creación de la entidad pública empresarial Puertos de Cantabria de forma que el Parlamento lo pueda aprobar en el actual periodo de sesiones -que termina en junio- y que la entidad sea "totalmente operativa" el 1 de enero de 2007, según informó hoy en rueda de prensa el consejero de Obras Públicas, el regionalista José María Mazón.
Puertos de Cantabria asumirá las competencias y el personal de la Dirección General de Puertos, la cual desaparecerá, y se encargará, entre otras funciones, del desarrollo del plan de puertos, que contempla una inversión de 200 millones de euros en ocho años. La Consejería de Obras Públicas espera tener aprobado después del verano este plan, cuya redacción definitiva saldrá a información pública en un mes.
La entidad pública empresarial Puertos de Cantabria, será la primera de estas características que existe en la comunidad autónoma (en el pasado se creó el Ente del Agua pero no llegó a ser operativa). "No inventamos nada", explicó el consejero tras recordar que esta figura ya existe en la Administración central (el ente Puertos del Estado) y en otras comunidades autónomas "de todos los colores", entre las que citó Galicia, Andalucía, Baleares y Canarias.
Puertos de Cantabria estará sometida al control y tutela del Gobierno y se regirá por los mismos principios de publicidad y transparencia que la Administración, pero tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y se regirá por criterios empresariales de eficacia y eficiencia, de forma que gestionará sus ingresos y gastos y luego rendirá cuentas al Gobierno.
Como principales "ventajas", Mazón destacó que este modelo de empresa pública permite "flexibilizar y simplificar" la gestión y los procedimientos administrativos, pero puntualizó que "no se sustrae el control público". Además, "los recursos externos de los flujos que genera esta actividad se pueden aprovechar de forma que se limite la consolidación de deuda" -mediante la financiación estructurada-, lo que "no quiere decir que sea una deuda que vaya por libre", matizó.
"PLENA SEGURIDAD" PARA TERCEROS
Puertos de Cantabria ostentará las mismas prerrogativas de las que goza la Administración (por ejemplo en materia de sanciones y concesiones) y tendrá que responder en los tribunales y ante cualquier reclamación de terceros, bancos, etc. La entidad se subrogará todos los derechos y obligaciones que tiene actualmente la Dirección General de Puertos, lo que afecta tanto al personal como a los contratos de obra, los expedientes en licitación y los que se desarrollen hasta la puesta en marcha de la entidad.
"Hay plena seguridad para los terceros que tengan una relación directa con la Dirección General de Puertos", aseguró Mazón, quien reiteró que la entidad estará sometida al control del Gobierno y tendrá sus propios asesores jurídicos e interventores.
Según sus estimaciones, el volumen de trabajo en este ámbito puede llegar a "triplicarse" debido al desarrollo del plan de puertos, de forma que la entidad Puertos de Cantabria "probablemente llegue a gestionar entre 40 y 50 millones de euros", frente a los 15 millones de euros anuales que gestiona en la actualidad la Dirección General de Puertos.
La comunidad autónoma gestiona los puertos pesqueros de Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Suances, San Vicente de la Barquera, Comillas y Santoña, además del de Pedreña a través de una encomienda de gestión. En el ámbito de los puertos deportivos se ha proyectado la ampliación de los de Laredo y Castro Urdiales y la construcción de sendos puertos deportivos en Suances y San Vicente de la Barquera.
Mazón explicó además que en la zona de Comillas se está estudiando algún emplazamiento por si alguno de las actuaciones anteriores no resulta viable, y también se plantea la posibilidad, aunque a largo plazo, de habilitar algún puerto en la propia bahía, proyectos que de llevarse a cabo se realizarían en Somo o en Astillero.
La entidad pública empresarial Puertos de Cantabria tendrá un consejo de administración presidido por el consejero competente en materia de puertos, y formado por cuatro vocales y el director de la entidad, cargo que ostentará el director general de Puertos. La plantilla de esta dirección general, formada por unos 35 empleados públicos, pasará a trabajar en la nueva entidad, aunque podrán optar entre seguir dependiendo del Gobierno o de Puertos de Cantabria.