El permiso está suspendido desde 2011 y ni colectivos sociales, ni ayuntamientos ni la adjudicataria han acudido a la vía judicial
SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha urgido a su servicio jurídico a estudiar "con la máxima celeridad" los recursos administrativos que se presentaron en 2011 contra el permiso Arquetu -suspendido desde entonces-, para resolverlos "lo antes posible" y "despejar" así las "dudas e incógnitas jurídicas" que se han planteado tras la suspensión de la ley que prohibía el fracking en Cantabria como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central.
A preguntas de Europa Press, el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha recalcado que la decisión sobre el permiso Arquetu tiene que ser "jurídica".
El Gobierno anterior (PRC-PSOE) concedió este permiso de investigación de hidrocarburos a la compañía Trofagás, ahora BNK España, en la recta final de la legislatura. Tras el cambio de Gobierno, el permiso Arquetu quedó suspendido al no resolver la administración regional en el plazo que establece la ley los recursos ordinarios presentados en el verano de 2011 por diferentes colectivos como Ecologistas en Acción o el 15M de Santander y Cabezón de la Sal, y en especial el de la Mancomunidad Saja-Nansa, que solicitó la suspensión cautelar del permiso.
El consejero ha admitido que esos recursos "tienen ya muchísimo tiempo", pero ha defendido que con la ley que prohibía el fracking en vigor, el permiso Arquetu "no era un tema preocupante" sino que, al contrario, "la situación estaba más o menos despejada". Ahora, con la ley suspendida, el Gobierno ha optado por retomar los recursos y acelerar su resolución.
Fernández ha insistido en que no se trata de lo que el Gobierno quiera o no quiera, sino que la decisión tiene que ser "jurídica" y, por tanto, dependerá de los informes que emitan los servicios jurídicos, a los que "sí les vamos a pedir la máxima celeridad", ha insistido, "porque dada la importancia social que tiene este asunto, yo creo que lo que hay que hacer es despejar las incógnitas jurídicas lo antes posible".
"Estos días (después del recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional) se están produciendo bastantes incógnitas y ahora es el momento de despejar todo ese tipo de dudas, clarificar la situación jurídica y por eso lo que pretendemos desde el Gobierno es que los servicios jurídicos actúen con la máxima celeridad", ha explicado.
"IMPORTANTES DEFICIENCIAS" EN MATERIA URBANÍSTICA
Su "opinión personal" como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y presidente además de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), es que en Cantabria "no se puede hacer fracking si no hay compatibilidad urbanística", y en ese sentido, considera que el permiso 'Arquetu' tiene "importantes deficiencias".
"Debemos ser exigentes en el cumplimiento de la legislación vigente, exigiendo la compatibilidad urbanística, hay una amplia jurisprudencia en esta comunidad autónoma", ha subrayado Fernández, "pero repito, nosotros vamos a hacer lo que nos propongan los servicios jurídicos".
Al menos de momento, el permiso 'Arquetu' no ha llegado a la vía judicial, ni por parte de los colectivos sociales que se oponen al fracking, ni de los ayuntamientos afectados, ni por parte de la empresa concesionaria que, tal y como ha reconocido el consejero, todavía puede recurrir la suspensión del permiso en los tribunales puesto que "ya han pasado los plazos" para resolver los recursos administrativos.
BNK "EVALÚA LA SITUACIÓN"
Europa Press se ha puesto en contacto con BNK para conocer sus intenciones respecto al permiso Arquetu cuando falta poco para que se cumplan tres años de su aprobación y tras la suspensión de la ley que prohibía el fracking en Cantabria. La compañía se ha limitado a señalar que está "evaluando la situación".
El permiso 'Arquetu', concedido por un periodo de seis años a esta filial de BNK Petroleum Inc., empresa especializada en la extracción de gas de pizarra mediante fractura hidráulica, afecta a un área de cerca de 25.000 hectáreas perteneciente a nueve municipios de los valles de Saja y Nansa: San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.
Es el único permiso de fracking en la región aprobado por el Gobierno de Cantabria. El resto (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) han sido autorizados por el Ministerio de Industria al afectar también a otras provincias vecinas.
PROGRAMA DE TRABAJOS
El programa de trabajos del permiso 'Arquetu' dedica el primer año de la concesión a adquirir, recopilar, reprocesar y reinterpretar la información existente y disponible de sísmica 2D de la zona, considerándose precisa para su desarrollo una inversión superior a 134.331 euros.
En el segundo año se tendría que obtener el permiso para la ejecución del primer pozo y su perforación, estimulación por fractura y test de producción, con un presupuesto no inferior a cinco millones de euros. Tal como se indica en el programa de trabajos, la perforación implica -en este caso y en los de años posteriores- su planificación y diseño, los estudios de impacto ambiental si fuesen precisos y la ejecución del pozo de exploración con realización de diagrafías y toma de muestras sobre el terreno.
Asimismo, esta actuación conlleva la realización de ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas y la reevaluación e interpretación de los datos sísmicos adquiridos con la integración de nuevos datos del sondeo, así como también la modelización geológica de la estructura y el estudio de evaluación final de la viabilidad técnica y económica del proyecto.
Durante el tercer año de vigencia del permiso se incluirían los datos obtenidos en el primer sondeo en el modelo geólogo y se solicitaría el permiso para ejecutar otros tres pozos, previéndose para ello una inversión en ningún caso inferior a 269.407 euros.
Y los tres últimos años de la concesión se dedicarían a la perforación, estimulación por fractura y test de producción del segundo, tercer y cuarto pozo, con una inversión no inferior a cinco millones de euros en cada uno de los tres ejercicios.
