SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha tachado hoy de "contradictorias" e "ilegales", así como "contraproducentes" económica y socialmente, las 379 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de presupuestos de 2010.
Asó lo dijo hoy la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, quien trasladó en rueda de prensa la valoración de las enmiendas del PP realizada hoy por el Consejo de Gobierno, que también las ha tildado de "incoherentes", "incongruentes" y de ser "más de lo mismo", al haberse "limitado a transcribir" las presentadas en 2008.
Para el Ejecutivo, son "contradictorias" porque defienden aumentar la inversión y reducir el gasto corriente, pero con ellas "se aumentaría" este último, "poniendo en peligro" la viabilidad financiera de la Comunidad; y son "ilegales" porque con los créditos del capítulo 8 (activos financieros) pretenden financiar gastos del 6 y 7 (inversiones reales y transferencias de capital, respectivamente), "incumpliendo" la Ley de Estabilidad y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Además, considera que son "incoherentes" presupuestariamente, porque algunas "van en contra" de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), como por ejemplo que el endeudamiento se destine a gastos de educación, sanidad y servicios sociales cuando sólo se puede dedicar a inversión.
También las califica de "incongruentes", porque, una vez rechazada la enmienda a la totalidad y no pudiendo modificar los importes totales de cada sección, el PP pretende "saltarse" esa prohibición, creando conceptos dentro de distintas secciones para financiar gastos que "no son de su competencia".
Asimismo, las ve "inviables económicamente", porque el Gobierno de Cantabria no podría pagar los intereses de la deuda, al reducir los créditos para los mismos, por lo que estaría "poniendo en peligro" el pago de todos los gastos de la Administración, e "incluso" la nómina de los funcionarios.
Según el Ejecutivo, son "contraproducentes" porque quieren que no se endeuden las empresas públicas y "quitar el método cántabro-alemán" (empezar a pagar una vez terminadas las obras), lo que sería "nefasto" para la economía regional y "no se podrían desarrollar" colegios, carreteras o centros de salud.
Por último, ve "injustificadas" las enmiendas porque en su motivación aparece "el latigillo" de "se considera necesaria", lo que no es una justificación "razonada ni razonable", a juicio del Gobierno, y además "técnicamente incorrectas".
