Archivo - Sala del 112 Cantabria.-ARCHIVO - 112 CANTABRIA - Archivo
SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Juan Sáez Bereciartu, ha anunciado que la Sala del Centro de Atención de Emergencias 112 se trasladará en enero a su nueva ubicación en el edificio adquirido por el Gobierno de Cantabria en Peñacastillo, en el 1 de Mayo, unas dependencias que compartirá, entre otros, con los servicios de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.
Con ello se favorecerá la coordinación, la comunicación y la eficiencia en la gestión y la atención de emergencias.
Además, en la sede que deja el 112 en Cazoña, el Ejecutivo comenzará los trabajos previos para la redacción del proyecto de adecuación del espacio para albergar las dependencias del Instituto de Medicina Legal.
La previsión es que en 2027 comiencen la actuación de adaptación para llevar allí los primeros servicios de este instituto --los equipos de consulta forense y equipos psicosociales--, lo que se realizará con medios propios, a través del personal de los Talleres Regionales.
Esto supondrá dar respuesta a la modernización de sus dependencias y la unificación en un solo espacio de este organismo, incluidos los equipos psicosociales, que todavía hoy se reparte entre el complejo judicial de Las Salesas y la sala de autopsias en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Así lo ha anunciado Sáez Bereciartu este martes durante la presentación en comisión parlamentaria del presupuesto de su departamento para 2027, que asciende a un total de 177,8 millones de euros, un 4,8 por ciento más --incluidos los dos organismos autónomos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) y el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP)--, y que están encaminados a "finalizar proyectos, ejecutar inversiones estratégicas y asegurar actuaciones comprometidas con los ciudadanos".
Entre estos proyectos, ha informado que el anteproyecto de ley de Función Pública saldrá a información pública la próxima semana con lo que se abrirá un plazo de presentación de alegaciones.
Ha calificado esta norma como un "hito" y ha apuntado las dificultades en la elaboración de este proyecto tras los sucesivos cambios legislativos en la normativa básica estatal desde 1993, año en el que entró en vigor la actual ley de Cantabria.
El texto, ha informado el consejero, ya se ha adelantado en verano a los sindicatos para que puedan preparar con antelación sus aportaciones.
Respecto al nuevo convenio colectivo personal laboral, se ha mostrado optimista en poder alcanzar un acuerdo --"está muy cerca"--, y ha precisado que las diferencias se encuentran únicamente en el reparto económico de los 3 millones previstos en mejoras de las condiciones laborales.
En este sentido, ha considerado que las organizaciones sindicales han reconocido "el esfuerzo de un Gobierno que defiende la necesidad de actualizar" este convenio después de 16 años en vigor el actual.
"Si no tenemos firmado en los próximos días el convenio corremos el riesgo de perder 3 millones de euros que irían directamente al bolsillo de todos los trabajadores, aunque hay más aspectos importantes. Verdaderamente sería una pena y por eso llamo a responsabilidad de las organizaciones sindicales", ha afirmado el titular de Presidencia.
AGENCIA DE EMERGENCIAS Y OPOSICIÓN ÚNICA DE POLICÍA LOCAL
Igualmente, Sáez Bereciartu se ha referido al proyecto de Ley de creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria (ASECAN), que "va a seguir adelante" porque es "una ley buena para el Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias", ha dicho.
En este sentido, ha rechazado las discrepancias manifestadas por un centenar de bomberos del SEMCA, que "no contienen ninguna una crítica al sistema organizativo" propuesto en la ley.
Por ello, ha solicitado "altura de miras" y ver "cómo prestamos el servicio al ciudadano", dado que, a su juicio, "es de sentido común que un único organismo, una única agencia, que estén unidos y coordinados en un único centro de mando todos los recursos disponibles para las emergencias de Cantabria".
"Vamos a terminar esta legislatura con una transformación profunda de los servicios de emergencia y protección civil, no solo en la inversión realizada, si no especialmente dotándola de una más organización racional", ha concluido.
En materia de seguridad, el consejero también se ha referido a otro de los principales proyectos de legislatura de su departamento como es la convocatoria unificada de las oposiciones para acceder a los cuerpos de policía local de Cantabria, con vistas a realizar la primera convocatoria oficial en el primer trimestre de 2027.
Por otro lado, ha anunciado que durante este noviembre se abonarán las indemnizaciones derivadas de los nuevos supuestos incluidos en la modificación de la Ley 1/2023, de 5 de abril, de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.
De esta forma, el Ejecutivo regional extiende de forma efectiva los beneficios de la norma a más víctimas y sus familiares, como es el caso de los herederos de las víctimas fallecidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley autonómica y en nuevos supuestos como las amenazas o el secuestro.
En este punto, el consejero de Justicia ha destacado la importancia de recoger en un archivo audiovisual, como prevén los presupuestos, "la impronta vital" de las víctimas del terrorismo.
"Podríamos haber sido cualquiera de nosotros, es la injusticia del azar lo que nos obliga como sociedad a estar a su lado permanentemente", ha remarcado, tras lo que ha señalado que con estos testimonios en soporte audiovisual quedará constancia a las futuras generaciones de lo que "representa la radicalización, el terrorismo y la imposición de la fuerza de determinadas ideologías", ha señalado.
OFICINA FISCAL
Por otra parte, respecto a la Administración de Justicia, el consejero ha confirmado que el decreto de la nueva Oficina Fiscal de Cantabria será aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, una norma que establecerán unidades específicas, competencias y la estructura orgánica del personal de justicia que está adscrito al Ministerio Fiscal en Cantabria, una de las pocas comunidades que aún no cuentan con ella.
