Publicado 03/06/2020 13:19:26 +02:00CET

Gochicoa espera una "solución definitiva" a los derribos esta legislatura

Cerrías
Cerrías - GOBIERNO - Archivo

El consejero comparece en la comisión del área, que debate y vota una iniciativa del PP de "imposible cumplimiento"

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, José Luis Gochicoa, ha cifrado en 367 las viviendas sobre las que pesa sentencia firme de demolición que podrán "seguir en pie" según el nuevo Plan de Derribos aprobado por el Gobierno regional, mientras que por contra no se podrán "salvar" 162, si se aprueban los planes urbanísticos de los municipios tal y como están tramitándose.

En cualquier caso, confía en poder dar una "solución definitiva a todos los afectados" por este problema a lo largo de la presente legislatura, debido -ha dicho- a los pasos "intensos" que se vienen dando en los últimos meses que han desembocado en el citado plan. Y, al tiempo, se están "activando" los convenios entre la administración y los implicados para darles una casa nueva o la indemnización que corresponda si se derriba la suya.

"No contemplamos fracasar", ha expresado Gochicoa, para apuntar que se están cumpliendo "en tiempo récord" las resoluciones del Parlamento. Lo ha manifestado así, precisamente, en la comisión del área en la Cámara, donde ha respondido a varias preguntas del PP y, además, se ha debatido y votado una iniciativa sobre la materia "de imposible cumplimiento", con la que los 'populares' pedían que dicho plan se abordase en la Cámara antes de su remisión a la Justicia, extremo que se llevó a cabo la semana pasada.

La proposición no de ley ha sido rechazada con los votos de PRC y PSOE, que sustentan al Ejecutivo, y ha contado con la abstención de Cs y Vox, y el apoyo del principal partido de la oposición, que ha censurado el "retraso intolerable e injustificable" de la comparecencia, solicitada en noviembre. Desde los grupos que apoyan al bipartito han atribuido la demora a la tramitación y aprobación de la ley de presupuestos en diciembre, a que enero es prácticamente inhábil en el Legislativo y, también, a la paralización de la actividad parlamentaria a raíz del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus

367 VIVIENDAS PODRÁN "SEGUIR EN PIE" Y 162 SE DERRIBARÁN

En cuanto a la batería de cuestiones, formuladas por el diputado del PP Iñigo Fernández, el consejero ha detallado que las 162 viviendas que habrá que demoler son 11 de Argoños, 17 de Piélagos, 32 de Escalante y 102 de Arnuero, que se suman a otras 42 de este mismo municipio, en la urbanización La Arena, de las que se había construido únicamente la estructura y que ya se derribaron, con lo que el total de fallos judiciales a ejecutar se eleva así a los 204 que recoge el plan.

En concreto, habrá que demoler las 11 casas de Camino del Portillo, en Las Llamas II (Argoños) construidas "en el arranque de un monte" y que habrá que tirar por su impacto visual y paisajísico; las 17 de Cerrias, en Liencres (Piélagos), levantadas en una zona de protección de Costas y que, por tanto, sería "imposible" construir de nuevo; las 102 de La Arena de Arnuero que siguen en pie y que se edificaron en suelo protegido, cuyos propietarios ya han firmado el correspondiente convenio por lo que "no hay vuelta atrás"; y las 32 del edificio Tres Torres de Escalante, sentenciadas por la morfología del edificio.

Se levantaron en un suelo que, tras el PGOU previsto, quedará como urbano a disposición del Gobierno regional y por lo que sería "el único caso", según el consejero del ramo, en el que se podría volver a construir, pero "no llegar" a ese número de casas. Además, la tipología de las mismas tendría que ser "acorde" al entorno.

En el resto de supuestos, Gochicoa espera que "no haga falta tirarlas para luego volver a construir lo mismo", según el planteamiento de la administración regional y teniendo en cuenta también los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos.

Así, apuesta por que se empiecen a ejecutar las sentencias de derribo en aquellos casos en los que no haya "ningún tipo de solución", mientras se buscan salidas a los demás afecados.

En el caso de Escalante, y como el consejero teme que hay "pocas" posibilidades de legalizar esas viviendas, pues "se multiplicó por tres" la edificabilidad y el resultado fue un inmueble "muy masivo", se contemplan la vía de ofrecer casas de sustitución a los vecinos afectados, pero en el municipio de Arnuero, o si no la indemnización económica que corresponda.

Y aunque en el caso de Escalante -donde ha habido un pronunciamiento "desfavorable" de la CROTU respecto a esas viviendas- no ha dado un plazo definitivo para la aprobación del plan urbanístico, el consejero confía en que el PGOU de Argoños sea una realidad este 2020 y también el de Piélagos o que, en su defecto, lo sea a principios de 2021.

En este sentido, ha indicado que "casi con toda seguridad" estará la semana que viene la memoria ambiental del documento urbanístico de Piélagos, y a lo largo de este mes de junio la de Argoños.

Así, desde la Consejería que dirige van a hacer "todo lo posible" para que ambos planes estén aprobados hacia finales de año o comienzos del próximo y confía igualmente en que los municipios pongan "toda la carne en el asador" para llevar a cabo estos procesos que, como ha reconocido, siguen una tramitación administrativa "excesiva y compleja", tanto en "el fondo" como en "la forma" también.

GOTEO DE NUEVOS CONVENIOS Y 90 AFECTADOS ATENDIDOS EN LA OFICINA

De los convenios entre la administración y los afectados, Gochicoa -que ha recordado que es una "opción" no una "obligación"- ha indicado que se están "recopilando nuevas firmas", debido a que se está produciendo "un goteo" de las rúbricas a raíz de la puesta en marcha de la oficina de atención a los afectados, el pasado mes de noviembre.

Desde entonces, en la misma han sido atendidas 90 personas. Además, con motivo de esta atención, se está generado una "pequeña base de datos" con información que antes estaba "desperdigada" y que en el caso de algunos municipios, como Arnuero, ya se ha recopilado "al cien por cien".

Para finalizar, Gochicoa ha recordado que, en última instancia, aquellos propietarios que no suscriban los citados convenios con la administración, pueden recurrir a la vía administrativa de reclamación de la responsabilidad patrimonial que, en caso de no llegar las partes a un acuerdo sobre la cantidad económica, acabaría en los tribunales.

Se trata de un trámite que si bien suele durar "varios meses" también se puede agilizar y reducir a "semanas", siempre que se avance con los informes técnicos y jurídicos.

En cualquier caso, y antes de acudir a este camino y a preguntas del PP, el consejero ha apuntado la posibilidad de explorar otras fórmulas, como acuerdos de colaboración con los ayuntamientos para buscar "algún tipo de salida" a los afectados ante la ejecución "inminente" de una sentencia de derribo. "Es la única vía que se me ocurre", ha comentado para concluir.

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