SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Lola Gorostiaga, no ha querido pronunciarse sobre la declaración realizada ayer por el constructor Miguel Angel Iglesias en el marco de la querella presentada por el jefe del Ejecutivo, Miguel Angel Revilla, contra el presidente regional del PP, Ignacio Diego, sobre el PSIR de El Bojar, y afirmó que "no sabe" si la Administración cuenta con algún tipo de control para evitar que los empresarios conozcan los planes del Gobierno con antelación.
Iglesias reconoció ayer que antes de comprar terrenos en la zona de El Bojar, ubicada en el límite entre Camargo y Santa Cruz de Bezana, los técnicos de la Consejería de Obras Públicas le habían informado de los planes del Gobierno de construir allí viviendas sociales a través de un PSIR (proyecto singular de interés regional).
Al ser preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa que ofrece cada viernes para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Gorostiaga recordó que la postura del Ejecutivo en este caso es no hacer declaraciones, por respeto al proceso judicial en marcha.
Y a la pregunta de si la Administración cuenta con controles para evitar que los empresarios sepan de los planes del Gobierno antes de que se hagan públicos, la vicepresidenta contestó "no lo sé".