Imputados por prevaricación el alcalde de Castro, el ex secretario y seis concejales por el caso Dirsur

Actualizado: miércoles, 2 febrero 2011 16:02

Por la adjudicación a esta empresa del texto refundido del PGOU sin concurso ni expediente

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha imputado al alcalde de Castro Urdiales, el ex regionalista Fernando Muguruza; el ex secretario municipal, César Saiz, y otros seis miembros de la Junta de Gobierno local en la legislatura pasada por la adjudicación a la empresa Dirsur de un texto refundido del PGOU del municipio.

Para esta adjudicación se levantó un reparo de legalidad por parte del interventor al proceso, según se relata en un auto del juez Luis Acayro Sánchez con el que se pone fin a la fase de instrucción de este caso y se acuerda continuar con el procedimiento judicial.

En concreto, el juez ve indicios de prevaricación administrativa en Fernando Muguruza; el ex miembro del PP y actual concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez'KyK', y los entonces miembros de la Junta de Gobierno Jaime Díez Muro, Marta González Hernaiz, Salvador Hierro, Concepción Carranza y Santiago Vélez.

Y en el caso del ex secretario municipal, César Saiz, los indicios se ve también de prevaricación, pero en la modalidad de omisión, considerando que pudo incurrir en una dejación de funciones de su obligación de velar por la legalidad de las acciones municipales en Castro Urdiales.

LA ADJUDICACIÓN

En junio de 2004, fuera del orden del día y sin haber pasado por comisiones informativas, los imputados acordaron encargar a la empresa Dirsur un texto refundido del Plan General de Castro, para lo que también se encargó la redacción de una propuesta de pliego de condiciones.

A esa reunión no fue convocado el interventor, Fernando Urruticoechea, quien emitió una nota en la que denunciaba la "deuda de millones de euros" a acreedores que estaban provocando los responsables municipales por comprometer gastos al margen del procedimiento, un problema que se había agravado con la nueva Corporación y que era conocido por ellos.

Se prescindía "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, según describió Urruticoecheea.

De este informe se hizo "caso omiso" y la Junta de Gobierno local ordenó el contrato directamente con la empresa en lugar de a través del Departamento de Contratación. El contrato se firmó en 25.520 euros, firmados "unilateralmente" por el abogado de Dirsur.

Esta oferta se trasladó al secretario municipal, César Saiz, ya en julio de 2004, sin haber pasado previamente por comisiones informativas. En otra Junta, y otra vez fuera del orden del día, se informó a los miembros de esta oferta, que decidieron por unanimidad y sin tramitar expediente, en una acción que este auto considera que se adoptó "despreciando la legalidad" y que es la que da lugar a este procedimiento.

Y además, una vez adjudicado el encargo, se notificó a la empresa, pero no se documentó ningún contrato. No se justificó por qué se recurrió a la adjudicación directa, por qué se decidió ese precio y por que se "vulneraron" las normas de contratación, como la publicidad o el control previo a la solvencia económica.

Pasaron dos años, y en marzo de 2006 se realiza el citado encargo. La factura contó con un reparo del nuevo interventor, un reparo que fue levantado por el alcalde, Fernando Muguruza, "sabedor de que se había infringido de manera flagrante la legalidad" y "maquillándolo" para "justificar" el pago como "inevitable".

Mientras se abonaba la factura, se estaba tramitando de forma paralela un concurso para redactar el PGOU que incluía un nuevo texto refundido, lo mismo que se había adjudicado a Dirsur, "pero bien hecho". Y en este procedimiento los imputados cuestionaron la solvencia técnica de la unión de empresas que fue la única que se presentó al citado concurso.

En este caso, un informe consideraba que los aspirantes si eran solventes, pero aún así se declaró el concurso desierto en lo que para el juez denota un "claro intento de adjudicárselo a Dirsur", y esto a pesar de que el caso llegó a los tribunales y otro juzgado determinó que esas empresas debían ser las adjudicatarias.

El auto de Sánchez Acayro concluye que no había motivos para esa adjudicación: ni falta de medios personales, ni urgencia, ni utilidad pública, hasta el punto de afirmar que ese dinero podía haberse ahorrado si la gestión se hubiera hecho de otra forma. Y además, añade que el texto refundido no se ajustó a la realidad urbanística y ocultó modificaciones "de hecho" del PGOU realizadas al margen del procedimiento

"QUIERO QUE SE ME APRUEBE ESTO"

Es, apunta el auto judicial, un procedimiento "exactamente igual" que otros abiertos en el municipio, como la adjudicación de las obras del Túnel de Mioño o de un ascensor en la Plaza municipal, confirmados por la Audiencia de Cantabria y pendientes de la celebración de juicio.

Es una situación que han confirmado varios funcionarios durante la instrucción de esta causa. Y el secretario, César Saiz, declaró en esa fase que en el Ayuntamiento "no se veía ningún papel" porque "todo era urgente" y que los concejales le decían "yo quiero que se me apruebe esto". Saiz, en un testimonio "altamente incriminatorio", dijo que no consultaba la documentación porque no se le había proporcionado antes, lo que hace que se le reproche su "pasividad" y se encuadre su actuación dentro de la modalidad de omisión de sus obligaciones como secretario.

"SITUACIÓN LÍMITE"

Todo esto se produjo apenas cuatro meses después de que el entonces interventor, Fernando Urruticoechea, hubiera advertido a los miembros de la Junta de Gobierno local, el nuevo equipo de Gobierno surgido tras 2003, cuando tomaron posesión, de la "situación límite" económica y legal del Ayuntamiento.

De hecho, se encargó, según reseña el auto, una auditoría de legalidad que, en sus resultados, reflejó un "incumplimiento sistemático y generalizado de la legalidad" en todo lo que analizó y acabó recomendando "evitar la adjudicación ilegal de contratos.

Esta advertencia del interventor se suma al "demoledor informe" del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los años 2004 y 2005, que refiere una "situación generalizada de incumplimiento de la legalidad elemental", sin control interno.

Este organismo alertó sobre el "entramado de dudosa legalidad" en "prácticamente todas las áreas" del Ayuntamiento, con una "responsabilidad en plural" del equipo de Gobierno.