A información pública el anteproyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Despoblamiento de Cantabria

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria somete a información pública el anteproyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Despoblamiento y frente al Reto Demográfico en Cantabria.

Así se recoge en la resolución de la Consejería de Presidencia publicada este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria, en la que se establece que el plazo para consultar el texto y presentar alegaciones o sugerencias al mismo será de diez días hábiles a contar desde el martes, 12 de mayo.

El anteproyecto de ley podrá consultarse en las dependencias de la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ubicada en el número 5 de la calle Castelar de Santander, así como en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria (www.transparencia.cantabria.es).

Las alegaciones o sugerencias al texto deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Administración Local.

El pasado 30 de abril el Gobierno regional presentó ante la Comisión Permanente del Consejo Asesor de lucha contra el despoblamiento el borrador de esta futura norma, que el Ejecutivo prevé remitir al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley antes del próximo verano.

El borrador de este anteproyecto superó el primer trámite tras el visto bueno de la Comisión permanente, al incorporar además las alegaciones y propuestas de los municipios y la Universidad de Cantabria.

Según informó entonces el Gobierno, el objetivo de esta norma es "poner en la agenda de las administraciones la lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico en todas las políticas públicas que se pongan en marcha", con el fin de dar "una respuesta integral y permanente en el tiempo con un marco normativo concreto y con medidas reales".

Respecto a su contenido, la futura ley se estructura en 66 artículos distribuidos en cuatro títulos, además de un preámbulo y diversas disposiciones, y se articula en dos grandes bloques.

Por un lado, hay una parte general que define el objeto, ámbito de aplicación y finalidades de la norma, así como las medidas generales de acción, organización y planificación de la Administración autonómica y, por otro, se incluyen un conjunto de medidas específicas dirigidas a los 41 municipios en riesgo de despoblamiento.

Entre las principales actuaciones previstas, destacan las rebajas fiscales y deducciones en estos municipios, así como medidas de discriminación positiva en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, con el objetivo de incentivar la cobertura de puestos de trabajo de difícil provisión.

Asimismo, el texto contempla iniciativas en ámbitos como la sanidad, la educación, la inclusión social o la lucha contra la soledad no deseada, además de actuaciones en turismo, cultura, seguridad y combatir la brecha digital.

También promueve la colaboración entre administraciones y con el sector privado, así como la sensibilización social y la puesta en valor del medio rural.

En la parte organizativa, la nueva norma obligará a que haya una consejería competente en esta materia, que coordinará las competencias de las distintas consejerías, incluyendo la acción también del Consejo Asesor.

La norma tiene un carácter transversal ya que implicará tanto a la Administración autonómica como a las entidades locales.

El texto incorpora además el deber general de todas las administraciones de integrar la perspectiva demográfica en su acción de gobierno, en la producción normativa y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

El objetivo último es "promover la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y libertades de los cántabros que viven en los municipios en riesgo de despoblamiento, aumentar la población, frenar estos procesos y no solo atraer nuevos habitantes, sino también lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural", indicó la consejera del ramo, Isabel Urrutia.

Una vez que concluya el trámite de información pública, y una vez analizadas las alegaciones, el texto continuará su tramitación interna hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley.