SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La candidata autonómica de Izquierda Unida, Mercedes Boix, ha afirmado este jueves que los datos del paro y la pobreza en Cantabria reflejan "los impactos más negativos y dramáticos de la crisis y las políticas drásticas de los recortes", y ha afirmado que es necesario abordar con urgencia un pacto por el empleo y contra la pobreza entre todas las fuerzas progresistas.
Por otro lado, ha explicado que Izquierda Unida y Equo ya han comenzado a negociar una posible candidatura conjunta de cara a las elecciones de mayo, y se ha mostrado convencida de que puede fructificar.
Para Boix, los datos de paro y el último informe sobre la situación de la pobreza en Cantabria solo vienen a constatar una situación de "emergencia social", ante la que las políticas del PP "no están sirviendo" para paliar la situación, sino que por el contrario, están incidiendo, a su juicio, en prolongarla.
La candidata de IU ha recordado que el paro registrado de enero se ha situado en 51.756 personas, de las que el 48% no cobra ningún tipo de prestación; y casi 150.000 cántabros están en riesgo de pobreza o exclusión, el 25,3%, según el informe sobre 'El Estado de la Pobreza en España', lo que supone un incremento de ocho puntos desde 2009, el más elevado del país, frente a un 2,6% a nivel nacional.
Para Boix, estos datos tendrían que hacer reflexionar al Ejecutivo cántabro sobre sus "nefastas políticas" en materia de empleo y servicios sociales. La candidata de IU considera "necesario abordar con urgencia un pacto por el empleo y contra la pobreza entre todas las fuerzas progresistas", así como avanzar en garantizar un Sistema Público de Servicios Sociales.
IU propone en este sentido la aprobación de una ley de trabajo libre garantizado y una ley de rentas y recursos básicos. Según ha explicado, la primera garantizaría a todas las personas el derecho a un trabajo, que los municipios se encargarían de proporcionar y que sería financiado por el Estado. Boix ha señalado que serían trabajos de 35 horas, con remuneración cercana al salario mínimo y su financiación "no iría más allá del uno por ciento del PIB".
Por otro lado, IU se compromete a desarrollar estrategias y planes para asegurar unos servicios públicos, universales y descentralizados, la elaboración de carta de derechos subjetivos de ciudadanía garantizados jurídicamente y la renovación de unos servicios sociales que pasen "del modelo asistencialista al fortalecimiento comunitario y al empoderamiento de la comunidad", entre otras propuestas.