SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Izquierda Social y Ecologista, José Ángel Herrera, ha pedido el voto para "poner decencia en la política urbanística de Cantabria", y conseguir que el Parlamento "deje de estar al servicio exclusivo de los intereses partidistas de PP, PRC y PSOE".
Herrera considera que "los desmanes urbanísticos han corrompido hasta la médula a las instituciones de Cantabria" y prueba de ello es, en su opinión, "el pacto de no agresión que mantienen PP, PRC y PSOE en materia urbanística".
El candidato de Izquierda Social y Ecologista ha destacado que "todos los cántabros somos víctimas del desastre urbanístico de Cantabria" y que una de la claves para entender lo que ha pasado es que "el Parlamento no ha cumplido con su obligación de controlar al Gobierno, y no lo ha hecho para defender el modelo de especulación urbanística que han compartido PP, PRC y PSOE en sus respectivos ayuntamientos".
En este contexto, según Herrera, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) "demuestra el carácter puramente electoralista de la última modificación de la Ley del Suelo pactada por el tripartito", y que "a los parlamentarios no les preocupa resolver los problemas de las familias afectadas por las sentencias de derribo, sino defender su sillón y mantener sus privilegios".
Herrera se compromete públicamente a que van a exigir, de forma constante y contundente, "que todos los políticos responsables de las sentencias de derribo abandonen su cargo y que las sentencias firmes dictadas por los Tribunales deben ser acatadas y ejecutadas".
Del mismo modo, el candidato de la coalición electoral formada por IU e IA, también se compromete "a promover medidas inmediatas para garantizar una justa compensación, por los daños materiales y morales que están sufriendo los propietarios de viviendas afectadas por sentencia de derribo".
En opinión de Herrera, "lo razonable" sería que todas las partes implicadas acaten el cumplimiento de las sentencias y acuerden una "moratoria" en su ejecución acompañada de un calendario para el pago de indemnizaciones, "o la compensación con una nueva vivienda, tal y como ha sucedido en el caso de la playa de La Arena", recalcó.
