El Juzgado de Castro remite informes al Gobierno regional para que valore asumir las competencias urbanísticas

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales va a remitir al Gobierno regional el auto que ha puesto fin a la instrucción del caso La Loma, junto con el informe definitivo del Tribunal de Cuentas, para que el Ejecutivo autonómico valore la posibilidad de asumir las competencias urbanísticas del municipio, dada la situación en que se encuentra el urbanismo castreño.

El magistrado titular del juzgado, Luis Acayro Sánchez, ha tomado esta decisión este viernes tras la comparecencia celebrada con las partes para acordar nuevas medidas cautelares una vez finalizada la instrucción del caso.

Una de las peticiones que planteaba una de las acusaciones era precisamente la de suspender las competencias urbanísticas al Ayuntamiento.

El magistrado ha rechazado esa petición, pero ha decidido remitir al Gobierno cántabro testimonio del auto de procedimiento abreviado y del informe definitivo del Tribunal de Cuentas para que sea el Ejecutivo el que valore la situación urbanística del municipio y la necesidad o idoneidad en su caso de subrogarse las competencias municipales al amparo de la posibilidad prevista al respecto en el Ley del Suelo cántabra.

Por otro lado, tras la comparecencia el Juzgado también ha acordado mantener la paralización de las obras que lleva a cabo en esta zona la empresa Sacyr-Vallehermoso, así como la paralización de los expedientes administrativos de los SUNP números 3, 4, 7 y 12.

Igualmente, se ha acordado suspender de competencias y funciones para emitir informes en materia urbanística a cuatro técnicos municipales: Álvaro Pérez Saiz, Pablo Sopeña, Carmen Villanueva y Yolanda Sánchez.

En cambio, se ha desestimado la petición de suspender de competencias a los candidatos de Acuerdo por Castro y del PSOE, Rufino Díaz Helguera y Daniel Rivas, ya que no se pueden suspender competencias que aún no tienen, lo que no impide que se pueda adoptar dicha medida cautelar si llegan a tener competencias.

Por último, el Juzgado ha acordado inscribir en el Registro de la Propiedad las medidas cautelares y la prohibición de disponer sobre las parcelas afectadas, según han informado fuentes judiciales.