SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, recalcó hoy que las instalaciones del centro de interpretación de La Lastra son "una propiedad privada que no forma parte del patrimonio público regional" y, por tanto, "no se puede responsabilizar al Gobierno por su mala conservación".
"El único 'pecado' del Gobierno regional en el asunto de La Lastra ha sido cortar la sangría de fondos públicos dirigida por el PP hacia un ente privado de gestión opaca y, cuando menos, dudosa", señaló Martín en relación a la Fundación Alto Ebro, promotora del centro de La Lastra.
De esta forma, a través de un comunicado, el titular de Medio Ambiente salió al paso de las críticas de la diputada 'popular' Isabel Urrutia, quien ha responsabilizado al Gobierno de los destrozos sufridos por las instalaciones.
"Las instalaciones de La Lastra son una propiedad privada que no forma parte del patrimonio público regional, pese a los intentos de la portavoz popular Isabel Urrutia de engañar, una vez más, a los ciudadanos al respecto", sentenció el consejero.
Frente a ello, criticó la actuación del PP en relación a la Fundación Alto Ebro y aseguró que el ex consejero de Medio Ambiente 'popular' José Luis Gil "se convirtió en patrono vitalicio y vicepresidente" de la fundación "concediéndole ayudas públicas, utilizando para tal fin su puesto como presidente del consejo de administración" de la antigua Empresa de Residuos de Cantabria (hoy MARE).
En concreto, explicó que Gil firmó un convenio con la fundación el 17 de mayo de 1999, como presidente del Consejo de Administración de la ERC, en virtud del cual se asignaban a Alto Ebro "185 millones de las antiguas pesetas" (1,1 millones de euros) para el desarrollo del proyecto del Centro Medioambiental de La Lastra.
Esta asignación de recursos se realizó "trece meses antes" de la firma del acta de constitución de la Fundación y dos años y tres meses antes de su inscripción en el Registro de Fundaciones. Por tanto, criticó que "el Gobierno del PP inyectó el dinero de todos los ciudadanos, a través de la Empresa de Residuos de Cantabria, en un ente privado jurídicamente inexistente".
