Muguruza considera "injusta" la petición de inhabilitación y lamenta que Diego opte por "bajarse los pantalones"

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, consideró hoy "absolutamente injusto y kafkiano" que la Fiscalía pida la inhabilitación de todos los miembros de la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura y cárcel para el gerente de la empresa que ejecutó las obras del túnel de Mioño y de eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal.

Frente a ello, defendió la inocencia de todos ellos y lamentó que el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, haya optado por "bajarse los pantalones" y no haya tenido "fortaleza" para hacer lo mismo y defender la presunción de inocencia.

Muguruza se expresó así, en declaraciones a Europa Press, tras conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía en el que se pide la inhabilitación de todos los componentes de la anterior Junta de Gobierno, el secretario municipal y el ex interventor, así como pena de prisión para el ex gerente de Izeta, Ignacio Díez Muro.

Una vez más el alcalde defendió la inocencia de los implicados y lamentó que no todos mantengan esa postura. Esta mañana el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, abogó por poner solución "de inmediato y con contundencia" a la situación del municipio, en el que los 'populares' forman parte del equipo de Gobierno y, de hecho, tienen también algunos ediles entre los acusados.

Para Muguruza, con esa reacción Diego "cae en la trampa de la presión mediática" y demuestra "no tener la fortaleza de defender la inocencia de quien es inocente". "Intentar ir a la demagogia y a resolver un problema de imagen ante los medios, antes que actuar con ética y moralidad, y conforme a la presunción de inocencia es bajarse los pantalones", afirmó al respecto.

En su opinión, el PP "no debería rendirse", pero lamentó que "se va a ver obligado a tomar una decisión presionado" por la "persecución".

SE HIZO "LO QUE HABÍA QUE HACER"

El alcalde de Castro explicó que la Junta de Gobierno hizo "lo que había que hacer", resolviendo el problema de las inundaciones del túnel de Mioño, y fue "por el bien público" y sin llevarse "ni una peseta". "Nuestro esfuerzo se ha visto en la mejora de multitud de situaciones preocupantes que había en Castro. Lo que se nos tenía que dar es un premio, no un castigo", sentenció Muguruza.

Según dijo, en la contratación de las obras del túnel de Mioño se hizo un "expediente de urgencia" y la Junta de Gobierno encargó que se realizara una contratación "conforme a derecho". Reconoció que ha podido haber un "problema administrativo", pero recalcó que cuando se pagaron las facturas actuó "aconsejado por el interventor".

Por ello, considera "absolutamente kafkiano" que la Fiscalía pida la inhabilitación e incluso cárcel para el empresario y piensa que no ha actuado "con verdadera libertad y análisis de la situación". "Se pretende hacer un escarmiento público porque somos incómodos a otro sector político. Y es vergonzoso que la Fiscalía se preste a esto", apostilló.

SENTENCIA YA ESCRITA

Tampoco comprende que se "penalice" este caso y no se contemple como delito el hecho de que el actual ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, concediera una subvención a la empresa de su hija cuando presidía la Junta de Andalucía; o que en el Parlamento catalán se denuncie que se están pagando comisiones. "Si no eres del equipo de Gobierno central te miran con lupa", criticó.

También denunció las filtraciones a los medios de comunicación porque, en su caso, no ha recibido aún el escrito de acusación de la Fiscalía y ya se conoce. Según dijo, la filtración es "práctica habitual de un sistema judicial que hace aguas por todas partes".

Igualmente, lamentó la trascendencia mediática del caso porque, en su opinión, "el juicio ya está hecho y el juez no se va a ver con libertad de hacer un juicio justo". Así, se mostró convencido de que "la sentencia va a estar puesta antes de que empiece siquiera el juicio".

En su opinión, esto es "absolutamente injusto" y "pone en entredicho el propio sistema democrático, el estado de derecho y las garantías jurídicas, como la presunción de inocencia".

ESCRITO DE LA FISCALÍA

La Fiscalía ha propuesto que se condene a un año de prisión y multa de 14.000 euros al ex gerente de la empresa Izeta y ha pedido diez años de inhabilitación para el ex concejal de Obras Salvador Hierro y para el ex edil de Industria Jaime Díez Muro, hermano del gerente de la empresa que se encargó de los trabajos.

Asimismo, solicita ocho años y nueve meses de inhabilitación para Muguruza, José Miguel Rodríguez López, Santiago Vélez y Concepción Carranza, también miembros de la Junta de Gobierno anterior, y siete años en el caso del edil Juan Tomás Molinero. También pide la inhabilitación por siete años del secretario municipal, César Saiz, y el ex interventor, Gregorio Alcedo.

La Fiscalía sostiene que el entonces gerente de la empresa Izeta mantuvo conversaciones y presentó oferta para las obras del túnel de Mioño "beneficiándose" de la relación familiar con su hermano concejal. De hecho, asegura que esa oferta no se trasladó al servicio de contratación para el inicio de expediente y se remitió directamente a la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó la contratación "con pleno conocimiento de la ausencia total de expediente administrativo".

Otro tanto explica respecto a la contratación de las obras de eliminación de barreras en el mercado municipal. Y en ambos casos cuestiona también la postura del secretario y el ex interventor, el uno por no advertir de la falta de expediente de contratación y el otro por no formular reparo.