24 de febrero de 2020
 

El nuevo plan de derribos pretende acabar con el problema en esta legislatura

Publicado 28/01/2020 14:20:24CET
Reunión del consejero de Obras Púbilcas, José Luis Gochicoa, con AMA
Reunión del consejero de Obras Púbilcas, José Luis Gochicoa, con AMA - GOBIERNO DE CANTABRIA

AMA muestra su "gran preocupación" y el "miedo" ante los autos inminentes de derribo

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo plan de derribos del Gobierno de Cantabria tiene como objetivo acabar con este problema definitivamente en 2023, fecha en la que prevé el derribo de las viviendas de Arnuero, puesto que a finales de 2022 ya estarán construidas las de sustitución y ya se habrán aprobado los planes generales de Piélagos y Argoños.

"Nuestro objetivo es que en esta legislatura todos los problemas estén perfectamente solucionados", ha anunciado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, quien considera que se trata de un hecho "factible" en el que se irá avanzado año a año.

El consejero ha precisado que la actualización del plan de derribos ya cuenta con un primer borrador que se dará a conocer a los ayuntamientos, y una vez consensuado con ellos, se trasladará al poder judicial y a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

De hecho, Gochicoa ha informado a hoy AMA de este avance en una de las reuniones que mantienen periódicamente, en la que también ha anunciado que la memoria ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos ya está redactada y antes de final de este mes se remitirá al Ayuntamiento para que pueda proceder a la aprobación inicial del planeamiento.

Unos anuncios que no han servido para reducir la "gran preocupación" de AMA por las viviendas con autos inminentes de derribo que podrían contemplarse como legalizables en los futuros planeamientos, ha señalado su portavoz, Antonio Vilela, quien ha pedido "ponderación" a los jueces porque después de esperar "años" para acometer los derribos, también se pueden "esperar unos meses" más, ha defendido.

Durante la reunión, el consejero también ha explicado que su departamento está esperando que el Ayuntamiento de Argoños le remita el documento de toma en consideración de las alegaciones de la última información pública para, a partir de ahí, redactar la memoria ambiental "en el menor tiempo posible" y así el Consistorio pueda proceder a la aprobación inicial del PGOU.

PLAN DE DERRIBOS

El nuevo plan de derribos es de legislatura y contempla actuaciones concretas cada año, empezando por el actual, con la intención de cumplir todas las medidas previstas para 2023.

Así, Gochicoa ha explicado que se irán "dando pasos sobre todo en aquellas situaciones en las que el planeamiento general no contemple la posibilidad de volver a construir". "Ahí es donde tenemos que hacer mayor hincapié, en los tiempos más próximos, precisamente para atender aquellas situaciones en las que no es posible otro tipo de vía más allá que el derribo de las urbanizaciones", ha señalado.

En este sentido, ha concretado que el plan propone que Cerrias sea una de las primeras actuaciones a desarrollar, empezando por las viviendas de la costa. "Lo que tiene sentido sería empezar siempre por la costa y no por las viviendas que están más hacia el interior", ha observado.

El "punto álgido" del plan, según el consejero, es la construcción de las viviendas de Arnuero. Ya disponen de un proyecto básico y próximamente se realizará una valoración de las viviendas para que los afectados tengan "la aprobación definitiva de las viviendas junto con la vivienda de sustitución, que ya todos conocen, para que decidan qué alternativa consideran".

En función de su decisión se finalizará el proyecto constructivo, que será "un trámite muy breve", y se iniciaría el procedimiento de licitación, de modo que la obras estarían en ejecución a final de año o principios de 2021. A finales de 2022 estarían "totalmente terminadas" y en 2023 se podrían ocupar, de modo que podría comenzar el derribo de las viviendas de Arnuero.

"Estamos hablando de algo que es perfectamente factible y que sería la finalización de todo este proceso", ha subrayado el consejero, que ha precisado que "mucho antes" ya se habrían aprobado los PGOU de Piélagos y Argoños. "El resto de soluciones son más facibles, con un plazo de tiempo menor", ha indicado.

Gochicoa no ha avanzado el coste del plan, que no se dará a conocer hasta que no esté consensuado, pero ha recordado que este año se contempla una partida de 6,3 euros y dentro del documento, "las viviendas que dentro del planeamiento no están contempladas como posibles, serán las primeras en ser indemnizadas para que puedan ser las primeras en ser derribadas", ha asegurado. Al respecto, tampoco ha precisado el número de viviendas que no podrán ser regularizadas recogidas en el plan.

AMA

Mientras, el portavoz de AMA ha trasladado el "miedo" de los afectados a que se puedan derribar viviendas que pudieran contemplarse como legalizables en los nuevos planeamientos.

"Tenemos autos de viviendas que pueden ser derribadas en un espacio de tiempo muy corto y nos preocupa muchísimo porque el miedo que tenemos es que se puedan derribar las viviendas cuando en los planes generales en los que se está trabajando se contemplan como regularizables. Y porque podemos estar ante el hecho absurdo de que se derribe una vivienda que luego un plan general contemple como legalizable", ha subrayado.

"El miedo que están pasando estas familias con estos autos es terrible. De hecho algunas están buscando ya dónde meter sus muebles; gente con más de 80 años que está en una situación lamentable y es muy injusto porque no tienen culpa", ha lamentado.

Por eso ha pedido a los jueces que tengan "ponderación" a la hora de efectuar las ejecuciones de sentencia. "Si después de estar esperando durante tantos años, por unos meses podemos derribar algo que ya no tiene solución y nos encontramos ante una situación tremendamente injusta".

Además, ha reclamado que no haya "afectados de primera y de segunda", sino que todos puedan tener su convenio. Sin embargo, actualmente hay más de 60 familias sin convenio con la administración "y su único pecado es que la administración condenada es un ayuntamiento y no es el Gobierno". Vilela ha pedido a las administraciones autonómica y locales que "se hagan lo antes posible estos convenios porque a esta gente no se le puede dejar tirada ni en situación de inferioridad".

Respecto a la creación del fondo para los derribos, ha denunciado que no contempla los 53 millones previstos. "Las explicaciones que nos ha dado el consejero las podemos comprender pero nos gustaría que apareciera una cantidad que se ha certificado y que la ha dicho el propio presidente de Cantabria", ha reivindicado Vilela.

El portavoz de AMA ha pedido al Gobierno y a los ayuntamientos que "hagan un esfuerzo real" para que antes de acabar este año los planes generales estén aprobados definitivamente "y los jueces puedan decidir qué viviendas pueden cumplir la legalidad y a cuáles hay que indemnizar o dar una vivienda de sustitución".

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