Santander acogerá en febrero el próximo encuentro reunión de la comisión de las comunidades con competencias en materia de justicia
SANTANDER/VALENCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de once comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia, entre ellas, Cantabria, han exigido al Gobierno central una nueva política en materia judicial con un mayor incremento de jueces y secretarios judiciales frente a nuevos juzgados, así como una política común en la organización y financiación de la nueva oficina judicial.
Éste es uno de los acuerdos adoptados en Valencia, en el marco de la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas con competencias en Justicia, y que ha dado a conocer el consejero de Presidencia y Justicia cántabro, Vicente Mediavilla.
En el texto, los representantes autonómicos explicitan su creencia en que la implantación del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia es un "proceso ilusionante e inaplazable, que debe ser afrontado con generosidad por todos los operadores jurídicos".
Para Mediavilla, éste es un acuerdo "clave", ya que denota que "la apuesta por el futuro de la Justicia es compartido por todas las Comunidades" con competencias en la materia.
Otra de las novedades que establece el documento pasa por la adecuación de las futuras ampliaciones de planta y demarcación judicial a las "actuales circunstancias presupuestarias de las CCAA".
En este sentido, ha explicado el consejero, se solicitará al Ministerio la creación de plazas de jueces, magistrados y secretarios judiciales, que no han de suponer "necesariamente" la creación del mismo número de juzgados. Así, se han avanzado algunas fórmulas, tales como tribunales colegiados de instancia, jueces de adscripción territorial, jueces de refuerzo y otras similares, que, según han acordado hoy los responsables de Justicia, "deberán ser preferentes" respecto a los "juzgados tradicionales".
Esta vía, ha explicado Mediavilla, traería consigo una "notable agilización" de los órganos judiciales de la región con un coste "menor" que el que implicaría la creación de nuevos juzgados.
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Por otro lado, las Comunidades Autónomas han manifestado "su apuesta decidida por la desjudicialización y la resolución alternativa de conflictos que, sin detrimento de la tutela judicial efectiva, pueden permitir una mejor racionalización de los recursos destinados a la defensa de los derechos de la ciudadanía".
Este compromiso unánime coincide, ha explicado Mediavilla, con los trabajos que está realizando el Gobierno de Cantabria para la aprobación de una Ley de Mediación, por lo que el consejero lo ha valorado como "un aliciente más para instaurar este mecanismo en nuestra región en las mejores condiciones posibles".
En materia de personal, han reiterado su petición de que se traspasen las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la administración de justicia. En este punto, han emplazado al Ministerio a la "urgente constitución" de una comisión con una representación de las CCAA, para que realice las "actuaciones necesarias para que la imprescindible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sea una realidad inmediata".
Además, han reclamado al Ministerio la participación en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y en sus rendimientos, así como en las tasas judiciales, ya que las CCAA son "Administraciones Públicas copartícipes en la prestación del servicio de justicia".
Este ha sido el tercer encuentro de Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, lo que, para Mediavilla, constituye la "institucionalización" de un foro en el que "administraciones con similares retos intentamos avanzar en la mejora" de este ámbito. Los responsables del mismo han decidido que el próximo encuentro se celebre en Cantabria a lo largo del mes de febrero de 2011.
Además, solicitarán al Ministerio de Justicia la convocatoria de una conferencia sectorial para el próximo mes de septiembre. Precisamente, el Ministerio será uno de los organismos a los que se hará llegar los acuerdos adoptados hoy, "para que adopten las iniciativas que les correspondan". También se remitirán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de Procuradores de España.
ACUERDO FUNDAMENTAL
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat valenciana, Paula Sánchez de León, ha sido la encargada de informar del acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Cantabria, Asturias, Aragón y Madrid, durante la reunión de la comisión de las ccaa con competencias en materia de administración de justicia, que se ha celebrado en Valencia.
Sánchez de León ha destacado que se ha llegado a un "acuerdo fundamental" en la reclamación de soluciones a lo que son las "debilidades y problemas" del sistema de Justicia. Al respecto, han coincidido en señalar que la implantación de la nueva oficina judicial debe ser la respuesta para una justicia "moderna" y adecuada a la actual coyuntura económica.
Las ccaa reclaman la creación de plazas de jueces y secretarios judiciales, así como tribunales colegiados de instancia, jueces de adscripción territorial, jueces de refuerzo y otras fórmulas similares frente a los juzgados tradicionales; también que se vincule de forma directa todos los secretarios judiciales a su ámbito territorial.
Las nuevas oficinas judiciales de 2010 "ya deben acomodarse en la medida de lo posible al nuevo modelo de oficina judicial y eso exige de una interlocución "rápida" con el Ministerio de Justicia, al que han instado a convocar la Conferencia Sectorial el próximo mes de septiembre y que se celebre con "mayor asiduidad".
Asimismo, exigen participar en la gestión de los depósitos y tasas judiciales; al Ministerio le piden que en septiembre de este año les comunique cuándo y cuánto van a recibir en materia de financiación y el procedimiento para hacerlo. Igualmente, reclaman el establecimiento de mecanismos para controlar el gasto público destinado a la justicia gratuita y la apuesta por la desjudicialización y resolución alternativa de conflictos con el objetivo de racionalizar los recursos.
En el documento que se ha consensuado también se pide al Ministerio que cumpla con los acuerdos alcanzados en las reuniones de estas comunidades de Barcelona y Pamplona, especialmente en lo que se refiere a las transferencia de competencias de personal judicial. Además, le han instado a convocar una comisión con representación de las CCAA para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"FORO ESTABLE"
Por otro lado, Sánchez de León ha destacado que esta es la tercera reunión de los consejeros de justicia --tras los encuentros del 30 de enero de 2009 en Barcelona y el 29 de enero de 2010 en Pamplona--, y ha considerado que este tipo de encuentros "casi de facto" se han constituido en un "foro estable" que desean que continúe para identificar problemas y soluciones comunes en la administración de justicia.
La reunión ha contado con la presencia de los consejeros de Justicia de la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León; de Galicia, Alfonso Rueda; de Canarias, Miguel Ruano; Navarra, Javier Caballero; Madrid, Francisco Granados; Cantabria, José Vicente Mediavilla; y Aragón, Rogelio Silva.
Además, han asistido el viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, el director general de Justicia de Asturias, el secretario general de Justicia de Andalucía y el secretario general de Justicia de Cataluña, Joan Xirau.
