Organizaciones ecologistas exigen el cumplimiento de las sentencias de derribo de las urbanizaciones de Cerrias

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis organizaciones ecologistas --Amigos de la Tierra, ARCA, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF-- han exigido en un comunicado conjunto el cumplimiento de las sentencias de derribo de las urbanizaciones de Cerrias, en Liencres.

Las organizaciones señalan que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos "cometen un error al negarse" a cumplir una sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en 1998 y ratificada en 2002 por el Tribunal Supremo.

Recuerdan además que un reciente auto del TSJC exige al alcalde que, en el plazo de seis meses, concluya la demolición de 17 chalets que fueron construidos a 20 metros de la playa de Cerrias "incumpliendo" todos los requisitos que exige la Ley del Suelo, con la advertencia de que, de lo contrario, será denunciado por delito de desobediencia y se impondrán multas coercitivas.

Según las organizaciones, resulta "lamentable" que las mismas instituciones políticas que han cosechado en los últimos años numerosas sentencias de derribo, estén ahora "menoscabando" el papel constitucional de los órganos judiciales y propongan públicamente "evitar el cumplimiento" de una sentencia firme del Tribunal Supremo.

A su juicio, las declaraciones hechas por el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, "confunden" a la opinión pública e "ignoran" la legalidad vigente. Las Administraciones "deben acatar" las resoluciones judiciales y "buscar soluciones" para dar cumplimiento a la Ley de Costas, añaden.

Ante este tipo de afirmaciones que, según dicen, "vienen repitiéndose a diario" desde el pasado 30 de noviembre, fecha en que se hizo público el auto del TSJC, las asociaciones ecologistas exigen el cumplimiento de "todas" las sentencias firmes de derribo y la "asunción" de responsabilidades políticas por parte de los cargos implicados en ellas.

Para Amigos de la Tierra, ARCA, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF este cumplimiento es "la única forma" de restituir la legalidad urbanística y "la obligación" de los poderes públicos es acatarlas, así como prestar a los jueces "todo" el apoyo necesario para su ejecución.

MÁS DE 500 VIVIENDAS EN PIÉLAGOS

Destacan que el fallo que ordena la demolición de la urbanización Cerrias I "es firme" desde el 2002, año en que el Tribunal Supremo confirmó una sentencia dictada por el TSJC en 1998, pero el municipio de Piélagos acumula otras muchas órdenes de derribo que afectan a "más de 500 viviendas", recalcan.

Entre ellas, destacan la que ordena demoler la urbanización Cerrias II, que fue concluida después de conocerse "la ilegalidad" de su predecesora Cerrias I, y la "catarata" de resoluciones dictadas durante 2009. Unas sentencias que, según los ecologistas, anulaban las licencias y ordenaban la demolición de todo lo construido en el Plan Parcial del Alto del Cuco, actuación que fue definida por el TSJC como una "dentellada" al monte La Picota, junto al Parque Natural de Liencres.

Las organizaciones recalcan que el litoral de Cantabria, en su conjunto, ha sufrido un proceso de urbanización "salvaje y plagado de violaciones" a la legalidad ambiental. Prueba de ello es que en sus 284 kilómetros de costa acumulan "más de un millar" de viviendas con sentencia de derribo, subrayan.

Por último, reclaman una "rápida y justa indemnización" a los propietarios de las viviendas con sentencia de derribo, así como la redacción de un proyecto de restauración paisajística para todo el entorno de la ensenada de Portio y Somocuevas, con especial atención al sector L-01. Todo ello, sin olvidar "el desmantelamiento" de los obstáculos que entorpecen en la zona el uso de la servidumbre de tránsito establecida por la Ley de Costas.