SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un súbdito marroquí en situación de estancia ilegal en España, A.EH., se enfrentará el próximo lunes, en la sección primera de la Audiencia Provincial, a un juicio en el que se le acusa de un delito de robo con violencia y lesiones a su jefe y por el que se pide que cumpla un total de cinco años y medio de prisión o se le sustituya la condena por la expulsión del país.
Según el escrito de la Fiscalía, A.EH. acusado, trabajaba en el taller de confección de A.EA., situado en el Barrio La Ermita de Cicero.
Entre las 21.00 y las 22.30 horas del 26 de diciembre de 2004, el acusado pidió un anticipo a su jefe. Una vez terminaron de hacer cuentas, el jefe le entregó a A.EH. 862 euros, que sacó de un sobre en el que le quedaron otros 538 euros.
Así, cuando el propietario del taller fue a guardar el sobre, A.E.H. le empujó y le agredió dándole puñetazos en la cara reiteradamente, hasta que consiguió arrebatarle el resto del dinero y darse a la fuga.
Como consecuencia de la agresión, A.EA. sufrió contusión craneal y perdió dos dientes, lo que supone una deformidad, según señala el fiscal. Requirió asistencia facultativa y sus lesiones tardaron en curar 27 días, de los que durante nueve no pudo hacerse cargo de sus ocupaciones habituales.
El acusado es de nacionalidad marroquí y tiene el permiso de residencia caducado, por lo que está ilegal. Además, tiene numerosos antecedentes policiales.
Ante estos hechos, el fiscal solicita que se le imponga la pena de dos años y medio de prisión por el delito de robo con violencia y tres años de prisión por las lesiones causantes de deformidad. Con todo, el fiscal solicita que, en caso de resultar una sentencia condenatoria, se sustituyan las penas impuestas por la expulsión del territorio nacional, dada la condición de extranjero ilegal del acusado.
Además, se pide que A.EH. indemnice a A.EA. con 538 euros por el importe sustraído, 414 por los días impeditivos a consecuencia de las lesiones producidas y otros 450 euros por los días que tardaron en curar, además de la cantidad que se determine por las secuelas.
Sin embargo, la Defensa pide que se absuelva libremente al acusado, puesto que no ha cometido ningún delito. Asegura que A.EH. fue expulsado del trabajo y de la vivienda en la que residía y que su jefe, que le tenía retenido el pasaporte, le debía, además, el salario.
En este sentido, afirma que la denuncia por supuesto robo y agresión interpuesta por el jefe es falsa y se debe a que el acusado iba a denunciar la situación irregular en la que trabajaba y la retención del pasaporte, llegando incluso a acudir a la Guardia Civil a denunciar los hechos acompañado de un conocido del pueblo.