SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal ha solicitado penas que suman en total 19 años de prisión para cuatro personas acusadas de tráfico de drogas que serán juzgadas a partir de mañana, lunes, día 7 de mayo, en la sección primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, a partir de las nueve y media de la mañana.
El juicio contra los acusados --tres hombres y una mujer-- de formar una red de tráfico de cocaína que operaba en Santander, al menos, entre 2003 y 2005, continuará el martes, día 8 de mayo.
En concreto, el Ministerio Fiscal solicita, por un delito contra la salud pública, una pena de cinco años de prisión y multa de 600 euros para tres de ellos, y cuatro años de cárcel y multa de 400 euros para el cuarto.
Según el relato de los hechos realizado por el Ministerio Público, el primero de los acusados: O.R.G., ya anteriormente condenado en tres sentencias, se dedicaba, desde diciembre de 2003, a la venta de cocaína, para lo cual los compradores contactaban con él mediante llamadas, tanto a su teléfono móvil, como al de su compañera sentimental y también procesada P.S.R., quien convivía junto a su novio en un piso de la calle Vargas de Santander, cooperando en las actividades de custodia y venta de la droga.
Un tercer acusado el este proceso: F.F.SE, colaboraba igualmente con el primer acusado en la custodia, distribución y venta de las sustancias estupefacientes que, en numerosas ocasiones, depositaba en una vivienda de la que disponía en la calle Santo Toribio de Santander y que habitualmente trasladaba a un buzón de correos de un portal del domicilio de la pareja acusada, al que además se dirigía frecuentemente para realizar ventas previo contacto con los compradores en las inmediaciones de la calle Vargas. Una vez consumadas las entregas y recibidos los pagos, hacía entrega de las cantidades percibidas a O.R.G, quien controlaba las operaciones.
Finalmente, el cuarto acusado, A.G.M, realizaba distintas entregas de sustancias estupefacientes a compradores por encargo de O.R.G.
El Fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito contra la salud pública que causan grave daño a la salud, y solicita, para los tres primeros acusados, la pena de cinco años de prisión y multa de 600 euros, y cuatro años y multa de 400 euros para el cuarto procesado.
