Se incluyen los criterios para el pago a proveedores del Consejo de Política Fiscal, cambios en la Ley de Cajas y en la de Control Ambiental
SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria, conocido como plan de ajuste, supondrá la modificación de hasta nueve leyes autonómicas y la derogación de otras tres, para poder dar cobertura a las medidas que plantea el Ejecutivo regional.
Fue presentado el pasado mes de febrero por el presidente, Ignacio Diego, para hacer frente a la situación creada en Cantabria como consecuencia de la deuda sanitaria y a la situación económica de la región, con el objetivo de obtener este mismo año un total de 157 millones de euros.
Para ello, contempla medidas como la implantación del denominado céntimo sanitario, la reducción a la mitad de las empresas públicas, la supresión de los consejos asesores (CES, Mujer y Juventud), la reducción de diputados de 39 a 35, y modificaciones en las condiciones laborales de empleados públicos, entre otras.
Para poder llevarlas a cabo, ya se avanzó entonces que harían falta dos leyes: una para el reconocimiento de la deuda sanitaria, cifrada por el Gobierno en 261 millones de euros, y otra para realizar las modificaciones legales oportunas para llevarlas a cabo, al estilo de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.
Ese texto, llamado Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, es ya un anteproyecto, que se aprobará la semana que viene en un Consejo de Gobierno extraordinario.
El anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, consta de una exposición de motivos, cuatro títulos, 25 artículos, siete disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.
Y supone la modificación de nueve leyes autonómicas: la Ley de Derechos y Servicios Sociales, la de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales, la de Tasas y Precios Públicos (de 1992), la de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración General de la Comunidad Autónoma, la de Finanzas, la de Cajas de Ahorro, la de Control Ambiental Integrado, la de Elecciones al Parlamento de Cantabria y la de Función Pública.
Asimismo, el anteproyecto recoge la derogación de tres leyes: las de creación del Consejo Económico y Social (CES), del Consejo de la Mujer y del Consejo de la Juventud.
Estos organismos consultivos quedan suprimidos, sus bienes pasan al Ejecutivo y, en el caso de los de Mujer y Juventud, se crean, para canalizar la participación de asociaciones y colectivos, dos Comisiones de Participación, de Mujer y Juventud, respectivamente.
También se derogan partes de la Ley de Derechos y Servicios Sociales y de la de creación de la Agencia Tributaria Cántabra.
El Gobierno defiende en su exposición de motivos que persigue propiciar la reducción del déficit, además de ahorros en el personal y el "redimensionamiento y flexibilización" de la Administración.
El texto precisa que las medidas serán objeto de "revisión" en cuanto se reduzca el déficit público "estructural" y la minoración de la deuda pública, de forma que se permita la "garantía" de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
CAMBIOS
Entre las novedades se encuentra el cambio en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno para incluir los criterios del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas aprobado en marzo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, facultando al Gobierno cántabro para que apruebe la formalización de operaciones de endeudamiento.
Se suspende la obligación de convocar concursos periódicos de empleo público, y se fija un tope salarial por categorías para las empresas públicas, que este año no podrán realizar contrataciones de personal.
En los funcionarios, a través de distintas modificaciones legislativas, se varían los criterios para conceptos como los permisos, bajas o reducciones de jornada, con los cambios ya anunciados en las jornadas de docentes o sanitarios.
El plan persigue favorecer los contratos administrativos que persigan ahorros o reducción de déficit, suprime varias escalas funcionariales, adscribe determinados puestos a la Consejería de Presidencia, introduciendo criterios de flexibilidad en la adscripción de puestos y extingue todas las encomiendas de gestión que se hubieran realizado a la sociedad pública Emcanta, que pasan a la propia Administración.
La modificación más extensa afecta a la Ley de Derechos y Servicios Sociales de 2007, en aspectos como los relacionados con la Renta Social Básica, que se somete a nuevas condiciones.
En el campo de los servicios sociales, se crea una nueva tasa, a la revisión de las valoraciones que se hagan de una situación de dependencia.
En los supuestos en que existan terceros obligados al pago de precios públicos por servicios de asistencia sanitaria, si el usuario que percibe el servicio no facilita los datos de los obligados para su correcta facturación, entonces el gasto será a su cargo.
La de las elecciones al Parlamento es la que recoge la reducción de diputados, de 39 a 35, que será efectiva ya en las próximas elecciones autonómicas.
En la Ley de Control Ambiental Integrado, el acta de conformidad ambiental pasará a ser exigible "únicamente" a aquellas actividades que vayan a iniciar su funcionamiento después de la entrada en vigor de la ley (2006).
LEY DE CAJAS
El cambio en la Ley de Cajas de Ahorro establece que la Administración de las Cajas con domicilio social en Cantabria corresponda a los órganos: Asamblea General, Consejo de Administración, Comisiones de Control, Inversiones, Retribuciones y Nombramientos, y Obra Social, y Director General.
Pero en el caso de cajas con domicilio social en Cantabria y que desarrollen su actividad financiera indirectamente, los órganos serán: la Asamblea General, Consejo de Administración, y, "potestativamente", la Comisión de Control.
Los intereses colectivos de los impositores y corporaciones municipales que no hayan sido fundadoras, en estos casos, les corresponderán, en las corporaciones, a aquellas en donde tenga abierta oficina la entidad bancaria a través de la cual la caja desarrolle su actividad financiera y, para impositores y trabajadores, sobre la base de los colectivos.
Para estas cajas, con actividad financiera indirecta, las asambleas ordinarias serán una vez al año.
