SANTANDER, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Plan de ejecución de sentencias de derribo de Cantabria ha permitido en año y medio la legalización de cuatro viviendas en Argoños, a las que se ha otorgado nueva licencia, y la demolición de una estructura, también en este municipio, según ha indicado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, con motivo de su comparecencia, a petición propia, en el Parlamento, para informar del avance del plan.
Durante la comisión de Medio Ambiente, el consejero ha destacado que el plan "ha ido avanzando" desde su aprobación, en septiembre de 2011, y destacado que esas cuatro legalizaciones y la demolición, que son la "punta del iceberg", suponen también algo "simbólico", ya que este resultado es "muy representativo" de la proporción de legalizaciones y derribos que contempla el plan, que prevé salvar en torno al 70-80% de las viviendas con sentencia que hay en la región, y que el 20-30% restante sean demolidas.
Pero para seguir avanzando, ha señalado Fernández, -que también ha reconocido que en algunos casos ha habido "retrasos muy importantes"-- "hoy por hoy" se tienen que ir aprobando los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios, ha indicado.
Tras recordar que las líneas de actuación del plan son legalizar las viviendas legalizables a través de licencias directas o demoler las que no tengan acomodo en la ley, el titular de Medio Ambiente ha destacado que, dentro de ese primer supuesto, figuran las cuatro viviendas de Argoños que se van a legalizar, a las que se han concedido ya nuevas licencias.
No obstante, ha apuntado que el proceso "no ha terminado", pues se trata de un supuesto de legalización y el Ayuntamiento tiene que plantear ante el Juzgado causa de inejecución de sentencia, por lo que hay que esperar a que se pronuncien los órganos judiciales, una vez se traslade el expediente a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)
En cuanto a la revisión del PGOU de este municipio, el consejero ha señalado que la misma depende "en buena medida" de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, que se encuentra en fase de tramitación ambiental. Se trata de un paso "muy importante" para aclarar la situación jurídica de viviendas como las de La Llana o Pueblo del Mar.
OTROS MUNICIPIOS
Sobre otros casos, el consejero ha considerado que "se está avanzando considerablemente", como en Escalante, donde "en un plazo muy breve" habrá una autorización provisional de una construcción condenada al derribo. Además, este verano se prevé contar con un avance de su plan de ordenación, ha añadido.
En Miengo, la aprobación inicial del PGOU podría estar antes de agosto o, si no, para septiembre. Este Ayuntamiento también está, además, en disposición de otorgar autorizaciones provisionales a dos construcciones.
San Vicente de la Barquera ha avanzado igualmente "de forma clara y considerable" en la aprobación de su plan general, mientras que el Ayuntamiento de Piélagos está "trabajando intensamente" con la Consejería en la revisión del PGOU, para abordar así distintos supuestos de demolición, como Entrelindes o Cerrias, por ejemplo.
En este último caso, donde 17 chalés tienen sentencia de derribo, Fernández ha recordado que, "a priori", la recién aprobada reforma de la Ley de Costas no permitiría una "solución adecuada" para las mismas. Pero, en cualquier caso, ha subrayado que "se ha avanzado en todos y cada uno de los casos" y se trata, por tanto, de un municipio que está en disposición de dar "pasos muy importantes" de cara a conceder autorizaciones provisionales.
Respecto a los casos que, en principio, no podrían legalizarse conforme a las soluciones previstas en el plan de ejecución de derribos, Fernández se ha referido a la urbanización de La Arena, donde hay un acuerdo entre el Ayuntamiento y las partes sobre el calendario para llevar a cabo las demoliciones, ya que "antes de proceder a la demolición, hay que indemnizar", ha recalcado.
INDEMNIZACIONES
En este punto, ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de abril, que declaró inconstitucional la ley aprobada en el Parlamento de Cantabria para indemnizar a los afectados antes del derribo, así como el acuerdo adoptado a principios del mes pasado por el Consejo de Gobierno de impulsar un proyecto de ley (que contaría con el apoyo del PRC, además del PP) para conceder autorizaciones provisionales a unas 450 viviendas y en el plazo de un año, y garantizar que la indemnización sea previa a la demolición.
Y es que, "sea cual sea el resultado" de la demolición, hay que garantizar a los afectados su derecho "previo" a la indemnización, ha insistido el consejero, que espera que la iniciativa promovida sea "en pocos días una realidad"
SIN PRISAS Y CON ESCASOS AVANCES
Tras la exposición del consejero, el portavoz socialista en la materia, Miguel Ángel Palacio, ha opinado que el actual Gobierno del PP "no ha tenido prisa, ni la tiene" para resolver el problema de los derribos. Así, ha comentado que no existe relación entre la situación en que se encuentran viviendas condenadas al derribo y la "celeridad" del Ejecutivo, ya que, por ejemplo, los nuevos instrumentos de planeamiento urbanístico "no van todo lo rápido que debieran".
A citado al respecto que, por ejemplo, en Escalante las sentencias de demolición datan de 1992, mientras que en 2001 se anunció la decisión de revisar el PGOU que, hasta este ejercicio, no va a contar con la aprobación del avance.
En similares términos, el portavoz regionalista y exconsejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, ha confesado que "esperaba mejores resultados" del plan. Y es que, en su opinión, los avances logrados son "escasísimos". "Se ha avanzado poquísimo", ha dicho.
También ha reflexionado que el actual titular del departamento está "tropezando" con "la misma piedra" que cuando gobernaba el PRC y tenía las competencias en la materia. Así, para Mazón, no hay "gran diferencia" entre la gestión de regionalistas y 'populares' en el tema de los derribos.
Sobre la legalización de las cuatro viviendas de Argoños, ha indicado que hace seis años se pidió al alcalde que las legalizara, pues "lo tenía chupado", y ha añadido que demoler una estructura "tampoco es para presumir".
En términos generales, el diputado del PRC ha apuntado que "casi todas" las sentencias de demolición son anteriores al año 1995, "antes", por tanto, de que el líder del partido y expresidente de la Comunidad, Miguel Ángel Revilla, estuviera en el Gobierno (los últimos ochos años como presidente, con el apoyo del PSOE, y los ocho anteriores como vicepresidente, en coalición con el PP).
Pero para el portavoz del PP Iñigo Fernández, en los últimos dos años se ha avanzado en el sentido de que se ha situado a los afectados "en el centro" del problema. Y se ha avanzado "mucho más" que en la época de Mazón, pues si legalizar cuatro viviendas en año y medio es "poco", no legalizar ninguna en ocho años es "bastante menos". "Ya está bien de no hacerse responsable de nada", ha sentenciado, después de indicar que en la etapa de Revilla se concedieron licencias a 250 viviendas de Argoños, por ejemplo.
VUELTA OSTRERA
Por otro lado, y sobre la depuradora de Vuelta Ostrera, Palacio ha dicho que es "falso" que el PSOE vaya a recurrir la solución contemplada en la Ley de Costas, como comentó el pasado lunes en el Pleno el consejero que, por su parte, se ha "alegra" de que no sea cierto el "rumor" que le había llegado por la mañana y que le puso "la piel de gallina"
Así, ha apostado de nuevo por aprovechar la vida útil de esta infraestructura y amortizar la inversión. "Ya se hará otra cuando mejore la situación económica", ha remachado para finalizar.
