El Gobierno presenta hoy el programa de actuación del Plan de Derribos al Parlamento, TSJC y afectados
SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El programa de actuación del Plan de Derribos elaborado por el Gobierno de Cantabria para hacer frente al problema de las urbanizaciones con sentencias de demolición en la costa cántabra prevé la legalización de 400 viviendas y traslada su ejecución a los ayuntamientos.
Este programa, que el Gobierno presentará hoy al Parlamento, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y los afectados, "deja claro" que la iniciativa de su ejecución corresponde a los ayuntamientos, "ya que es municipal la competencia para elaborar los diferentes instrumentos de planeamiento general y de desarrollo", según señaló el Ejecutivo.
La Administración regional también sostiene que no le compete "fijar ni asumir" los costes económicos derivados del Plan. Así, afirman que en el caso de las indemnizaciones, "su complejidad y casuística hacen imposible concretar y cuantificar, a día de hoy, las responsabilidades que puedan corresponder a cada una de las partes implicadas".
"En consecuencia, el contenido de este programa de actuación del Plan de Derribos no implica la asunción de ningún tipo de compromiso ni responsabilidad por parte del Gobierno de Cantabria en relación con las sentencias de derribo", aseveraron.
Por el contrario, el papel de la Administración es el de "colaboración y coordinación" conforme al contenido de las sentencias y queda "circunscrito" a la labor de colaboración con todas las partes y operadores jurídicos.
La fijación de las posibles indemnizaciones, la responsabilidad de las distintas partes, los deberes y derechos derivados de las actuaciones y el resto de las cuestiones controvertidas jurídicamente deberán establecerse de manera individualizada y por los órganos competentes, explicaron.
PLAN DE DERRIBOS
Dentro de las estrategias del plan se establece la exploración de las posibilidades que el propio ordenamiento jurídico y la jurisprudencia ofrecen en los supuestos en los que, superados los defectos de procedimiento o tras la aprobación de una nueva ordenación territorial o urbanística, pueda considerarse innecesario o imposible desde el punto de vista legal la ejecución material de los fallos.
El plan prevé la posibilidad de legalizar unas 400 viviendas, mediante la modificación de los actuales planeamientos urbanísticos municipales, y el derribo de las restantes, con la posibilidad de promover alternativas de carácter urbanístico que posibiliten la compensación a los afectados por el derribo de las viviendas que no puedan ser legalizadas.
El Gobierno precisó que este plan de actuación no tiene un carácter cerrado y está abierto a posibles iniciativas por parte de terceros, con la posibilidad de redactar documentos complementarios sobre aquellos aspectos que precisen nuevas aportaciones.
Según recordaron, la presentación por el Gobierno de este documento parte de una iniciativa de los grupos parlamentarios, plasmada en una proposición no de ley.
A la vista de este requerimiento, el Ejecutivo cántabro elaboró un plan de actuación, que fue presentado en el Tribunal Superior de Justicia, entregado en el Parlamento y distribuido a los ayuntamientos afectados, la Asociación de Maltratados de la Administración (AMA) y la asociación ecologista ARCA.
Posteriormente, y a petición AMA, el contenido del plan se amplió con la inclusión de una programación orientativa, con plazos aproximados y una valoración económica estimada para las actuaciones generales previstas.
