(PUENTE DE SAN MIGUEL, REOCÍN), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria autonómica del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que el anuncio del actual Gobierno regional (PRC-PSOE) de devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es un "engaño" y ha afirmado que el Ejecutivo solo va a seguir aplicando el Programa de Protección Social de la Salud Pública que implantó el anterior Ejecutivo (PP) para asegurar el acceso, atención y gratuidad de la atención sanitaria a este colectivo.
"En este momento, con la Ley en la mano y mientras no se cambie, el Gobierno no dice la verdad cuando está hablando de devolver derechos y devolver tarjetas sino lo que está diciendo es que va a seguuir aplicando el Programa de Protección Social de la Salud que puso en marcha el Partido Popular", ha apuntado Sáenz de Buruaga en respuesta al anuncio realizado el lunes por la vicepresidenta regional y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, de que se iba a devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
En declaraciones realizadas antes de asistir en Puente San Miguel a la eucaristía con motivo del Día de las Instituciones Cántabras, la exvicepresidenta regional ha afirmado que con este anuncio el Gobierno actual "no dice toda la verdad".
"Mal empezamos en verdad cuando una cuestión tan vital, cuando un asunto tan sensible como es la política sanitaria, el Gobierno de Cantabria tiene que acudir a la manipulación, acudir a la mentira, a la falsedad para dar por cumplidos sus compromisos con los ciudadanos", ha aseverado.
Sáenz de Buruaga ha asegurado que, a pesar de que el Real Decreto Ley 16/2012 que reformó el aseguramiento supuso dar de baja más de 4.800 sanitarias de inmigrantes irregulares en Cantabria mayores de 18 años, "no ha habido" ninguno que lo precisase que se haya visto privado de asistencia sanitaria o que se le haya cobrado por ello en el sistema público.
Por otra parte, la exconsejera ha recordado que, mientras no se derogue o modifique, el Real Decreto es de "obligado cumplimiento", si bien ha considerado "lícito" que en el Consejo Interterritorial de Salud se quiera plantear esta cuestión.
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