C's dice que es viable técnica y medioambientalmente, y rentable desde el punto de vista económico
SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El PP ha advertido este lunes en el Pleno del Parlamento que el contrato con la Diputación de Guipúzcoa para el vertido de residuos en el vertedero de Meruelo "no es legal", y ha asegurado que encima "el precio es de ganga". En la misma línea, Podemos cree que el Gobierno "nos ha querido engañar otra vez más", y le ha acusado de "bordear la legalidad", con informes "de parte".
Tanto el PP como Podemos han cuestionado algunos informes que acompañan al expediente, y han denunciado que los residuos procedentes de Guipúzcoa llegarán a Meruelo compactados pero "sin ningún tipo de tratamiento".
Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha subrayado que el contrato con la Diputación de Guipúzcoa es una operación "técnicamente viable", que desde el punto de vista ambiental "no supone ningún perjuicio" para Cantabria, y que aporta rentabilidad económica, lo que permitirá sanear la empresa pública MARE, ampliar el vertedero y realizar obras de saneamiento, "todo con un estricto control parlamentario".
C's ha pedido como condición que no se use el dinero procedente de esta operación para "hinchar" MARE. En este sentido, Ciudadanos ha planteado como exigencias concretas para apoyar el convenio liquidar las pérdidas de la empresa pública; consolidar y no aumentar los puestos de trabajo; y destinar los ingresos restantes a la ampliación del vertedero y el plan de infraestructuras de saneamiento.
Asimismo, pide que el Gobierno regional informe con una periodicidad de seis meses en el Parlamento de los distintos aspectos del convenio y el destino de los ingresos. El portavoz de C's, Rubén Gómez, ha subrayado que la vida útil del vertedero de Meruelo se ha ido alargando, y ha recalcado que incluso con los residuos de Guipúzcoa, el volumen anual de vertidos será "todavía bastante menor que el de 2006".
Sin embargo, la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, ha dicho que con este contrato se pasa de "un mínimo de 200.000 toneladas en cuatro años que se planteó inicialmente a casi 200.000 en casi dos años", lo que va a hacer que la basura que llega al vertedero de Meruelo sea "la misma que hace ocho años".
Ordóñez ha denunciado que el acuerdo con Guipúzcoa "va a empeorar nuestras tasas de vertido al vertedero", porque una parte de los residuos procedentes de la provincia vecina es "susceptible de ser valorizada" pero no lo va a ser. En este sentido, ha acusado al Gobierno de hacer un "uso torticero" del lenguaje y de las normas porque "compactar no es tratar".
"LA INSOLIDARIDAD ES DE GUIPÚZCOA"
El presidente del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha señalado que "las basuras de Guipúzcoa no tienen donde caerse muertas desde hace ocho años", y ha rechazado el argumento de la solidaridad interterritorial esgrimido por el Gobierno y los grupos que lo sustentan.
"En todo caso, la insolidaridad es de Guipúzcoa para el resto de territorios a los que les echa la basura", la insolidaridad está del otro lado", ha dicho Diego tras señalar que Guipúzcoa ha estado vertiendo sus residuos durante cinco años en Vizcaya y el PSOE de aquella provincia prometió en diciembre de 2014 cerrar todos los vertederos abiertos y que no se haga ninguno nuevo.
El líder del PP ha rechazado que Meruelo sea "la única alternativa viable" para los residuos de Guipúzcoa, y ha destacado que Cantabria no ha construido una planta de valorización para "tirar basura a esgalla sin ningún tipo de tratamiento previo.
APOYO DE PRC Y PSOE
Desde el PSOE, Silvia Abascal ha defendido que el acuerdo entre el Gobierno regional y el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa es "medioambiantalmente y técnicamente factible" y no ocasionaría "ningún perjuicio" a Cantabria, ya que entre otras cosas el impacto de las basuras de la provincia vasca sobre la vida útil del vertedero de Meruelo es "mínimo".
Y, además, aunque a "algunos les pese", el convenio tiene "beneficios" desde el punto de vista económico y laboral, ya que ayudaría a reducir el déficit de MARE y garantiza los 272 empleos directos de esta empresa pública. Además, la diputada del PSC-PSOE ha destacado que de este sector dependen también 300 puestos indirectos de distintas empresas, como las transportistas o de gestoras de residuos. "572 familias dependen del sector", ha enfatizado.
Con todo, ha subrayado que el contrato es "social y económicamente rentable", y cumple la normativa europea y la legislación española y cántabra, y ha censurado lo que ha definido como "festival de la demagogia" en torno a este acuerdo surgido tras la firma del preacuerdo.
Abascal ha lamentado que PP y Podemos se opongan al convenio, especialmente este último partido, cuando se trata de una operación que, como ha incidido, va contribuir a mantener una empresa, una actividad y empleos "públicos". En este sentido, ha lamentado que los podemitas se "pongan al lado" de los 'populares' y "en contra" de las empresas públicas.
En cuanto a la tramitación, la parlamentaria del PSC-PSOE ve "bochornoso" que diputados de PP y Podemos critiquen el escaso tiempo para estudiar la documentación, cuando tienen "dedicación exclusiva" para analizarlo durante seis días.
Algo en lo que también ha incidido su homólogo del PRC, Pedro Hernando, quien ha defendido que pese al "enfado" y el "paripé mediático" de ambos partidos por "falta de tiempo", cuando por ejemplo el PP tiene 13 diputados -entre ellos "reputados expertos en basura" como Ignacio Diego o Iñigo de la Serna, ha dicho- para estudiar en seis días "48 folios".
Pero según el regionalista la tramitación del convenio ha sido "correcta", "ajustada" y "coherente", y ha destacado, al igual que la portavoz del PSOE, la importancia de mantener el empleo.
Hernando ha subrayado los cuatro "pilares" en los que se sustenta el acuerdo: coordinación, cooperación, y solidaridad interterritorial; ausencia de perjuicios al medio ambiente, mínima repercusión en la vida útil del vertedero, y beneficios económicos y laborales, ha citado.
Se trata, por tanto, de asumir "un reto" y un iniciativa "buena" para Cantabria y sus ciudadanos, por lo que ha pedido a PP y Podemos que "alejen la demagogia" que a su juicio han protagonizado en los últimos días en torno a un convenio que se caracteriza por su "respeto" a la legalidad y con el medio ambiente.
Finalmente, el parlamentario del PRC ha avanzado que su grupo pedirá que se modifique la redacción de la cláusula séptima del convenio propuesto por Guipúzcoa, sobre la reciprocidad, para que se aclare y no lleve a equívocos. El fin de la misma es que si Cantabria un día lo necesita, pueda verter en Guipúzcoa.
