PP denuncia que Gobierno PRC-PSOE ha aprobado "en secreto" recortes por 35 millones y "va a hacer más"

La presidenta del PP de Cantabria,. María José Sáenz de Buruaga
La presidenta del PP de Cantabria,. María José Sáenz de Buruaga - PP CANTABRIA
Actualizado: viernes, 27 septiembre 2019 12:55

Acusa al bipartito de "ocultar" que el Ministerio ha alertado a Cantabria del riesgo de no cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP denuncia que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha "ocultado" que el Ministerio de Hacienda le ha advertido del "riesgo evidente" de que no cumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2019, lo que ha llevado al Ejecutivo regional a aprobar "en secreto" recortes de 35 millones de euros en todas las consejerías y "va a hacer más".

En rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha alertado de la "mala situación" en que se encuentran las cuentas públicas de la comunidad que, según ha dicho, tienen ya un "enorme agujero", en el que faltan al menos 85 millones de euros para pagar las nóminas hasta final de año de los empleados públicos.

Según el PP, esto se debe a que regionalistas y socialistas han presupuestado "mal" las cuentas de 2019 al "falsear" e "inflar" los ingresos para poder, así, hichar también los gastos, además de haber presupuestado "a la baja" partidas "esenciales", "fundamentalmente" en educación y sanidad.

Sáenz de Buruaga ha señalado que la advertencia del Ministerio al Gobierno de Cantabria del riesgo de no cumplir las reglas fiscales de este año aun si se reciben del Ejecutivo central las entregas a cuenta actualizadas se produjo el 14 de agosto.

Según ha relatado, unas dos semanas después, el día 27 del mismo mes, la Consejería de Hacienda "reaccionó" dando instrucciones por escrito a las distintas consejerías a recortar, "aniquilando" la inversión pública en la comunidad y llevando al Consejo de Gobierno y aprobando una batería de modificaciones de crédito "a la desesperada", recortando políticas y "vaciando partidas de gasto esenciales".

Como ejemplo, la líder del PP cántabro ha advertido que han "desaparecido" 8,3 milones en infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud; más de 4 millones en industria en partidas, entre otras, dirigidas a los incentivos en la cuenca del Besaya o 7,3 para el fomento del empleo.

Sáenz de Buruaga ha señalado que con estos recortes, el Gobierno "abandona las políticas productivas", con lo que se "para" la economía de la región. A su juicio el Gobierno bipartito está aplicando "la peor receta" y en un "momento crítico de desaceleración económica" en la comunidad.

"El Gobierno de Cantabria está hacieno todo lo contrario de lo que hay que hacer: recortar la inversión pública en lugar de impulsarla, frenar la inversión empresarial y el consumo familiar negándose a bajar impuesto, y disparar el gasto público improductivo, el déficit público y la deuda", ha dicho Sáenz de Buruaga, que considera que la comunidad está volviendo a recorrer "exactamente el mismo camino" a la quiebra económica que ya hizo con la crisis.

El PP ha realizado esta denuncia después de que el lunes, en el Pleno del Parlamento, la consejera de Economía y Haciendo, María Sánchez (PSOE), asegurará, en respuesta a una interpelación de los populares, que Cantabria cumplirá el déficit si recibe la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA de 2017 por parte del Estado.

Sáenz de Buruaga ha acusado a la consejera de "ocultar" la advertencia del Ministerio y la aplicación de recortes.

El PP llevará el lunes, 30 de septiembre, al Pleno una moción para reclamar al Gobierno que cumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria, que reduzca el gasto improductivo y que se abstenga de minorar créditos destinados a educación, sanidad, dependencia y sistema de protección social.

También, con su moción, el PP pretende que el Parlamento acuerde crear una comisión especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, como la que ya existió en la pasada legislatura, para evitar la "ocultación" por parte del Ejecutivo.

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