Presenta sendos escritos para que se designe ya la ponencia y se inicie el debate de las enmiendas parciales
SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La diputada regional del PP María José Sáenz de Buruaga denunció hoy el "anormal e insólito" retraso existente en la tramitación de la Ley de Garantías de Demora que, a su juicio, pone de relieve la "desidia y el desinterés" del Gobierno por debatir y aprobar el texto. Además, en su opinión, si el Ejecutivo de verdad cree que esta ley es la solución a los problemas de listas de espera, el retraso es entonces "mucho más criticable, irresponsable, frívolo e indecente".
Según criticó, desde que se debatiera en el Pleno de la Cámara la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Popular, ha transcurrido ya más de un mes sin que se haya iniciado el debate de las enmiendas parciales.
Por ello, su Grupo ha registrado sendos escritos dirigidos al presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, y a la presidenta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la socialista Cristina Pereda, para que se convoque de "inmediato" la Comisión para fijar los ponentes de los tres grupos parlamentarios encargados de informar el texto.
Sáenz de Buruaga aseguró que la tramitación del proyecto de ley de Garantías de Tiempos Máximos de Respuesta está "suspendida" y "paralizada" desde hace "un mes y medio". En este sentido, recordó que las enmiendas, tanto la de totalidad como las parciales (27 de ellas del PP), fueron admitidas a trámite el 16 de marzo y, tras el rechazo de la enmienda a la totalidad en el Pleno del 3 de abril, se debería haber iniciado el debate de las parciales.
Sin embargo, eso no ha sido así, en lo que la líder 'popular' considera una "situación anormal", que supera "ampliamente" el plazo de un mes que el Reglamento parlamentario establece para resolver los asuntos pendientes en Comisión.
Además, a su juicio indica también un "desprecio por las reglas del juego", un "repentino desinterés" del Ejecutivo por sacar adelante la norma, la "desidia e irresponsabilidad" de los grupos que sustentan al Gobierno y que el Ejecutivo está "cada vez más lejos" de los problemas de los ciudadanos y "menos preocupado y ocupado" por su "verdadera solución".
Para la diputada del PP, el "retraso" en la tramitación de este proyecto de ley contrasta con la solicitud para tramitar "por vía de urgencia" la Ley de creación de la entidad empresarial Puertos Deportivos de Cantabria, mientras la de Demoras "se pudre" en el Parlamento.
RAZONES
Entre las razones que pueden estar detrás de ese desinterés por la tramitación de esta norma, apuntó que el Gobierno es "consciente de que sirve para bien poco o para bien nada". Además, explicó que las garantías recogidas en la ley no entrarán todas en vigor con su aplicación, sino que se establecen plazos de seis a ocho meses en algunos casos, que unidos a los propios tiempos de demora máximos llevarían su aplicación hasta ocho o nueve meses más allá.
"El Gobierno es el primer interesado en demorar los efectos de aprobación de esta ley, porque sabe que es un fiasco y los ciudadanos tarde o temprano se van a dar cuenta y cuanto más se demore mejor", agregó. Según dijo, el Ejecutivo "pretende ponerse las medallas, mientras alimenta las expectativas de los ciudadanos", para después demorar su aplicación y dejar a sus sucesores en las tareas de Gobierno "las calabazas de este fiasco".
"CAMPAÑA DE IMAGEN"
En su opinión, el Gobierno también se ha desinteresado por esta ley porque su modelo "no resiste una comparación" con el del PP y, en realidad, "no es más que una campaña de imagen" de una "consejera muy tocada" y un Gobierno que ha realizado una "nefasta gestión sanitaria" que empieza a "pasar factura".
Como la "campaña ya surtió los efectos deseados y el Ejecutivo ya ha hecho "el paripé" que quería hacer, ahora no le interesa debatir el modelo ni las enmiendas del PP, agregó.
Sáenz de Buruaga lamentó que la Ley de Demoras durante dos años "no fue más que un anuncio reiterado" cada vez que se conocían los datos de listas de espera y "crecía el desprestigio" del Gobierno en materia sanitaria, para después materializarse en una ley "para dar el pego y seguir ganando tiempo sin hacer nada".
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