La oposición cree que su puesta en marcha va a suponer más costes que recaudación
SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha asegurado que el impacto real del copago en medicamentos de dispensación hospitalaria ambulatoria será "muy pequeño" y el PSOE ha reclamado al Ejecutivo regional que, si finalmente lo aplica, "compense" esa aportación de los usuarios de "otra manera".
Por su parte, en el Pleno del Parlamento regional de este lunes, el PRC también ha mostrado su rechazo a este copago al considerarlo un "abuso intolerable" que, a su juicio, hace pagar al usuario la "incapacidad" que, en su opinión, ha demostrado el PP en la gestión de los recursos públicos.
Además, ha opinado que este copago, y el tope máximo de 4,20 euros que tendrá que pagar el paciente por estos medicamentos, "ni es disuasorio, ni contribuye al ahorro" pues su implantación supondrá poner en marcha un sistema de gestión que supondrá gastar más recursos que recaudación.
"Probablemente nos costaría lo comido por lo servido", ha afirmado la regionalista Concepción Solanas.
Solanas y la socialista Dolores Gorostiaga han coincidido en pedir al Gobierno de Cantabria que no aplique este copago, al igual que han anunciado algunas comunidades autónomas, y la socialista ha insistido en que el Ejecutivo regional pida al central que lo retire.
"Les va a evitar un problema", ha asegurado la diputada del PSOE, quien ha añadido que también se lo evitará a los usuarios.
INTENTO DE "ATEMORIZAR" AL CIUDADANO, SEGÚN EL PP
Por su parte, el diputado del PP Eduardo Van den Eynde ha acusado a la oposición de intentar "atemorizar" y "poner los pelos de punta" a los ciudadanos alertando de una medida que tendrá un "impacto limitado".
Van den Eynde ha insistido en que este copago sólo afecta a aquellos pacientes no hospitalizados a los que se les dispensaba su medicación en las farmacias de los hospitales.
Además, el diputado 'popular' ha censurado que la oposición pida al Gobierno de Cantabria que incumpla una norma de "obligado cumplimiento".
Por otra parte, y en contra de la calificación de "injusta" que la oposición otorga a este copago pues, a su juicio, genera "más desigualdad", Van den Eynde ha asegurado que aporta una "mayor equidad territorial" y en la distribución de los costes.
"La salud no tiene precio pero los medicamentos ya le digo yo que sí", ha afirmado Van den Eynde a la oposición, a la que ha acusado de no pagarlos cuando gobernaba.
La proposición de los socialistas ha contado con el rechazo del PP, en cuya bancada este lunes faltaba la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, por lo que los 'populares' han tenido un voto menos que ha llevado al empate en esta proposición no de ley con 19 votos a favor y 19 en contra.
Este resultado se ha repetido en las tres votaciones en las que, en cumplimiento del reglamento, se han llevado a cabo, tras lo que la proposición no de ley se ha desechado.
SALVAR EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES
Por otro lado, la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido este lunes ante el Pleno del Parlamento que las medidas puestas en marcha por su departamento en el ámbito de los servicios sociales se han dirigido a "salvar" un sistema que, según ha dicho, estaba "herido de muerte" y "garantizar" su "supervivencia".
Éste ha sido, ha sentenciado, el plan estratégico de su Consejería en la materia. Con estas palabras, Sáenz de Buruaga, ha respondido a una interpelación del PRC sobre las previsiones del Ejecutivo de cara a la elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Servicios Sociales, en cumplimiento de la ley de Servicios Sociales.
En palabras de la diputada regionalista Rosa Valdés a fecha de hoy "no hay plan" y, según ha vaticinado, "no lo vamos a tener". Lo que sí hay, ha criticado, es más paro y pobreza, y menos riqueza y empleo.
Por su parte, la consejera ha defendido las medidas puestas en marcha en este ámbito y que, como ha recalcado, se han adoptado para "salvar" el sistema público de servicios sociales y garantizar su "supervivencia" y se han afrontado, además, distinguiendo "lo urgente" de "lo importante".
Así, en los dos últimos años de "duro, ingrato e ingente trabajo", el objetivo ha sido "recuperar la solvencia" de unos servicios públicos en un momento -ha apuntado Sáenz de Buruaga- en el que las administraciones públicas solo pueden "prestar" aquellos servicios que pueden "pagar".
Tras reiterar que el fin no era "claudicar", sino "rescatar y mantener a flote" el sistema, la consejera ha defendido la planificación y priorización en la prestación de servicios, con un plan estratégico que permita conciliar la protección de los derechos con la garantía de los servicios básicos, al tiempo que se reduce el gasto público y se preservan puestos de trabajo.
Tras recalcar que se ha recortado un 15% el déficit "heredado" en servicios sociales, Sáenz de Buruaga ha destacado que el Gobierno del PP es el que más recursos ha destinado a este sistema, con 203,5 millones.
Y en entre otros ejemplos, ha puesto la reforma en la Renta Social Básica, para garantizar su acceso a quien "verdaderamente lo necesita". Así, ha subrayado que en 2012 se registraron 3.448 solicitudes nuevas, el mayor número de los últimos años, de modo que la cifra de beneficiarios osciló entre los 2.907 de junio y los 3.123 de abril.
Ha añadido que el presupuesto en este ámbito se incrementó un 85%, al pasar de ocho millones de euros en 2011 a 14,8 en el pasado ejercicio. La consejera también ha enumerado medidas acometidas en el ámbito de las ayudas a emergencias sociales, que se incrementaron el pasado año, o en el sistema de atención a la dependencia, donde se redujo el déficit y se incrementaron partidas.
