El PP pide la devolución del proyecto de Ley de Control Ambiental porque no incorpora la ley estatal aprobada en abril

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Control Ambiental Integrado, exigiendo su devolución al Gobierno porque el texto, presentado en el mes de mayo, "no contempla ni tiene en cuenta" la Ley Estatal sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio Ambiente, aprobada por las Cortes en abril.

La diputada del PP María Luisa Peón afirmó hoy que se trata de un hecho "absolutamente grave e inaudito" que justifica por sí solo la enmienda a la totalidad. "Por si no fuera aceptada", los 'populares' han presentado 47 enmiendas parciales para "arreglar" éste y otros extremos, como los "coladeros" que el Gobierno introduce en "algunos artículos" del proyecto de ley -aseguró- para "tratar de escaparse del propio control" que éste establece.

Peón se preguntó "a qué se dedican en la Consejería de Medio Ambiente" y "cómo es posible que el consejero y el director general no se hayan enterado de que hay una ley estatal" que regula la evaluación ambiental de planes y programas de las administraciones públicas. "Me cuesta imaginar un caso en el que la presentación de una enmienda a la totalidad esté más justificada que en este", insistió.

La portavoz de Medio Ambiente del PP explicó en rueda de prensa que la Ley de Control Ambiental Integrado, que regula la tramitación administrativa de la autorización ambiental, la evaluación ambiental y la comprobación ambiental, es una norma de "enorme trascendencia" de la que tendrán que hacer uso "multitud de administrados", puesto que se trata de técnicas de control que se exigirán con carácter previo al funcionamiento de cualquier actividad o instalación.

Destacó por ello la importancia de que la norma no contenga "vaguedades" o artículos que puedan generar "dudas y confusiones" sobre su interpretación, ya que de lo contrario, puede dar lugar a la presentación por parte de los ciudadanos de multitud de recursos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

"Una ley que va a tener tanta trascendencia no se puede aprobar así por así", subrayó Peón, quien pidió al Gobierno que, "si puede, en esta ocasión deje de lado la soberbia y procure no tener en cuenta que quien hace esta propuesta (la nueva elaboración del proyecto de ley) es el PP". Aseguró además que el Gobierno "es el más interesado en que el texto sea mejorado", porque "se va a evitar muchos problemas diarios de recursos y contenciosos" y va a ser mejor para todos, insistió.

"COLADEROS"

En cuanto a los "coladeros" que, según el PP, el Gobierno pretende introducir en la norma, Peón explicó que uno de los artículos establece que en situaciones justificadas, el Ejecutivo podrá excluir de la evaluación de impacto ambiental todo o parte de un proyecto, y en otra disposición se señala que el Consejo de Gobierno podrá modificar a través de un decreto el catálogo de actividades que deben someterse a cada técnica de control ambiental.

El PP plantea en sus enmiendas parciales la supresión de ambos artículos, porque en su opinión "permiten la discrecionalidad del Gobierno en cuestiones que tienen que estar mejor atadas". Además, Peón subrayó que "lo que se aprueba por ley debe modificarse por ley".

Por otro lado, la parlamentaria de la oposición opinó que si vuelve a redactar el proyecto de ley, el Gobierno "debería aprovechar para cambiar su posición sobre el silencio administrativo". En este sentido, aseguró que en el texto hay supuestos en los que el silencio administrativo es positivo, otros en que es negativo y en otros "no se sabe".

En sus enmiendas parciales, el PP propone que el silencio sea siempre negativo, porque en su opinión el positivo "produce más inseguridad jurídica". "No se pueden conceder licencias por culpa de la inactividad de la Administración", comentó Peón, quien no obstante, puntualizó que una Administración moderna "está "obligada a contestar siempre" a sus administrados, tanto en sentido positivo como negativo.

Por otro lado, el PP quiere "ordenar" el articulado de la ley para hacerlo "más fácil e inteligible" para los ciudadanos, ya que la "falta de orden" lo hace "complicado". Al mismo tiempo, propone ampliar de seis meses a un año el plazo para que las instalaciones ya existentes se adapten a la norma, ya que los empresarios tienen "muchas dudas" sobre cómo deben tramitar la autorización ambiental.