SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha presentado 55 enmiendas parciales al proyecto de ley de Conservación de la Naturaleza, un texto que considera "insustancial, pésimo e inservible" y que intentará mejorar y dar contenido para convertirla en una ley con más "amplitud de miras", así como "más precisa, más comprometida, más participativa, más avanzada, más social y más útil".
Entre otras cosas, el PP pide que se destine el tres por ciento de los capítulos de inversiones y transferencias de capital del presupuesto regional (capítulos 6 y 7), aproximadamente unos 15 millones de euros, a inversiones en las áreas de influencia de los espacios protegidos de Cantabria.
La oposición considera que "tal y como está", el Proyecto de Ley de Conservación de la Naturaleza "no hace nada ni por el territorio, ni por sus habitantes, ni por la conservación, ni por la convivencia con el desarrollo". "No aporta nada nuevo, como el consejero; ni la ley ni el consejero tienen contenido", afirmó hoy en rueda de prensa la diputada Gema Díaz Villegas.
El PP presentó enmienda a la totalidad para la devolución de este proyecto de ley al Gobierno pero PSOE y PRC la rechazaron. Díaz Villegas reconoció hoy en rueda de prensa que las enmiendas parciales de su grupo no podrán "subsanar" todas las deficiencias del texto. De hecho, afirmó que este proyecto de ley, cuyo borrador "ha permanecido oculto", bien habría merecido la presentación de un texto alternativo, posibilidad que su grupo desechó para no "entrar en contradicción e incoherencia", ya que entienden que debe someterse a consultas.
Según explicó, las enmiendas pretenden "cubrir carencias fundamentales" e incidir en una mayor y mejor conservación, así como en el equilibro entre conservación y desarrollo desde "una visión integradora de la que nadie quede fuera". Las propuestas del PP son de cinco tipos: de carácter socioeconómico; para potenciar la participación; de desarrollo y promoción social para garantizar la fijación de la población; de reconocimiento de los ayuntamientos como competentes en la conservación; y para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada.
FIGURAS DE PROTECCIÓN
En la parte de la ley que regula las figuras de protección, el PP propone suprimir el 'área natural de especial interés', que considera "ambigua, confusa e inoperante", además de "un cajón de sastre" en el que "cabe todo", y propone dos nuevas figuras "muy ligadas con la idea de participación e implicación en la gestión", en concreto el 'espacio natural de interés social', que podría ser declarado y gestionado por el correspondiente ayuntamiento, y el 'espacio privado de interés natural', cuya declaración sería propuesta por el propietario de los terrenos.
Además, el PP incluye un "reconocimiento expreso" de las competencias de los ayuntamientos en conservación. Por otro lado, propone dar a la Consejería de Ganadería un plazo de seis meses para definir las áreas de influencia socioeconómica de las Marismas de Santoña (que pasan de reserva natural a parque natural) y el Parque Natural de Oyambre, especificando competencias y limitación de derechos para los afectados.
La oposición también quiere introducir en la ley el concepto de "solidaridad real", de forma que se compense tanto a quien conserva como a quien sufre limitaciones por estar dentro del área de influencia de un espacio protegido. El PP propone que se establezcan criterios y ayudas técnicas y financieras que garanticen el sostenimiento del "importante número de familias" que viven o realizan su actividad dentro de esos espacios.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Por otro lado, Díaz Villegas señaló que el proyecto de ley de Conservación de la Naturaleza "no pone en práctica" la participación social sino que el Gobierno pretende ejercitarla a través de órganos "de papel" que no tienen "capacidad real de gestión". Entre otras cuestiones, el PP pide que sea el patronato, y no el consejero, el que elija al director de un espacio protegido.
Los 'populares' reclaman además la participación de los interesados en la elaboración de los planes de ordenación, con carácter previo a la información pública de los mismos. Otras propuestas del PP son la creación de un fondo para la adquisición de patrimonio natural, algo que según Díaz Villegas ya están haciendo otras comunidades autónomas; y la unificación de la cartografía en una escala única de 1:10.000.
La oposición quiere incluir en la ley un plazo de seis meses para que la Consejería apruebe esta cartografía y que lo haga mediante decreto, para que los afectados tengan la posibilidad de interponer recursos.