Pretende reducir gastos y mejorar la eficacia en la gestión administrativa
SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, propuso hoy en el Pleno del Parlamento eliminar las consejerías de Empleo y Bienestar Social y de Cultura, Turismo y Deporte trasladando sus competencias a otros departamentos. Ésta es sólo una de las medidas reorganizativas de la administración regional que el Partido Popular planteaba dentro de su enmienda a la totalidad de los presupuestos regionales de 2010, con el fin de reducir gastos y aumentar la eficacia en la gestión.
Con esta "alternativa", que Diego no desveló hasta su última intervención en el debate, los 'populares' propugnan un "modelo para superar la crisis" que, según dijo, permitiría mantener e incrementar la capacidad de inversión del Gobierno sin tener que recurrir al aumento de la presión fiscal.
En sus palabras, se trata de un modelo que "busca la estabilidad presupuestaria, no mediante el incremento de la recaudación por la subida de impuestos", sino aplicando "medidas de austeridad en el gasto público", reestructurando y redimensionando la administración y concentrando el gasto de forma prioritaria en actuaciones estratégicas y políticas de cohesión social.
En concreto, la propuesta del PP se articula en torno a cinco ejes, el primero de ellos, y uno de los de mayor peso, el que supondría aplicar una política de austeridad en la Administración regional, empezando para ello por una reducción del número de consejerías de diez a ocho.
Así, Diego abogó por trasladar las competencias de Empleo a la Consejería de Industria y las de Bienestar Social a Sanidad, eliminando así la consejería de la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga. En cuanto a Cultura, Turismo y Deporte, propuso concentrar las competencias de Turismo en Industria, y Cultura y Deporte en Educación.
Y junto a esto, también defendió una reducción "drástica" del número de empresas públicas y fundaciones, la desaparición de la figura de los subdirectores generales, rebajar un 15 por ciento el sueldo de los altos cargos y un 50% los puestos de asesoría y gabinete.
Asimismo, sugiere eliminar las encomiendas de gestión a entes públicos, reducir un 10 por ciento anual el gasto corriente no productivo del conjunto de la administración, limitar el endeudamiento público a proyectos estratégicos, reducir en 50 millones de euros las transferencias corrientes y de capital a las empresas públicas e incrementar las inversiones productivas.
OTRAS MEDIDAS
Como segundo eje, la propuesta del PP aboga por definir las áreas fundamentales de la inversión pública que, a su juicio, deben enfocarse, entre otras cosas, a la consecución de un pacto regional por la educación y el impulso de la formación profesional, a la aprobación de un Plan de Vivienda para mantener el empleo en el sector, a la elaboración de planes estratégicos comarcales y a la implantación de planes estratégicos sectoriales para la ganadería, la pesca y el sector forestal.
Por otro lado, en un tercer eje, el Partido Popular plantea "medidas excepcionales" para el mercado de trabajo, con el desarrollo de un Plan extraordinario de Empleo Local y la creación de líneas específicas de ayudas para la constitución y mantenimiento de empresas de inserción, así como para el fomento del empleo de los nuevos autónomos.
Del mismo modo, la propuesta del PP dedica otro de sus ejes a medidas para mejorar la eficacia en la gestión administrativa, en concreto, para reducir la burocracia, estudiar la implantación del silencio administrativo positivo y reducir los plazos en el pago de subvenciones y ayudas públicas.
Por último, los 'populares' dedican otro eje a la política fiscal, con un doble objetivo, dejar más recursos a disposición de los ciudadanos en peor situación económica y social, y mejorar las condiciones de competitividad de las empresas ya que, en su opinión, "no se puede incrementar la presión fiscal en plena crisis".
Por ello, frente a la propuesta de "carácter recaudatorio" del Gobierno regional, Diego abogó por la implantación de bonificaciones fiscales para las empresas que creen empleo y por la aplicación de exenciones en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados en las aportaciones que realicen los socios de empresas para compensar pérdidas societarias.
Además, el PP propone rebajar los tipos del IBI para compensar el incremento de los valores catastrales aplicado por el Ministerio de Economía y reducir un 1% el IRPF en los tramos autonómicos, que también propone reformar para las familias y ciudadanos con menos recursos.
