Los 'populares' confían en las posibilidades de que el recurso prospere e insisten en que se facilitó "información privilegiada"
SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella interpuesta contra el gerente de Valdecilla, Francisco Cárceles, por supuesta cesión de información privilegiada a una empresa. Los 'populares' están convencidos de las posibilidades de que su recurso prospere y advierten por ello de que el caso "no está cerrado" y de que ellos "seguirán adelante".
Tanto el presidente del partido, Ignacio Diego, como la secretaria general, María José Sáenz de Buruaga, anunciaron hoy la voluntad del PP de recurrir la decisión judicial, una vez que ya les ha sido notificado el auto y han comprobado que se fundamenta en los mismos argumentos que el dictado en enero ordenando también el archivo de las diligencias.
En aquella ocasión el recurso presentado por el PP obtuvo frutos y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial revocó el auto inicial. Ahora los 'populares' esperan que la Audiencia se pronuncie de nuevo en la misma línea.
En declaraciones a Europa Press, Sáenz de Buruaga insistió en que en el proceso de adjudicación del Plan Funcional de áreas de Atención Ambulatoria del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla "hay indicios claros" de que se facilitó "información privilegiada" a una empresa que, de otro modo, "no habría" resultado adjudicataria del contrato.
Según dijo, con esta actuación se puso a la empresa en situación de "privilegio" y, por tanto, se dan los elementos para considerar que se ha cometido un delito.
Sáenz de Buruaga recordó que fue la "rotunda y permanente negativa" del Gobierno a "exigir responsabilidades" e "investigar los hechos" lo que les llevó a acudir los tribunales, unido además a la "respuesta soberbia" invitando al PP a "ir a los juzgados".
En su opinión, la actitud de su partido fue de "absoluta lealtad" y, por ello, en primer lugar se comunicaron los hechos al Gobierno y al Parlamento. "Nosotros quisimos depurar responsabilidades en las instituciones, investigar los hechos en la vía política y exigir responsabilidades políticas", apostilló Sáenz de Buruaga, quien insistió en que fue la inacción del Gobierno al respecto la que les empujó a acudir a los tribunales.
