SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PRC ha asegurado este sábado que alrededor de 5.000 personas dependientes en Cantabria habrán perdido el derecho a atención pública en 2015 por los "recortes" del PP en el Gobierno de España y de Cantabria.
Así lo ha afirmado en un comunicado la diputada regionalista Rosa Valdés, quien ha presentado una moción en el Parlamento regional en la que insta al Gobierno regional a que "rectifique su política y reinstaure la protección social".
Valdés ha denunciado que, a día de hoy, son ya 2.500 los dependientes que, a su juicio, han sido "expulsados" del sistema público de protección, una cifra que, según ha advertido, "no deja de aumentar".
Y ha achacado esto a la "demolición" que, a su juicio, el PP está llevando a cabo de las políticas sociales que el anterior Gobierno PRC-PSOE puso en marcha en Cantabria.
A su juicio, frente a la "universalización de las prestaciones" que, en su opinión, era "prioritaria" en Cantabria hasta 2011, la llegada del PP al Gobierno ha convertido la gestión de los asuntos sociales en "una estafa y una indignidad".
NECESIDAD DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES
Así, se ha quejado del "endurecimiento" de los requisitos de acceso a la renta social básica y la aplicación de un gravamen económico a la valoración de la dependencia como "mejores exponentes del libro de ruta de un PP insensible, que condiciona las necesidades sociales a la rentabilidad económica".
"Están acabando con el sistema público de servicios sociales", ha denunciado la regionalista, que el próximo lunes instará en el Pleno al Ejecutivo regional que "rectifique" y ponga en marcha un Plan Estratégico de Servicios Sociales que continúe la labor iniciada en la anterior legislatura.
En contra de los argumentos esgrimidos por la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, para "negar" la necesidad de dicho plan, Valdés ha subrayado que la atención a la dependencia "nunca necesitó ser rescatada más que ahora", porque los gobiernos del PP "la han sentenciado a muerte".
"Tenemos a miles de dependientes condenados a ser expulsados del sistema hasta 2015, poniendo en peligro su tratamiento y la mejora de atención que les proporcionaba el sistema público", ha afirmado la regionalista, quien ha opinado que el régimen de bienestar se está llevando hacia las "tesis retrógradas de la beneficencia y la caridad".
A su juicio, estas tesis convierten "derechos exigibles en privilegios graciables, al alcance sólo de quienes se los pueden costear".
Según ha explicado, con su moción pretende evitar ese cambio de modelo y "poner freno" a la política económica, fiscal y social del "austericidio" con la que --alerta-- "el PP está llevando a Cantabria y a España a la ruina".
Valdés ha contrastado esa política de recortes con las "conquistas" del anterior Gobierno, que logró garantizar la atención pública a más del 80 por ciento de los dependientes cántabros, frente a una media nacional del 67 por ciento, con una inversión que alcanzó los 200 millones de euros y propició la creación de más de 5.000 empleos estables y a jornada completa, de los cuales en los últimos dos años han desaparecido más de 1.000.