El PP dice que la supresión del Impuesto de Sucesiones potenciará la contratación en empresas familiares y la oposición le acusa de "saquear sin pudor los bolsillos de los más débiles"
SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Regionalista de Cantabria ha denunciado este lunes ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno "justifica" la subida de impuestos y los recortes del Plan de Sostenibilidad en "una bancarrota que no existe" y ha asegurado que frente a la "sinceridad profesional" de la consejera de Economía, Cristina Mazas, el presidente regional, Ignacio Diego, "miente" a todos los cántabros cuando afirma que no conocía la deuda sanitaria, ya que a finales de la anterior legislatura, en febrero de 2011, "echaba en cara al Gobierno, en esta misma tribuna, la deuda de 230 millones en facturas no reconocidas".
"No le voy a llamar sinvergüenza ni indigno como ha llamado usted a los diputados de la oposición, en una intervención más digna de un hooligan que de un presidente, pero sí le voy a decir que miente" al justificar sus recortes en una "falsedad" que es la "quiebra" de Cantabria, dijo De la Sierra en alusión a la polémica del pasado viernes, a la vez que denunció que Diego "desacredita continuamente la imagen de Cantabria para justificar su incompetencia".
De la Sierra realizó estas afirmaciones durante el debate de una moción del PRC que instaba al Gobierno a no implantar el denominado céntimo sanitario y a no subir el canon de saneamiento y la tasa de residuos. Propuesta que contó con el apoyo del PSOE pero que decayó con el voto en contra de los diputados del PP, que suman mayoría absoluta.
El portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, replicó que "ya está bien de intentar hacer creer que se puede remontar la actual situación sin sacrificios" y afirmó que el plan de ajustes del Gobierno es consecuencia del "mal gobierno" de la coalición PRC-PSOE, partidos a los que reprochó su incapacidad para reconocer la necesidad imperiosa de Cantabria de enderezar lo que desgobernaron, a veces incluso con obediencia ciega", apostilló.
De la Sierra le reprochó que no haya contestado a sus afirmaciones y subrayó que el PP "no es la cátedra de historia moderna y contemporánea y no tiene por qué reescribir la historia de los últimos ocho años". "Lo que tiene que hacer es escribir la historia de los próximos cuatro años y el primero ya se les ha pasado en blanco", dijo, para reiterar que "no hay miseria, no vamos desnudos, se les entregó una región en circunstancias favorables para afrontar la crisis. Lo saben y están despilfarrando el legado recibido. Lo demás son una miseria de disculpas", afirmó parafraseando al propio presidente cuando afirmó hace unas semanas que "gestionar la miseria es complicado".
"El fundamento está en la miseria no de Cantabria, sino en la miseria del Gobierno", al que reprochó su "política de descrédito de las empresas públicas", tras la que en su opinión se esconde "la necesidad de privatizar en beneficio de personas y empresas concretas" con un criterio de "clientelismo político".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Guimerans, subrayó que la implantación del tramo autonómico del impuesto sobre la gasolina supone "una de las mejores expresiones" de la forma de actuar del PP, "la ruptura de un contrato electoral con la sociedad", además de ser una medida "tremendamente injusta e ineficaz" que en su opinión responde a una "voracidad recaudatoria".
IMPUESTO DE SUCESIONES
Tanto el PSOE como el PRC reprocharon al Gobierno que suba impuestos que afectan a todos los ciudadanos por igual -incluidos los 53.000 parados-, al tiempo que suprime el impuesto de sucesiones para las grandes fortunas. Este impuesto fue también objeto de debate en una segunda iniciativa, en este caso del PSOE, que pedía al Gobierno su recuperación en los términos anteriores a la reforma aprobada el pasado mes de enero.
El Partido Popular auguró que la práctica supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Cantabria aprobada a principios de año servirá para evitar el cierre de empresas familiares, y mantener en ellas los puestos de trabajo, e incluso "potenciar" la contratación de nuevos empleados.
Por este motivo el Grupo Popular ha rechazado con sus votos una proposición no de ley de la oposición socialista que pedía que se reinstaura un impuesto cuya supresión calificaban de "injusta" e "incoherente" por la subida de otras tasas e impuestos, mientras que el PRC ha acusado al Ejecutivo de Ignacio Diego de "saquear sin pudor los bolsillos de los más débiles".
La portavoz socialista Eva Díaz Tezanos cree que no es "razonable, responsable ni ético" que mientras se afirma que la región "está en la miseria" --en alusión a las declaraciones del presidente Ignacio Diego--, se "perdonen impuestos a los que están en inmejorables condiciones" al gozar de rentas "más altas".
Y en la misma línea, ha contrapuesto esta medida con el incremento de otras tasas y precios públicos, junto al "recorte sustancial" de servicios públicos "básicos" (educación, sanidad y dependencia).
Por su parte, la regionalista Alodia Blanco ha recriminado al PP que haya optado por suprimir el Impuesto de Sucesiones mientras "se dedica sin pudor a saquear los bolsillos de los más débiles", en una medida que tacha de "insensatez".
"No se puede con una mano liberar a las grandes fortunas y con la otra gravar a los que menos tienen", ha aseverado, criticando a un Gobierno "que sólo tiene coraje para cobrar y recaudar a los que menos tienen", y en cambio no tienen "valentía" para reclamar dinero al Estado.
Unas críticas que el diputado del PP Luis Carlos Albalá ha rechazado, en el caso del POSE, por provenir de "los campeones de los impuestos injustos", que ha resumido en "una sola palabra", el IVA, recordando la subida en dos puntos de la legislatura pasada.
Frente a esto, Albalá ha reivindicado que la supresión del Impuesto servirá para evitar el cierre de empresas familiares, y mantener en ellas los puestos de trabajo, e incluso "potenciar" la contratación de nuevos empleados.
Además, ha recriminado a PSOE y PRC que al frente del Gobierno lo tuvieron "vigente" hasta el año 2010, y que sólo lo retiraron cuando sufrieron una "acuciante necesidad de recaudar más" debido al Plan de Reequilibrio Financiero que les impuso el Estado cuando les "pilló".
