Preaviso de huelga en el transporte por carretera de Cantabria con paros parciales varios días de noviembre a enero

Publicado: viernes, 1 noviembre 2019 19:06

SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

SCAT, el sindicato cántabro de asalariados del transporte, ha registrado un preaviso de huelga en el sector que consistirá en paros parciales de dos horas -entre las 13 y las 15 horas- durante varias jornadas de este mes, diciembre y enero.

En concreto, se han previsto entre el 11 y 15 de noviembre, del 17 al 23 de diciembre y desde el 13 al 17 de enero, ambas fechas inclusive en todos los casos, según ha informado este viernes, festividad de Todos los Santos, la formación.

El registro de preaviso de huelga de SCAT obedece a que no hay "ningún tipo de acercamiento de posturas" en el conflicto con la patronal, que entiende el poder adquisitivo de los trabajadores del sector "ha ganado consistencia".

Sin embargo, una vez que la conciliación y mediación en el Orecla ha concluido "sin avenencia", SCAT ha difundido un comunicado en el que asegura que "a día de hoy, la misma cesta de la compra de los ciudadanos y singularmente de los trabajadores es más cara o no contiene los mismos elementos por no poder adquirirlos".

Y cita servicios básicos como el gas o la electricidad, que en lo que va de año han subido un 3,5% según el INE y como reproduce el sindicato, que recuerda también el aviso de los expertos económicos de "otra crisis".

En este contexto, la demanda de la formación sindical pasa por un subida salarial de carácter lineal -para todos igual- de 40 euros al mes en el salario base y pagas extra, que supone un 3,09% de incremento, en tanto que para el resto de conceptos de la nómina demandan un aumento conforme al IPC, y que en total supone un 3,14%.

Asimismo, quieren buscar soluciones a la precariedad en materia de contratación y empleo en un sector en el que más de la mitad de los trabajadores tienen contrato temporal.

También reivindican desde SCAT incluir en el convenio colectivo las cláusulas sociales que ya exigen las administraciones públicas por ley para acceder a concursos de adjudicación de servicios, como el empleo estable, igualdad de género o prevención de riesgos.

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