Cerca de 80 trabajadores y educadores sociales se agrupan en 'Manifestaos por los servicios sociales' y suscriben un manifiesto
SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Profesionales de los servicios sociales de Cantabria se han agrupado para denunciar la situación de "deterioro" e "incertidumbre" en que se encuentra este sistema, debido a la "burocracia" y "falta de financiación", y a pesar de que entre 2008 y 2013 las consultas aumentaron un 26% en comparación con años previos, hasta aproximarse a las 255.000.
Paralelamente, el tiempo medio de atención de consultas básicas es de seis meses, y se ha producido también un "estancamiento" del presupuesto y las plantillas.
Cerca de ochenta trabajadores y educadores sociales de toda la región se han agrupado para denunciar la crisis de este sistema, bajo la denominación de 'Manifestaos por los servicios públicos', y han suscrito un manifiesto en defensa del sector y del bienestar y los derechos de las personas.
En una rueda de prensa, en la que han ejercido como portavoces Valentín Andrés y María Jesús, educador social y trabajadora social, respectivamente, han criticado la situación de "deterioro" del sistema de servicios sociales a raíz de la crisis y los recortes, y han alertado del riesgo de que dejen de prestarse en algunos ayuntamientos.
Y es que, de acuerdo con la legislación actual, solo los municipios de más de 20.000 habitantes (cinco en Cantabria) tienen la competencia de evaluar e informar de situaciones de necesidad social y proporcionar atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social.
También han censurado la "incertidumbre" a la que se enfrenta el sistema con leyes como la de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local. Esta norma, que "recorta presupuesto y competencias", "contradice" a la de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, que "promete lo que no cumple".
"No se sabe qué va a pasar", se han quejado, para indicar que un momento "difícil" como el actual, marcado por las inminencia de las elecciones autonómicas y municipales, hay "muchos discursos contradictorios" pero "ninguna medida" acerca del modelo de servicios sociales que funcionará a partir del próximo año. "El Gobierno regional lo deja para el siguiente", han apostillado.
Igualmente, estos profesionales -que no pretenden constituirse como un sindicato o "lobby de presión"- han denunciado el Plan de acción para la inclusión social del Ejecutivo autonómico para 2014-2017, que a sus ojos es "un brindis al sol, sin recursos ni medidas reales".
"VAN A CARGARSE EL SISTEMA"
El grupo de empleados públicos --sector conformado por cerca de 900 trabajadores en el conjunto de los ayuntamientos cántabros, si se tienen en cuenta servicios como la ayuda a domicilio-- cree que se están "poniendo en entredicho" las "conquistas" en materia de protección social logradas en los últimos treinta años, hasta el punto de que "van a cargarse" el sistema "entero".
Como ejemplo, han puesto la Ley de Dependencia que, "soterradamente", a través de decretos, "se la están cargando" y la atención derivada de esta norma está "pasando a manos privadas". Al respecto, han apuntado que se están "alargando" los plazos de resolución y "endureciendo" la aplicación del baremo.
Tras recalcar que las demandas de ayuda para cubrir necesidades básicas se han "disparado" con la crisis, el colectivo de trabajadores sociales ha cuestionado la forma en que se desarrolla el trabajo en este ámbito y la incidencia que tiene sobre la gente.
Se han referido así, a título indicativo, a campañas de recogidas de alimentos para familias necesitadas cuando, a su juicio, "el problema" es que "no hay política de empleo". "O repartimos el trabajo o repartimos las rentas", han planteado, para lamentar que "a veces calmamos las conciencias con dos paquetes de arroz".
"ESTANCAMIENTO"
Con ello, han censurado el "estancamiento" en las inversiones para políticas sociales y en el ámbito laboral. Sobre lo primero, han señalado, por ejemplo, que en la Renta Social Básica (RSB) "es posible que haya crecido algo" la cuantía destinada a esta ayuda, pero en cualquier caso la evolución del montante no se corresponde con la curva descrita por el paro.
Además, el derecho a esta protección no es "efectivo" en Cantabria, toda vez que las familias que reúnen los requisitos tienen que esperar "un mínimo de seis meses" para cobrarla. A esto se suma que es "más fácil perder la ayuda que conseguirla", por hechos como "no recoger una carta".
Sobre la cuantía a percibir, señalan que los 426 euros es una cifra "sensiblemente inferior" al umbral de la pobreza, fijado en 676 euros al mes por persona.
LA TASA DE REPOSICIÓN DE PERSONAL ES "CERO"
En el plano del empleo, han asegurado que las bajas que se producen "no se cubren" y la tasa de reposición de personal es "cero". "Cada vez somos más débiles", se han quejado.
En este punto, se han referido a las contrataciones a raíz de las órdenes de ayudas a las corporaciones locales, pero han precisado que estos empleados no son funcionarios, cobran "una miseria" y los proyectos que ponen en marcha "mueren" al cabo de seis meses, cuando finaliza su contrato.
También han avisado de que con la nueva Ley de Racionalidad de la Administración Local podría perder el empleo el 45% de los trabajadores de este ámbito, más de 400 personas en Cantabria.
