PSOE de Santander pide "seguridad jurídica" en la resolución del contrato de basuras para que no lo tumbe la Justicia

Publicado: miércoles, 29 septiembre 2021 11:49

Advierte que los tribunales han reducido nueve sanciones impuestas por el Ayuntamiento a la adjudicataria por carencia en la motivación

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha advertido que los tribunales redujeron hasta en nueve ocasiones la cuantía de sanciones que el Ayuntamiento impuso a Ascan-Geaser, concesionaria de las basuras de la capital cántabra --de unos 6.000 a 1.501 euros-- por no motivar suficientemente la graveded de los incumplimientos y, por ello, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP) que la resolución del contrato esté "bien atada" y con "seguridad jurídica" para que no la tumben los tribunales ya que ello puede salir "muy caro" a las arcas municipales.

"Le pedimos que, lo que haga, lo haga con seguridad jurídica para tener la certeza de que tenemos la razón", ha reclamado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del grupo socialista en el Consistorio, Daniel Fernández.

Ha señalado que, ante la "previsible judicialización" de la resolución del contrato (la adjudicataria ha confirmado a Europa Press que lo va a recurrir), es "fundamental" que haya "seguridad jurídica" en lo que se argumente ya que, según ha advertido, si hay una sentencia contraria a los intereses del Consistorio ello podría suponer un "golpe" a las arcas municipales.

NUEVE SANCIONES REBAJADAS

El portavoz socialista ha basado su argumentación a la hora de expresar este temor y esta petición en lo que, según ha explicado, ha ocurrido con sanciones impuestas por el Ayuntamiento a la adjudicataria y que, al ser recurridas por ésta a los tribunales, han visto rebajada su cuantía.

Además, también han llamado la atención en el momento en que se iniciaron estos expedientes sancionadores por parte de la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, aprovechando un "vacío" en el Consistorio.

Y es que, según ha señalado, Domínguez, nombrada por el exalcalde Íñigo de la Serna, inició entre el 27 de mayo de 2019 --un día después de las elecciones municipales-- y el 15 de junio de ese año un total de 21 expedientes sancionadores contra la empresa.

El portavoz socialista Daniel Fernández ha llamado la atención en que en ese periodo no había tomado posesión el nuevo equipo de Gobierno y la "aritmética de las urnas" había abierto la posibilidad a que se produjera un cambio político en el Consistorio. "Nosotros nos preguntamos quién le dio la orden política", ha apostillado.

Fernández ha explicado que, de esos 21 expedientes, el PP ha dejado caducar 12 y, por lo tanto, solo 9 se convirtieron realmente en sanciones contra la empresa de las basuras.

Todas ellas fueron recurridas por la adjudicataria ante los tribunales y, según ha explicado el portavoz municipal del PSOE, la Justicia ha dado "la razón parcialmente" a la empresa en todos ellos en sentencias firmes dictadas entre finales de 2020 y principios de 2021.

Ha señalado que en todas ellas se apuntan cuestiones como que "la Administración no justifica el importe de la penalización"; que "dicha falta de justificación determina que carece de motivación la calificación como falta grave", "que la Administración no justifica la calificación como grave de la penalización"; que "quizás no ha habido una extensa motivación", y que "no se ha acreditado intencionalidad" por parte de la empresa.

"Todas las sentencias cuestionan la gravedad de los incumplimientos y rebajan notablemente al mínimo las sanciones impuestas por el Ayuntamiento", ha señalado.

Por ello, Fernández considera que ante la resolución del contrato y la previsible judicialización de la misma, el contenido de estas sentencias no es un tema menor.

Ha recordado que se está ante la resolución de un contrato por causas imputables al contratista y ha advertido que este tipo de contratos solo se resuelven por faltas graves o muy graves".

"Las sentencias dicen que carece de motivación la calificación como falta grave así que lo que le pedimos es cuidado con la seguridad jurídica porque nos encaminamos ante una resolución del contrato que previsiblemente terminará en los tribunales de nuestra región y que si no está bien atado pues puede salirnos todavía mucho más caro a los santanderinos de lo que hasta ahora nos ha salido", ha afirmado Fernández.

El socialista ha afirmado que "nadie" que viva en Santander duda que, en estos momentos, la ciudad está "más sucia que nunca" --"ni la alcaldesa, ni la empresa, ni los jueces", ha dicho-- pero ha advertido que "eso no es lo que se va a juzgar" sino "de quién es la culpa de este absoluto desastre en Santander".

Para Fernández, el PP se ha embarcado en el último año "en una operación política de lavado de imagen" en relación a este tema que "puede salir muy cara" a los santanderinos. Por ello, le ha pedido a la alcaldesa que "no mire por sus intereses" y los de su partido, sino por el "interés general", el del Consistorio y los santanderinos.

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