Tolerancia 0 al Bullying pide una ley estatal que ahonde en la figura del coordinador y la reparación del daño

TORRELAVEGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Tolerancia 0 al Bulling Cantabria ha pedido la creación de un marco de ley estatal del que las comunidades "no se puedan salir" a la hora de actuar contra los casos de acoso escolar, que reformule la figura del coordinador de bienestar en los centros y ahonde en la reparación del daño a las víctimas, ya que denuncia que en la actualidad buena parte de las sentencias se saldan simplemente con una carta de perdón.

La asociación ha hecho esta reivindicación en un desayuno con la prensa organizado en el Centro Municipal de Formación de Barreda (Torrelavega), que ha incluido el testimonio de dos madres de víctimas de bullying en Cantabria -que llegaron a intentos de suicidio- para denunciar que los centros e instituciones siguen restando importancia a los casos y tratándolos como "cosas de niños".

Además, el colectivo ha renunciado a las subvenciones públicas que recibía de la Consejería de Educación (de 12.000 euros anuales), ya que lamenta que en estos años está siendo "muy difícil trabajar" con el equipo actual por su posición "a la defensiva". Así, además de "no estar de acuerdo pedagógicamente" con los proyectos, "insinuó que se hablaba demasiado con la prensa", ha señalado la presidenta de la asociación, Lourdes Verdeja. "Está claro que este año tenemos las puertas cerradas de la propia Consejería de Educación, y es muy triste".

Sin embargo, ha asegurado que en varios casos ha sido la "amenaza" con denunciar ante los medios las situaciones de acoso en los centros lo único que ha hecho que se actúe. También ha reconocido que desde el suicidio de Sandra Peña, en Sevilla, "parece que la gente se está concienciando más" y se abren más protocolos, incluso algunos "sin sentido", lo que "resta importancia" a los casos en los que es realmente necesario.

80 PROCESOS ABIERTOS

"No queremos más cadáveres", ha sentenciado Verdeja, que asegura que en Cantabria hay casos "muy serios" y se inician cada vez en edades más tempranas. A día de hoy, Tolerancia 0 al Bullying tiene abiertos 80 procesos.

El informe PISA apunta que en España en torno al 10% de estudiantes sufren acoso dentro de las aulas, lo que significa que en Cantabria afectaría a unos 8.000 -no todos de forma grave-, como ha explicado el tesorero de la asociación, Miguel Goya.

LAS VÍCTIMAS

En el encuentro, las madres de dos víctimas -un chico y una chica- que lograron salir de la situación que vivían gracias a Tolerancia 0 al Bullying han relatado su experiencia, coincidiendo en que los responsables de los centros educativos les decían que sus hijos eran "muy exagerados", que eran "peleillas de niños" o que les "sobreprotegían".

Las víctimas sufrieron insultos, golpes o humillaciones a través de redes sociales hasta que se negaron a ir al colegio. Una de las madres ha contado que, dado que se les puede acusar de absentismo escolar y derivarlos a Servicios Sociales, se vio obligada a grabar a su hija -que llegó a adelgazar ocho kilos- con ataques de ansiedad. En su caso, acudir a los medios de comunicación motivó "un cambio radical" de actitud por parte del centro, e hizo que le dieran la protección que no había logrado antes.

Ambas madres han asegurado que la figura de Lourdes Verdeja ha sido clave para la recuperación de sus hijos, por lo que han reivindicado que los centros cuenten con una persona de apoyo que realice una labor similar y "escuche" a los menores, frente a los orientadores que, según señalan, también quitaron hierro al asunto.

Así, Tolerancia 0 al Bullying denuncia el "hermetismo institucional" y reivindica reformular esa figura de coordinador de bienestar dentro de esa ley marco estatal que reclama. Además, a nivel europeo ha registrado una propuesta para conseguir una directiva común, en la que se dé participación a los menores y se favorezca la reparación del daño.

En lo autonómico, reclama acciones "reales" para prevenir el casos, mayor dotación de medios en los centros y revisar el protocolo, haciendo que sea "únicamente garantista del bienestar del menor".