Tolosa cree que no hay excesiva judicialización de la política

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha opinado que en estos momentos en la región no hay una excesiva judicialización de la vida política ni un "abuso" por parte de los partidos políticos.

Así lo ha afirmado este jueves en un encuentro con los medios de comunicación, en el que ha apuntado que, en comparación con otras comunidades autónomas, son "escasos" los asuntos de este tipo que llegan a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.

Además, ha destacado que aquellos que se han presentado están teniendo "cierto recorrido judicial" y no han sido rechazados nada más presentarse.

Tolosa ha opinado que actualmente se está en los "niveles habituales", aunque ha apuntado que se trata de una "cuestión cíclica" en la que hay "picos" y "valles".

De todas formas, el presidente del TSJCA ha considerado que mientras los partidos políticos acudan a la Justicia para que intervenga en investigar, averiguar y castigar "posibles conductas desviadas" o hechos delictivos no es, a su juicio, "en absoluto criticable", sino "de una higiene democrática innegable" y debe ser admitido "con normalidad" y esperar a la resolución que en cada caso tomen los tribunales.

Lo que, a su juicio, "no es tolerable" es que los políticos usen o pretendan usar a la Justicia como una "vía indirecta" para conseguir "ventaja electoral" por parte de los ciudadanos o lanzar mensajes cuestionando la honestidad del rival.

Ante varias preguntas planteadas en el desayuno, Tolosa ha hecho un especial hincapié en las distintas funciones del poder político y del judicial.

DERRIBOS

Precisamente, ha sacado a relucir esto en el asunto de las sentencias de derribo, un tema en el que ha insistido en que la función de las Administraciones Públicas es desarrollar actuaciones tendentes al cumplimiento de las sentencias en sus propios términos y plantear las distintas alternativas que existen de hacerlo para que sean los tribunales quiénes decidan.

En relación con ello, ha salido a relucir el Plan de Demoliciones que el Gobierno regional ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, el cual --ha dicho-- no conoce "en detalle", aunque sí sus líneas generales.

Respecto a él, Tolosa ha querido dejar "claro" que "una cosa es lo que el Gobierno considera que es la solución a los problemas de derribos y otra cosa es que esa solución del Gobierno se adecue al principio constitucional de la ejecución de las sentencias", de acuerdo con el control judicial.

Ha insistido en el hecho de que "quien ejecuta las sentencias y quien decide cómo se ejecutan no son las Administraciones Públicas, son los tribunales".

El presidente del TSJC ha abogado por que "en la medida de lo posible" para el cumplimiento de esas sentencias se elijan alternativas para intente evitar los perjuicios a los terceros adquirientes de buena fe.

Y ha resaltado que en este proceso se necesitan poner en marcha y culminar una serie de actividades administrativas, como es el caso de la modificación en muchos casos de los planes urbanísticos municipales, algo que --ha dicho-- es "lento, costoso y complejo".

Por todo ello, Tolasa ha señalado que no puede avanzar un "diagnóstico" acerca de si el problema de los derribos encontrará acabara con éxito, algo que "le gustaría".

"La situación es compleja porque si efectivamente la legalización de determinadas actuaciones para evitar la demolición, de ajustar el urbanismo en Cantabria a la legalidad vigente, pasa por todo ese tipo de actuaciones administrativas la realidad de los hechos nos demuestra que ese proceso es complejo, lento y costoso".

Cuestionado por los plazos de los que habla el Gobierno regional, Tolosa ha señalado que desconoce si son realistas o no, pero sí ha opinado que algunos de los tiempos son, "como mínimo, dilatados".

También ha sido preguntado por algunas de las modificaciones legislativas aprobadas, como la del Plan de Ordenación del Litoral para dar cabida en los municipios costeros a la vivienda unifamiliar.

Ante las advertencias de algunos partidos de la oposición de que esta modificación podría traer nuevas sentencias de derribo, Tolosa ha afirmado que no es "futurólogo" y no se atreve a dar una opinión en este sentido.

Sí ha resaltado que el problema del urbanismo en Cantabria y las sentencias de demolición no ha sido generalmente de leyes, sino que ha venido precisamente del incumplimiento de las mismas.

Ha señalado que es una "opción válida y respetable" del legislador en la que los tribunales no pueden entrar el legislar para permitir o no la construcción de vivienda unifamiliar en los terrenos afectados por el POL mientras no vaya en contra de la legislación estatal o de una sectorial, pero ha insistido en que después de hacerlo debe ajustar sus actuaciones a ello, ya que lo otro es, a su juicio, una "incoherencia", además de una "ilegalidad".

PREFERENTES

Fuera ya de este asunto, en el encuentro con los medios para hacer balance de 2013, Tolosa ha abordado otros asuntos, como el de las preferentes, respecto el que ha opinado que ha sido una "buena iniciativa" el denominado juzgado de preferentes pues ha permitido dar a los afectados una solución "rápida" a este problema.

Además, ha tenido el "efecto colateral" de favorecer los acuerdos previos entre las entidades bancarias y los afectados, algo que, a su juicio, demuestra que invertir en Justicia es "rentable".

Precisamente, Tolosa ha vuelto a demandar la necesidad de que Cantabria cuente con más jueces y con más órganos judiciales, aunque ha asegurado ser "consciente" de la situación económica.

Ya que, según ha dicho, no se prevé de momento la creación de nuevos juzgados, ha demandado al Gobierno regional que ponga a disposición del TSJC nuevos espacios en algunos de los edificios de su propiedad que están quedando liberados como consecuencia de la reorganización de sedes que se está llevando a cabo.